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Denuncia

Algunas claves para entender las noticias sobre las personas refugiadas. ¿Y qué puedo hacer yo?

Una foto publicada en medios nacionales e internacionales ha suscitado la conmoción. Una foto que refleja lo que lleva ocurriendo ya más de cuatro años, el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la crisis en Siria, la más grave desde la Segunda Guerra Mundial.

Analizamos brevemente qué está pasando, cómo se está interviniendo para ayudar a las víctimas de esta realidad, y qué puedes hacer tú.

Siete conceptos para entender las noticias sobre las personas refugiadas

1.refugiados_crisis– Refugiado: persona que se encuentra fuera de su país de origen por tener un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas (Convención de Ginebra de 1951).
2.- Solicitante de asilo: persona que solicita protección internacional y que se encuentra a la espera de una decisión. Cualquier procedimiento de expulsión, devolución o extradición que pudiera haber en curso, quedará paralizado a la espera de la resolución de la solicitud de asilo.
3.- Desplazado interno: persona que ha sido forzada a salir de su hogar debido al conflicto o a la persecución; o debido a un desastre natural o a otra circunstancia inusual de ese tipo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos permanecen en su propio país.
4. Inmigrante irregular: persona que se encuentra en un país sin la documentación requerida para permanecer en él. Los refugiados a menudo no tienen más alternativas que cruzar las fronteras de forma irregular. De acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, estas personas no deben ser penalizadas (ni detenidas ni multadas) por este motivo.
5.- Inmigrante económico: persona que abandona normalmente su país de origen de manera voluntaria para establecerse en otro, buscando un empleo o mejores condiciones de vida. Por lo general, los inmigrantes pueden regresar a sus países de origen cuando lo deseen y no requieren protección internacional.
6- Protección internacional: concepto que consiste en asegurar que las personas que sufren violaciones de derechos humanos –incluyendo guerras o persecución- o estén en riesgo de sufrirla, puedan disfrutar de los derechos humanos básicos.
7.- Principio de no devolución: obligación de los Estados de no devolver a una persona –directa o indirectamente- a un lugar donde su vida o su integridad física pudiera correr peligro.
(Definiciones de “Los medios de comunicación y las personas refugiadas” – Acnur)

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Detrás de aquella foto hay una realidad

Más de 200.000 personas han perdido la vida y más de 11 millones (aproximadamente la mitad de los habitantes de Siria) han tenido que abandonar sus hogares en busca de un refugio seguro. Alrededor de 400.000 personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Tanto, que el peligro de morir es para muchos la única alternativa.

Año 2015

Solo en lo que llevamos de año, más de 300.000 personas han arriesgado su vida para cruzar el Mediterráneo. 2.600 la han perdido.

Los que sobreviven, se enfrentan a menudo a situaciones indignas y a peligros tanto en las fronteras como en el resto del camino.

En palabras de Amnistía Internacional:

“Debido al bloqueo mediante vallas de otras rutas de entrada a la UE más seguras, al aumento de la vigilancia y al despliegue creciente de fuerzas de seguridad, la gente se ve obligada a tomar rutas cada vez más peligrosas, a veces con trágicas consecuencias. Muchas personas mueren ahogadas en el mar o asfixiadas en camiones. Sufren violencia en las fronteras de la UE y se ven privadas de su derecho a solicitar asilo. Acaban atrapadas en países como Libia, Marruecos, Ucrania y Turquía, donde sus derechos están amenazados. En algunos de estos países viven en la indigencia y carecen de derechos sociales y económicos, y muchas sufren violencia e incluso tortura.”

Llegan a Europa a través del Mediterráneo. Huyen de los conflictos armados de Oriente Próximo y se dirigen fundamentalmente a Suecia y a Alemania. La situación se ha agravado en este verano y, además de las llegadas a través de la Isla de Lampedusa en Italia, se ha producido una llegada masiva (desde Siria, pero también desde Irak, Afganistán o Eritrea) a las Islas Griegas de Kos y Lesbos y a otras cercanas a la frontera con Turquía. [Datos actualizados: www.unhcr.gr/Arrivals/]

De dónde vienen

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 Adónde van

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Las redes de tráfico y trata de seres humanos se están lucrando con esa desesperación. Para muchos padres no queda otra alternativa que poner en peligro no solo sus propias vidas sino también las de sus hijos.

¿Es posible evitar que las personas se vean forzadas a arriesgar sus vidas en el mar?

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¿Qué se está haciendo?

Muchas ONG están interviniendo sobre el terreno. Cruz Roja, por ejemplo, lleva meses prestando su ayuda en Grecia, Macedonia, Serbia y Hungría (los países de tránsito) a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que huyen de los conflictos que están teniendo lugar en sus países.

¿Cómo intervienen?

Facilitan el acceso a agua potable.
Distribuyen alimentos y artículos de primera necesidad (ropa, artículos de higiene, pañales…).
Ofrecen asistencia sanitaria básica y primeros auxilios.
Asesoran a las personas recién llegadas.
Les ayudan a buscar a sus familiares y retomar el contacto con ellos.
Les prestan apoyo psicológico.

¿Qué puedo hacer yo para ayudar?

No solo Cruz Roja. Unicef, Save the Children, Acción contra el Hambre o Médicos sin Fronteras son otras de las entidades que han emprendido acciones de ayuda a las personas refugiadas. Todas ellas aceptan en sus webs donaciones de particulares.

CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lanzó la campaña Uérfanos, a la que puedes unirte firmando aquí. www.uerfanos.org.

Están naciendo incluso iniciativas surgidas desde los propios ciudadanos que, voluntariamente, están ofreciendo sus hogares para alojar a las personas refugiadas que lo necesiten: Refugiados Bienvenidos.

Por último, en la plataforma de crowdfunding www.microdonaciones.org (de la Fundación Hazloposible) se han puesto en marcha dos proyectos de ayuda a las personas refugiadas en los que puedes colaborar a través de los proyectos:

– Proyecto de World Vision International España

– O Proyecto de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Entrando en sus páginas web te indican cómo.

La foto era terrible… Pasemos ahora de la conmoción a la acción.

Visto en el blog Hazloposible el 7 de septiembre de 2015

 

Contra el hambre, contra el despilfarro

Por Manuel Bruscas (@Manuel_Bruscas)

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“Creo que estoy enojado con este tiempo y que el hambre es la síntesis de todo lo que me enoja” (Martin Caparros – El Hambre)

El pasado mes de abril se celebró en Oviedo el “II Encuentro de la Alianza contra el hambre y la Malnutrición de España”, un evento organizado por la ACHM-E que en esta edición tuvo como principal tema de debate la búsqueda de “soluciones para la reducción del desperdicio alimentario”. Y es que como hemos denunciado en este blog en varias ocasiones, una de las paradojas más terribles de nuestro tiempo está relacionada con la comida: cada día mueren miles de personas de hambre (y muchas otras no tienen acceso a una alimentación digna) y al mismo tiempo despilfarramos un tercio de la comida que producimos. O dicho de otro modo: si hay hambre en el mundo no es por falta de alimentos.

Con el fin de lograr un debate plural y rico en sensibilidades, la ACHM-E invitó a estas jornadas a representantes del sector empresarial, de la administración pública, de la sociedad civil y de diversas organizaciones no lucrativas como Feedback, Feeding Zaragoza, Banco de Alimentos de Asturias, Medicus Mundi, Cruz Roja o Nutrición Sin Fronteras. Las principales conclusiones de estas jornadas serán publicadas próximamente, pero a continuación resumo las cuestiones que, como participante de estas jornadas, me parecieron más relevantes:

1) El hambre, la malnutrición y el despilfarro de comida no son inevitables. Podemos acabar con ellos. Lo primero que hay que hacer es ponerlos en la agenda y convertirlos en una prioridad.

2) Para acabar con el despilfarro de comida lo más importante es que la gente sea consciente del problema. Lo que no comunica no existe, y por desgracia demasiada gente desconoce cuánta comida se tira.

3) El problema de la transparencia. Una gran parte del despilfarro de comida sucede de forma “invisible”. ¿Cuánta comida tiran los supermercados? ¿Cuántos kilos de frutas y hortalizas se quedan el campo sin ser recogidos? Es importante cuantificar estas pérdidas y que todos los actores publiquen datos que puedan ser contrastados por organismos independientes. Lo que no se mide no existe.

4) Además de publicar datos, los supermercados y las empresas de alimentación tienen que implicarse más activamente en la reducción de despilfarro. No se trata solo de que limiten las pérdidas que producen ellos directamente, sino que también han de modificar todas aquellas prácticas que provocan despilfarro en origen. Por ejemplo, las toneladas de tomates que se quedan en la huerta porque no responden a los criterios de estética que emplean algunos supermercados.

5) El poder del consumidor. Acabar con el despilfarro depende en gran medida de nosotros. Lo recordó Pepe Esquinas en una de las charlas: podemos hacer de nuestra cesta de la compra un carro de combate y elegir productos que respeten ciertos valores (por ejemplo, fruta fea).

6) Voluntad política: las administraciones públicas pueden y deben ayudar a reducir la cantidad de comida que se dilapida. ¿Es una utopía? No exactamente. Sin ir más lejos Francia ha anunciado que prohibirá a los supermercados tirar comida a la basura

Un último apunte. Al término de las jornadas, alguno de los asistentes disfrutamos de una apetitosa comida en la Cocina Económica, una maravillosa asociación benéfica que facilita alimentación sana y nutritiva a las personas sin recursos. Gran parte de los ingredientes que usan son excedentes cedidos por supermercados y otras organizaciones. No cabe sino felicitar a todas las personas que lo hacen posible: un proyecto que lucha contra el hambre y contra el despilfarro. Sin embargo, resulta preocupante saber que en los últimos años la cantidad de personas que comen gracias a la Cocina Económica y otras organizaciones similares no ha dejado de crecer en España. Sí, es gratificante ver la solidaridad de la sociedad civil, pero a la vez produce sonrojo constatar como la caridad está sustituyendo a la justicia social. ¿Acabar con el hambre no debería ser una prioridad de cualquier gobierno decente? Como sugirió alguno de los participantes de este “II Encuentro de la Alianza contra el hambre y la Malnutrición de España”, el derecho a una alimentación digna debería formar parte de la Constitución Española. Solo falta voluntad política.

visto en 3500 Millones el 27 de mayo de 2015

Mujeres referencia que cambian el mundo

Entrevista a la directora de documentales sobre mujeres, Mabel Lozano (@lozanomabel), por la periodista Beatriz Pozo (@bea_pozo)

 

Para Mabel Lozano6a00d8341bfb1653ef01b8d0e50715970c-550wi la trata de mujeres tiene un nombre, se llama Yamdy, Ana María o Ramona. Hace 10 años decidió dejar su carrera como actriz para dedicarse a dirigir documentales que sensibilizaran a la sociedad sobre este tema. Así, surgieron Voces y Escúchame. Su último proyecto Chicas Nuevas 24 horas, realizado con la ayuda de la asociación APRAMP, le ha llevado durante los últimos cuatro años a Argentina, Paraguay, Colombia y Perú, cuatro de los países con más víctimas de trata. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha sido nombrada ganadora de la II edición del concurso Avanzadoras de Oxfam Intermón, que busca en España mujeres que avancen y hagan avanzar.

Eras actriz y modelo, pero lo dejaste todo para dedicarte a hacer documentales ¿Por qué lo hiciste?
Si de pequeña hubiera tenido referentes que fueran directoras de cine, lo hubiera hecho antes. Es muy importante tener referentes entre las mujeres para poder decir que podemos hacer de todo. Cuando yo empecé a trabajar como actriz y veía como dirigían a un monstruo como Fernando Fernán Gómez, yo quería ser el director, no su compañera. Eso siempre ha estado ahí. El detonante de ponerme detrás de las cámaras fue conocer de manos del proyecto Esperanza la realidad de las mujeres y niñas que son compradas y vendidas como bolsos y zapatos. Eso me hizo reaccionar y decir tengo que contar esta historia. Ese fue mi primer documental. Hace 10 años no se hablaba casi de trata, no se conocía, había esos topicazos de que la que es puta es porque quiere. Fue una suerte poder contar con amigos y compañeros que confiaran en que yo podría liderar un proyecto y un tema como este.

Esa idea de los referentes es la de Avanzadoras.
Claro, esa también es mi idea. Nos pasa en todo ¿Por qué no hay más mujeres en el deporte? Porque los grandes referentes son hombres Fernando Alonso, Nadal… Siempre se necesitan referentes. Nosotros tenemos una plataforma de mujeres cineastas que lo que hacemos es visibilizar la cultura a través de las mujeres y hecha por ellas. Somos el 50% de la sociedad, no se puede desperdiciar el 50% del talento. Además, es muy importante la pluralidad en todos los sitios. Las mujeres no podemos permitirnos estar en el tendido, tenemos que salir al ruedo.

Has dicho antes que la trata de mujeres era algo que hace 10 años se percibía en España como ajeno. ¿Eso ha cambiado?
Estamos contándolo desde muchos ámbitos todos los días. Es verdad que hay una doble hipocresía en la prensa, que por un lado denuncia y, por otro se lucra de los contactos, pero en general se sabe. En cualquier medio ves que con muchísima frecuencia se están deteniendo a redes que trafican con mujeres. Esas mujeres son captadas en sus países de origen bajo el engaño. Niñas y mujeres de entornos muy pobres, muy vulnerables. Son captadas en sus países de origen, pero son explotadas en el nuestro. Nosotros tenemos mucha complicidad. Es cierto que en sus países de origen no tienen una oportunidad, no tienen acceso a la cultura o la información y eso les hace ser muy vulnerables a los engaños y a los oportunistas que quieren ganar dinero con la venta de seres humanos, pero son explotadas en países como el nuestro. Es un delito que se rige por una única ley, la ley de la oferta y la demanda. Si no hubiera oferta, no habría demanda.

Ese tema, el de los clientes, lo trataste en tu documental Escúchame. ¿El cliente es consciente que esas mujeres están ahí obligadas?
Para eso hacemos documentales como Voces o Escúchame o Chicasnuevas24horas. Son acciones de sensibilización. Imaginamos que muchos lo saben, pero también por eso hay que hacer un trabajo de educación en los países como el nuestro, llevando estos trabajos a los institutos, universidades, etc. Mostrándole esa realidad a los chicos, que son los presentes y futuros consumidores, para que sepan que este delito con el que convivimos es una violación de todos los derechos humanos. El cliente, que es un prostituidor, consume y demanda mujeres cada vez más jóvenes y cada vez más niñas. Por eso vemos que el rostro de la trata se está convirtiendo en el rostro de niñas.

Esa educación viene, por tanto, de dos partes. Allí y aquí.
Son diferentes formas de educar. Aquí hay que educar en la igualdad y en el respeto en los institutos y en la universidad. En sus países de origen lo que hay que hacer es educar llevándoles a la escuela y que tengan la oportunidad de tener acceso a la cultura, a la información. Yo tengo una hija de 13 años y deseo para ella lo mismo que para Yandy, una de las protagonistas de mi documental, que tiene 14 años y es una víctima de trata con fines de explotación sexual. Yandy no tiene ni los mismos derechos ni las oportunidades que mi hija solamente por haber nacido en aquel lugar y no en este. Yo lucho porque tenga los mismos derechos. Volvemos a lo mismo, la educación, dale una niña un lápiz y cambiaras el mundo, porque harás que ella diga no.

Estas mujeres con las que has hablado logran superar en algún momento lo que les ha pasado.
Es muy duro salir de allí. Hay muchas ONG que trabajan en ello, pero lo más importante es que estas mujeres no pueden regresar a sus casas porque las personas que les han captado siguen allí, porque, al enterarse de donde vienen, sus familias o sus tribus suelen relacionar la trata con la prostitución, no con lo que es, una violación de derechos humanos. Muchas mujeres no pueden volver a sus familias porque no las aceptan y porque la persona que le ha captado sigue ahí, con lo cual el riesgo de volver es tremendo. Si se quedan en países como el nuestro, si no tienen un trabajo digno es muy difícil y el proceso de recuperación es muy largo y complicado

A la hora de contar lo que les ha pasado, la clave debe ser el miedo, miedo a que las deporten, miedo a que las pillen…
Claro, porque todo el mundo las utiliza. Las utiliza el que las capta, las utiliza el que las explota, las utiliza el gobierno para que denuncien. Por supuesto, que tienen miedo. Estas mujeres muchas veces han dejado a sus hijos en los países de origen y el que la ha captado sigue operando ahí. Siempre hablamos de cifras de mujeres que han salido o denunciado, pero esas son solo la punta del iceberg. Hay miles de mujeres más que no lo pueden contar, ni han salido porque realmente ponen en riesgo a su familia y a sus comunidades. La recuperación, el proceso de la normalización de estas mujeres a recuperar sus derechos y su vida, es largo, costoso, difícil y a veces imposible, claro.

Nota de los autores:
Esta entrevista es nuestra forma de celebrar el día internacional de la mujer, un colectivo mayoritario que sigue enfrentándose cada día a discriminaciones de todos los tipos y magnitudes. Desde aquí deseamos a todas la mujeres que como Mabel se atrevan a romper estereotipos y a convertirse en avanzadoras, mujeres que avanzan y hacen avanzar. Feliz día de la mujer.

visto en El Pais 3500 Millones

La historia de un azacarillo

Esta entrada ha sido escrita por Juan de Sola, periodista y presidente de la ONG Agareso.

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Luis es uno de los jóvenes que trabaja en el cultivo de la caña de azúcar en El Salvador. Foto: JDS

        Luis se sumerge cada mañana, bien temprano, en la inmensidad de los cañales de la comunidad de las Anonas, en el Bajo Lempa (El Salvador). Allí, se gana la vida a la misma velocidad que la pierde. Cosas del destino: no puede abandonar la profesión por que su vida y la de los suyos depende de los menos de cinco dólares que el jornal le permite llevar a casa. Suele aprovechar el amanecer para labrar las tierras de otro. Acostumbrado a perderse y encontrarse, en una interminable extensión de terreno, no duda en reconocer que ese oficio no le conviene ni él, ni a su familia, ni a su pueblo.
Vive con Julia (una guapa mujer salvadoreña) y su pequeño en una humilde vivienda ubicada en una de las colonias que lindan con los ‘dulces’ campos de cultivo. Nos dedica un tiempo de conversación a su regreso. A esa hora, el sol golpea con la máxima contundencia tropical; de tal manera, que parece imposible continuar respirando un segundo más. Es tan sofocante que el aire llega a quemar en el interior de los pulmones. Por ese motivo, pasado el mediodía se detiene todo el trabajo para evitar los posibles efectos que el pico de más calor en el día puede provocar sobre la salud.
De tez morena; desconocemos el por qué, su mirada se pierde en la resignación. Se extravía en la ordenada selva de cañas de azúcar que se encuentran a nuestras espaldas. Habla con mucho sosiego de los futuros daños que están por llegar. Sabe que los agroquímicos no aportarán nada bueno a su sistema renal; y reconoce que “crece y crece” el número de personas que fallecen, al año, por fallos y daños irreversibles en los riñones. Tan solo es cuestión de tiempo para que la agresión medioambiental acabe contaminando la sangre que circula por las venas de pequeños y mayores de la zona. El problema no se acaba nunca: Primero fueron los cultivos de algodón los que envenenaron las fértiles tierras. Ahora, el turno es para la producción de azúcar con un planteamiento igual de industrial que irrespetuoso con el desarrollo humano y medio ambiental. Y, de momento, se carece del suficiente músculo político, económico y social como para detener un tren que amenaza con hacer descarrilar la esperanza de vida de miles de niños, mamás, papás o abuelos acostumbrados ya a la lluvia de químicos desde las avionetas que sobrevuelan indiscriminadamente toda la comunidad. Nadie está a salvo. La exposición es máxima en cada ataque que se realiza a los cultivos. Y la humildad de las viviendas tampoco permite protegerse de tal agresión. “Somos pobres y encomendarse a Dios es la única opción que nos queda”, expresa Luis con un rictus del que se deduce una rabia contenida.
Desde muy pequeño, con diez años, aprendió a cultivar la caña de azúcar en extensiones de incontables hectáreas. Tantas como beneficios extraen las multinacionales de la comercialización de una sustancia que arrasa con la salud quienes la consumen y la producen: los primeros amenazados por la diabetes y los segundos por la insuficiencia renal, entre otras enfermedades diagnosticadas. Nada hace presagiar que las cosas pueden cambiar a corto plazo. Y, para la comunidad, esta situación desespera por “la falta de sensibilidad por la vida humana. Son meros instrumentos de un sistema que nos tiene atrapados en nuestras propias tierras. Y no tenemos otra cosa”, lamenta Luis.
El colectivo de campesinos se ve incapaz de variar el rumbo de las cosas. De sugerir formas, de cultivo, más saludables para todos. “Mi país está envenado con estas prácticas de empresas americanas y canadienses. En el fondo, trabajamos para multinacionales. Pero, si dices algo. Si se te ocurre plantear una alternativa, el patrón prescinde de ti”.
Un bucle descorazonador que a Luis y a su familia les obliga a seguir escribiendo más capítulos de la triste historia del azucarillo que llega a nuestras despensas.

Visto en EL PAIS el 26 de enero de 2015.

Cuando las niñas y los niños defienden sus derechos laborales.

Esta entrada ha sido escrita por Marta Martínez Muñoz, socióloga y fundadora de Enclave. @DDHH_Infancia

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Foto del proyecto “Bana Poveda” de reinserción de niños de la calle en Kinshasa, extraída de informe de Experiencias de En Clave.

En los primeros días del próximo mes de marzo, tendrá lugar en Paraguay el IX Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, en el cual participarán un buen numero de movimientos nacionales de diferentes países de América Latina  como Argentina, Bolivia Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, México, Venezuela. Una expresión poderosa de organización política de este colectivo con los que comparto experiencias solidarias desde hace más de 15 años.

El primer antecedente de estos encuentros se remonta al Perú de 1988, donde tuvo lugar la primera edición y coincidiendo con la celebración del 10 aniversario del MANTHOC (Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos). A partir de entonces, se inicia una serie de encuentros que daría lugar a la creación del Movimiento Latinoamericano y del Caribe MOLACNATs. Tal y como se recoge en la presentación, este IX encuentro se celebrará en un contexto singular en la región debido a la reciente aprobación por parte de Bolivia del Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, siguiendo la tendencia de discusión, revisión y cambio de los Códigos que se está dando en varios países de América Latina, luego de 20 años de la aprobación de la CDN. Un proceso que  no ha estado exento de polémica por parte de quienes hacen un análisis limitado del binomio infancia-trabajo, ya que reconoce formalmente al sector de los NATs y contempla mecanismos de sistemas de protección.

El nuevo Código boliviano fue aprobado por el Parlamento del Estado Plurinacional de Bolivia el 2 de julio de 2014 y contempla el trabajo infantil a partir de 14 años y reconoce, bajo determinadas condiciones y excepciones, el trabajo a partir de los 10 años, y el aporte del trabajo  a la economía familiar como un espacio de dignidad y socialización. Tanto en el debate previo como en su posterior desarrollo y redacción, hay que resaltar que la UNATSBO (Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia) ha tenido un rol definitorio, un movimiento que agrupa a más de 10.000 NNA, y miembro del MOLACNATs.

Es necesario precisar que el reconocimiento del trabajo a partir de determinadas edades conlleva la aplicación de leyes que protejan las condiciones bajo las cuales se realiza la actividad laboral, pero que no se trata de una legalización del mismo, sino de proteger de iure y de facto a los niños y niñas que tienen que trabajar. Una discusión que va más allá de las fronteras latinoamericanas, como así lo refleja  el debate que tuvo lugar el pasado 21 de enero en el Parlamento Europeo, en el marco de la Comisión de Desarrollo (Committee on Development-DEVE) y en el que el embajador de Bolivia en la UE, junto a otros expertos, defendió este código.

Si bien el comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aún no se ha pronunciado al respecto (lo hará en febrero de 2015), las dudas en cuanto al respeto de Bolivia por los derechos de los niños están en el aire en la Eurocámara desde el verano. Quienes se oponen al sentido de esta ley esgrimen el argumento de que puede conllevar una legalización del trabajo temprano, y, por lo tanto un posible incumplimiento de las convenciones internacionales. Sin embargo tanto desde UNICEF como por parte de otras organizaciones, se entiende como un elemento innovador porque contempla una mirada más cercana a las realidades socioculturales de los NATs, y persigue la erradicación de las causas que generan pobreza extrema y, por tanto, las peores formas de trabajo infantil.

Las medidas abolicionistas/erradicacionistas que se remontan a la creación de la OIT en 1919, tanto programáticas como legislativas, se han demostrado insuficientes para erradicar el mal llamado “trabajo infantil”, y  especialmente desde que en el año 1992 se iniciara el programa IPEC (por sus siglas en inglés del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil). Y es que la prohibición no sólo no ha dado los frutos esperados, sino que ha tenido un efecto negativo para los NATs al no implantarse las medidas de protección necesarias que garanticen sus derechos, y al contribuir a la criminalización de los mismos niños y niñas y de sus padres, por actuar fuera de la ley.

Un fenómeno que en Europa cuenta con más de dos siglos de historia, que exige tanto medidas de protección social como aquellas que aseguren, por ejemplo, el derecho a la educación de quienes trabajan desde edades tempranas en condiciones de desprotección. Un fenómeno en el que la prohibición ha contribuido más a su invisibilización y clandestinidad y, por tanto, a generar mayores condiciones de explotación y vulneración de sus derechos. Un fenómeno en el que sus principales protagonistas, los NATS, deben ser tomados en cuenta de forma responsable por los adultos como ha sucedido en Bolivia con la audaz puesta en marcha de este enfoque en el nuevo Código. Pese a ello habrá quienes lo entiendan como un intento de legalizar el “derecho al trabajo” y no como una apuesta por la protección los derechos de los niños y niñas mientras trabajan.

La minería en Guatemala: Nueva ley y viejos abusos.

Líderes comunitarios del Departamento de Sololá

Líderes comunitarios del Departamento de Sololá

       En Septiembre de 2014, Amnistía Internacional publicó una noticia y un informe sobre la situación que viven muchas comunidades rurales en Guatemala, que sufren las consecuencias de las actividades mineras que destruyen su medio ambiente y afectan a su calidad de vida, e incluso a su salud, sin que se tengan en cuenta el derecho de las comunidades a ser consultadas antes de que dichas actividades se inicien.

El 30% de la población de Guatemala vive en una pobreza extrema y dicha pobreza se agudiza en las zonas rurales, donde habita la mayor parte de los pueblos indígenas. Es en estas zonas donde se localiza la mayor parte de la minería industrial en Guatemala.  Dicha minería está fundamentalmente en manos de empresas canadienses. La actual ley no exige estudios de impacto medioambiental, permite la propiedad del 100% de la explotación por parte de las empresas y concede a éstas el 99% de los beneficios exigiendo solamente una compensación económica para el estado de un 1%. Esta situación ha generado en el pasado numerosos conflictos entre las poblaciones rurales afectadas y el personal de la seguridad privada de las minas e incluso las fuerzas públicas de seguridad que las protegen. Estos conflictos han generado muertes y personas heridas y amenazas y violencia dirigidas, tanto contra dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras, como contra los defensores y defensoras de derechos humanos que les apoyan. En la mayor parte de los casos los responsables de estos actos no han rendido cuentas ante la justicia.

Una reforma de la Ley de Minería vigente, que se redactó en el 2012, se encuentra actualmente en el Congreso de Guatemala. Dicha reforma no corrige muchas de las deficiencias de la actual normativa, incluida la relativa a la consulta a las comunidades afectadas, al dar un escaso e insuficiente plazo de 10 días para impugnar las solicitudes de licencia, y al incluir medidas, como el sistema de consulta indirecta, que impide que muchas personas de la comunidad afectada puedan manifestar su opinión. La aprobación por el Congreso de estas reformas podría agravar las tensiones entre las comunidades y las empresas, avivando el conflicto e incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre.

Las normas internacionales sobre derechos humanos establecen que es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan verse afectadas por  las consecuencias de las actividades mineras. Tal y como se expresa en el informe de Amnistía Internacional, “…tanto las autoridades guatemaltecas como las empresas mineras tienen la responsabilidad, basada en el derecho y las normas de derechos humanos, de garantizar una consulta adecuada con las comunidades afectadas y prevenir los impactos negativos en los derechos humanos. El Estado debe asimismo garantizar que las fuerzas de seguridad actúan de manera conforme con el derecho y las normas de derechos humanos relativos al uso de la fuerza, mientras que las empresas deben actuar con la diligencia debida para garantizar que la manera en que se proporciona seguridad a los proyectos mineros no da lugar a violaciones de derechos humanos”.

Desde la web de Amnistía Internacional se están recogiendo firmas para pedirle al Presidente de Guatemala que la reforma de la ley de minería incorpore, entre otras cosas, la consulta a las comunidades indígenas.

Puedes apoyar esta iniciativa a través del siguiente enlace:

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/guatemala-mineria-nov14/

Jose Manuel Serradilla

Integrante del Grupo Local de Córdoba de Amnistía Internacional

Entrevista a la plataforma 15M StopDesahucios Córdoba

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Sin justicia y sin dignidad para las víctimas no es posible la paz

portada web

 

GUATEMALA.- En las últimas semanas hemos sido muchas las personas y las organizaciones que hemos seguido con atención el proceso por genocidio y crímenes de lesa humanidad que se desarrollaba en Guatemala, en contra del general retirado Efraín Ríos Montt  -presidente de facto entre los años 1982-1983-, en lo que consideramos un intento decidido por construir una base sólida para la paz.

No obstante, la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de revocar parte de dicho proceso supone un duro golpe a la justicia, abriendo además un incierto periodo que abunda en el dolor de los sobrevivientes, y que están aprovechando distintos grupos de poder para amedrentar y criminalizar a la sociedad civil, poniendo en una situación de grave riesgo a las comunidades mayas del área donde se produjeron los hechos juzgados. Por ello, desde la CODPI os invitamos a sumaros a este manifiesto de solidaridad y denuncia.

Para leer y firmar el manifiesto:

http://www.codpi.org/campanas/172-manifiesto-sin-justicia-y-sin-dignidad-para-las-victimas-no-es-posible-la-paz

 

Las heridas de Guatemala

Por OFELIA DE PABLO Y JAVIER ZURITA

Guatemala juzga por primera vez en la historia el crimen de genocidio cometido durante el conflicto armado interno que asoló el país durante 36 años. Con la excusa de luchar contra la guerrilla, más de 200.000 personas, en su mayoría de origen maya, fueron masacradas entre 1960 y 1996 fruto de un minucioso plan elaborado por el ejército. Uno de los principales artífices de las matanzas, el ex presidente, el general Efraín Ríos Montt, está siendo finalmente juzgado por estos crímenes. Una abogada española, Almudena Bernabeu, ha dirigido el equipo internacional que ha hecho posible este hecho sin precedentes. Estas son las voces de los que luchan por la justicia. 

    Me llamo Tiburcio Utuy, soy de Chajul. Fue en marzo de 1982. No te­­níamos comida y se organizó un grupo de tres personas para ir a buscar caña. Cuando estábamos caminando en la montaña, alcancé a ver la huella de un zapato y pensé que el ejército estaba emboscado, cuando de repente sentí que me agarraron soldados del ejército y yo grité, y en ese momento me dijeron: ‘No grites, hijo de puta’. Y después me empezaron a torturar, amarraron mis manos y mis pies bien duro hacia atrás, después me taparon la boca, y toda mi barriga se quedó adelante y mi cabeza se juntó con mis pies hacia atrás, y tenían puesto fuego, y fueron a traer tizones y me pusieron aquí en los ojos, en la barriga y en los testículos y luego mi respiración me salía abajo. Se abrió completamente mi barriga y los intestinos se me salieron”.

Tiburcio es una de las víctimas de las masacres cometidas por el Ejército de Guatemala durante el conflicto interno que asoló este país durante 36 años. Su relato será escuchado, junto al de 150 testigos más de las matanzas, por el expresidente de Guatemala el general Ríos Montt. Es la primera vez en la historia que un tribunal de América Latina juzga a un expresidente por crímenes de genocidio. Otro de los responsables imputados, el general Romeo Lucas García, falleció en 2006.

La guerra interna entre el Gobierno y la guerrilla se saldó con más de 200.000 muertos, la mayoría –un 83%– eran indígenas mayas que se vieron envueltos en una serie de torturas sistemáticas que formaban parte de un plan organizado desde el ejército para acabar con su etnia y así apoderarse de sus tierras, como afirma el informe Guatemala: memoria del silencio, elaborado en 1999 por la Comisión para el Establecimiento Histórico (CEH) y apoyado por la ONU. Tras la toma del poder en un golpe de Estado en 1982 por el general José Efraín Ríos Montt, la violencia alcanzó nuevos máximos de brutalidad. Hoy el exdictador será enjuiciado por el asesinato de al menos 1.771 indígenas referenciados en el área Ixil durante su mandato entre 1982 y 1983.

Uno de los testigos de las masacres de la zona es Antonio Caba, vecino de la aldea de Ilom, población de la región Ixil. Antonio tenía 11 años cuando presenció la matanza de sus padres: “Era 1982, alrededor de las cinco de la mañana, mataron a 95 personas, nos obligaron a pasar sobre los muertos, las cabezas partidas, mucha sangre había en ese lugar. Y todo sucedió en la plaza donde hacían el mercado. Hubo mujeres embarazadas a las que les abrieron el vientre y quitaron el bebé”.

Durante los años cuarenta, en Guatemala, las enormes desigualdades sociales entre una población mayoritariamente indígena y una minoría ladina –población mestiza o hispanizada–, que concentraba todos los bienes productivos, dieron lugar a movimientos sociales que exigían cambios. Entre 1944 y 1954 se produjo la llamada primavera democrática, en la que se llevaron a cabo, entre otras, reformas agrarias que favorecían a los más pobres. Estas transformaciones no gustaron a la multinacional estadounidense United Fruit Company, que tenía el monopolio de la fruta en Guatemala, ni a los terratenientes locales. La inteligencia estadounidense consideró las reformas como “comunistas” y las atribuyeron a la influencia soviética. En 1954, la CIA orquestó un golpe de Estado en Guatemala –la llamada Operación Success– para destituir al presidente electo Jacobo Arbenz y colocar en su lugar al coronel Castillo Armas. Aquello significó el fin de las reformas, la prohibición de los sindicatos y el principio de una larga sucesión de generales y militares en el poder que utilizaron el ejército como fuerza represora de las demandas sociales. Se extendió la idea de que existía un enemigo subversivo apoyado por el pueblo. Con esta excusa, y aprovechándose del racismo existente en la sociedad guatemalteca hacia los mayas, se orquestó un plan de exterminio de la etnia indígena, a la que se acusó de ayudar a la guerrilla.

“En Guatemala existe un racismo claro contra la población maya, y esto se utilizó para destruirla sin que el resto de la sociedad hiciera nada al respecto”, señala la abogada española Almudena Bernabéu. Ella dirige el equipo legal internacional que reunió la prueba de genocidio para el caso que hoy se juzga en Guatemala. Un ejemplo claro de este racismo es la termi­­nología empleada por el ejército en las operaciones militares donde se refieren a los niños que asesinan como “chocolates”. “Así ocurrió en Ruanda, en la Alemania nazi, en los Balcanes…”, afirma Bernabéu. “Los procesos abiertos por violaciones de los derechos humanos son lentos porque es muy complicado buscar justicia de la mano de un Estado que te violó, te asedió o te masacró”.

Son las 12 de la mañana y la carretera parece interminable. Las montañas del departamento del Quiché, en la zona noroccidental de la ciudad de Guatemala, comienzan a dibujarse en el horizonte. Las aldeas de la zona Ixil, donde golpeó con dureza extrema el ejército, aún parecen muy lejanas. Nos dirigimos junto a Almudena Bernabéu y su homóloga guatemalteca Renata Ávila a la aldea de Chajul, donde viven hoy día muchos de los testigos de las masacres sobrevivientes del conflicto.

Tras la ventanilla del coche desfilan pequeñas casas humildes, pastores acarreando el ganado y niños que recorren distancias infinitas para ir a la escuela. Imágenes de paz que esconden uno de los crímenes más atroces cometidos en América Latina: 626 asesinatos y un millón y medio de desplazados tan solo entre 1978 y 1983 son cifras que hablan por sí mismas. Tiburcio Utuy nos recibe en la aldea de Chajul. A sus 78 años le cuesta caminar por las torturas que sufrió cuando le secuestraron. Almudena Bernabéu y él se abrazan al verse. “Es mucho lo que hemos compartido en estos ya siete años de lucha conjunta”.

Fue en 2006 cuando esta abogada valenciana, que trabaja en casos de justicia universal en la Audiencia Nacional y en Estados Unidos de la mano de la ONG Center of Justice and Accountability, se incorporó al caso de Guatemala. Pero su lucha por la justicia universal viene de lejos: “No hay un precedente directo en mi familia, pero con los años me he dado cuenta de que quizá el silencio de mis abuelos respecto a su estadía en un campo de concentración durante la Guerra Civil y la resignación con la que lo ocultaron pudo inducirme a dedicarme a esto. La justicia universal llegó por accidente, pero el principio de superar fronteras formales y humanas para ejercer el deber de proteger a las personas lo llevo escrito en el alma”.

La primera demanda por genocidio, terrorismo y tortura sistemática contra Ríos Montt y otros siete oficiales del Ejército guatemalteco fue presentada en la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999. Menchú, que había sido laureada en 1992 por su lucha en la defensa de los pueblos indígenas, tuvo que ver cómo su padre fue quemado vivo por agentes comandados por el general Lucas García junto a 36 personas más en la Embajada española de Guatemala mientras se manifestaban de forma pacífica por sus derechos.

“Siete años después de que Rigoberta interpusiera la querella por genocidio, el caso se había estancado y fue en 2006 cuando decidieron acudir a nosotros”, explica Almudena Bernabéu. La exitosa experiencia de esta abogada en el caso jesuitas de El Salvador, en el que consiguió demostrar la culpabilidad del exviceministro salvadoreño por los asesinatos de jesuitas españoles, avalaba su trabajo. Coordinó en tiempo récord un grupo de expertos en diferentes campos para recopilar pruebas contundentes del genocidio cometido contra la población indígena. La Audiencia Nacional dictó en 2007 un auto de procesamiento por genocidio contra los ocho generales guatemaltecos. Cuando el proceso estaba ya en marcha, las autoridades de Guatemala se negaron a extraditar a los acusados. El juez Santiago Pedraz decidió invitar entonces a declarar a los testigos de las matanzas a España. “Yo viajé a Madrid en 2008”, recuerda Tiburcio. “Para mí fue algo increíble que un juez por primera vez en mi vida escuchara todo lo que yo había sufrido”. Tiburcio nos presenta a su segunda mujer y a los hijos de su segundo matrimonio. Toda su familia anterior, hijos, esposa, primos, tíos, todos, fueron asesinados por el ejército. “Estoy intentando rehacer mi vida, pero hasta que no haya justicia no podremos cerrar las heridas”. Su testimonio será una de las piezas clave en el juicio de Guatemala.

En la cocina humea una olla que la esposa de Tiburcio ha puesto a fuego lento. Él agarra una silla y sin apenas pestañear narra su historia: “Me fueron a meter en un cuarto de la zona militar del Quiché. Estuve allí como 12 días. Era un cuarto lleno de sangre, la mera rastra de todas las personas que mataron. Allí había un montón de zapatos, de cinchos, de botas, como a dos metros para arriba, como dos mil personas que habían muerto ahí. Me golpearon, me quebraron la cabeza, me quebraron el pecho, me quebraron tres costillas, me arrancaron las uñas y los dientes y todos esos golpes sufrí, pero gracias a Dios aquí estoy vivo para denunciarlo”.

En Nebaj, otra de las aldeas de la zona Ixil, es día de mercado. Las aceras de la aldea han sido colonizadas por un enjambre de coloridos huipiles que se mezclan con el agradable olor de los puestos de flores y verdura. La vida ha vuelto a estas calles hasta hace poco manchadas por la sangre y el terror, pero, como dice Feliciana Macario, “aún siguen viviendo entre nosotros el miedo y el dolor”. Feliciana es directora de la Coordinadora Nacional de las Viudas de Guatemala (Conavigua). Las mujeres de las aldeas cercanas quieren compartir sus testimonios junto a Feliciana. A María Castro, una de las testigos que declaró en la Audiencia Nacional en 2008, le mataron a su hijo a modo de venganza después de regresar de España. “Los mismos que nos violaron durante el conflicto viven en la aldea con nosotros, se ríen de nosotras cuando pasamos, no hay justicia”, dice Teresa Sic. A ella la violaron 150 hombres de un destacamento militar junto con los PAC, las patrullas de autodefensa civil. Luego la volvieron a capturar y durante dos semanas la violaron a ella y a otra mujer cada día, dejándoles descansar solo para dormir. Según el informe de la CEH, unas 100.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto armado, de las cuales el 35% eran niñas. El 97% de las violaciones han sido atribuidas al ejército y a las PAC.

Junto a Teresa está doña Faustina. Con su voz pausada habla de lo que vio en su aldea en los años ochenta: “A las muchachas las habían amarrado de las manos y los pies, en cuatro estacas, y así las habían violado. Estaban sin ropa y con señales de violación. Había una muchacha aún viva, pero que no podía hablar porque le habían cortado la boca”. María Toj acude a esta cita con su hermoso huipil de colores azules y rojos. Parece agotada y triste. Se apoya en su nieta para caminar. “Todo esto de dar testimonio lo hacemos solo por ellos”, dice señalándola. “No queremos que se vuelva a repetir”. Todas las mujeres coinciden con Feliciana cuando afirma que “toda violencia sin castigo del pasado es la consecuencia directa de la violencia del presente”.

Patricia Yoj es abogada de etnia maya y una de las mujeres que han ayudado al equipo coordinado por Almudena Bernabéu para recabar los testimonios que se necesitaban para probar el genocidio. “Cada día hay nuevos casos de violencia sobre todo contra las mujeres”, explica. “Guatemala se ha convertido en la capital de los feminicidios de América Latina, superando incluso a Ciudad Juárez”. Los asesinatos de mujeres –más de 700 en 2012– suelen ir acompañados de torturas salvajes y mutilaciones. Todo ello, coinciden las abogadas, se debe a “la impunidad de estos crímenes durante el conflicto; el asesinato y la tortura sexual se han convertido en lo normal, tan solo el 2% de estos casos llegan a ser juzgados”.

“Acabar con todos los mayas es una tarea muy difícil, pero si destrozas a las mujeres, te aseguras que la población queda mermada y al final desparece, es una de las fórmulas más crueles de acabar con un pueblo”, afirma Paloma Soria, de la ONG Women’s Link Worldwide. Soria ha sido nombrada perito del caso para probar como genocidio la violencia de género durante el conflicto. Las masacres, las violaciones y las torturas esporádicas no fueron suficientes para detener “al enemigo subversivo”. Entre 1978 y 1983 se desarrolló el quinquenio negro, en el que las matanzas se volvieron indiscriminadas contra la población civil.

El ejército de Guatemala, bajo la dirección del gobernante militar Efraín Ríos Montt, condujo en 1982 una deliberada campaña contrainsurgenteencaminada a masacrar campesinos indefensos, según describe Kate Doyle, analista documental, en su informe sobre Guatemala para el National Security Archive. A esta campaña se le denominó Plan de tierra arrasada, y los datos de todas las operaciones aparecen en un documento secreto de la inteligencia militar guatemalteca llamado Operación Sofía. La aparición de estos documentos originales en 2009 –entregados de forma anónima– permitió por primera vez vislumbrar públicamente archivos militares ocultos. Las 359 páginas de sus registros contienen referencias explícitas del asesinato de hombres desarmados, mujeres y niños, la quema de viviendas, destrucción de cosechas, sacrificio de animales y bombardeos aéreos indiscriminados en contra de refugiados que intentaban escapar de la violencia. Doyle fue la encargada, dentro del equipo coordinado por Almudena Bernabéu, de verificar estos documentos que hoy son una prueba clave del juicio. “Hemos determinado que estos registros fueron creados por oficiales militares con el objeto de planificar e implementar una política de tierra arrasada en las comunidades mayas del Quiché”, afirma Doyle. “Los documentos registran los ataques militares genocidas en contra de poblaciones indígenas”.

Pablo fue testigo de estos bombardeos viendo morir a su hija: “Yo presencié cómo el ejército, tras haber sitiado la finca Sichel, arrojó granadas al interior de la misma. Como consecuencia de las granadas, cinco muchachas murieron, entre ellas mi hija Cristina”. Ataques como este obligaron a la población a huir de sus aldeas. Se calcula que hubo un millón y medio de desplazados, que tuvieron que ocultarse en las montañas sin comida, sin medicinas y sin ropa. Si salían “al claro”, como ellos decían, los mataban y así nacieron las comunidades de población en resistencia (CPR). En las huidas, muchos perdieron a sus familiares. “Los niños que se extraviaban eran asesinados o quemados. Les clavaban hachas en la cabeza, los degollaban, a veces nos bombardeaban con helicópteros mientras huíamos”, recuerda entre sollozos Feliciana Macario.

Estamos en la ciudad de Guatemala y hay 30 grados a la sombra. El aire se caldea bajo los plásticos que hacen las veces de tejado mientras esperamos junto a las enormes fosas comunes del cementerio municipal de La Verbena a que llegue Fredy Peccerelli, el director del equipo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Ante nuestros ojos desfilan bolsas negras con restos óseos que son apiladas y etiquetadas por los investigadores forenses. Buscan a los 45.000 desparecidos que forman parte de las 200.000 víctimas del genocidio. Peccerelli lleva desde los años noventa reuniendo las piezas de este puzle de muerte para demostrar uno de los peores genocidios de América Latina. “Guatemala está como está, hay 6.000 asesinatos al año, porque nunca hubo justicia en los crímenes del conflicto”, afirma Peccerelli. “Muchas de las personas que cometieron esos crímenes están hoy en el poder”.

Después de las exhumaciones de las fosas comunes en la región del Quiché, Peccerelli se ha lanzado a un proyecto que, en sus palabras, puede cambiar el futuro de Guatemala. “Aquí fueron arrojados”, dice mientras señala uno de los agujeros de más de 17 metros del cementerio donde nos encontramos, “los restos de las personas ladinas que ahora serían las nuevas generaciones de líderes de Guatemala. En estas fosas yacen con un tiro en el cráneo escritores, periodistas, pensadores, sindicalistas…”. Peccerelli habla del racismo que aún existe en su país: “Hemos exhumado miles de cuerpos de víctimas mayas asesinadas por el Estado, y la sociedad guatemalteca no le ha dado importancia a lo que allí ocurrió. Quizá ahora vean la realidad, aquí hay familias iguales que las de ellos. La sociedad tiene que asumir su pasado y dejar de diferenciar si los muertos son mayas o no”. En Guatemala hay quien piensa que es mejor no abrir las heridas, pero Peccerelli se muestra contundente: “Las heridas nunca se cerraron, están abiertas e infectadas”.

Peccerelli y Bernabéu coinciden en que el juicio contra Ríos Montt cambiará la historia de Guatemala, hasta ahora sometida al silencio por el terror. “Llegar a este punto no ha sido fácil, son 11 años de batalla legal”, afirma Bernabéu. “Todo ha sido una combinación de importantes factores. Santiago Pedraz, juez de la causa en la Audiencia Nacional, nosotros como abogados de las víctimas y nuestros colegas en Guatemala nos agrupamos para diseñar una estrategia y así poder probar que en Guatemala hubo un genocidio. El auto de proce­­samiento de 2007 dictado en España y los posteriores arrestos de algunos de los procesados fueron un golpe para ellos y un estímulo para todos nosotros. Desde esa fecha, los procesados empe­­zaron a cerrarse la puerta de la jaula por dentro. Entonces la existencia de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, apoyada por la ONU, la perseverancia de una sociedad civil incansable y el nombramiento de Claudia Paz y Paz como fiscal general han sido el resto de factores clave para lo que está aconteciendo”.

Pero la abogada española, a pesar de este gran paso, no se engaña a sí misma y afirma que la batalla continúa. “Cada testimonio que espero escuchar en la sala ante los jueces, cada testimonio al que será forzado a escuchar Ríos Montt, cada relato de dolor, les va a devolver, sin duda, la dignidad a todas estas personas. En mi opinión, esto trasciende a toda la sociedad. Es un mensaje de fuerza, de recuperación y de poder para las nuevas generaciones, para quienes tienen el relevo y de algún modo la obligación de cambiar Guatemala. Esta es, sin duda, una lección para todos. Es crucial que se sepa la verdad, que se reconozca a las verdaderas víctimas, que se las repare y se las dignifique. Esta es la llave para el futuro de una nueva Guatemala”.

“Guatemala es el país más complicado de Centroamérica”

POR QUINO PETIT

La puerta del chalecito en una tranquila calle de Madrid se abrió y apa­­reció un embajador jubilado sin corbata, de barba canosa y silueta enjuta. Máximo Cajal vive hoy rodeado de libros y muebles estilo déco, lejos de las sedes que jalonaron su carrera diplomática. Pero lo que no ha podido borrar de su memoria es el asalto a la Embajada española en Guatemala perpetrado por la policía del dictador Lucas García el 31 de enero de 1980.

Cajal (Madrid, 1935) tenía entonces 45 años y llevaba unos meses ejerciendo como responsable de aquella cancillería cuando dos docenas de indígenas, entre los que se encontraba el padre de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la ocuparon para atraer atención mediática y denunciar la matanza de nueve campesinos asesinados por el ejército en el departamento del Quiché. La policía tardó poco en entrar a sangre y fuego en la embajada. Con luz y taquígrafos. Ante la mirada de decenas de periodistas que presenciaron el ataque que dejó 37 muertos, entre los que se encontraban el diplomático español Jaime Ruiz del Árbol. Cajal fue el único superviviente. Logró escapar atravesando las llamas que acechaban al edificio y dejaron quemaduras de segundo grado en el 15% de su cuerpo. El indio Gregorio Yujá fue rescatado con vida del montón de cadáveres abrasados, pero fue secuestrado horas después en la misma clínica en la que ingresaron a Cajal y ejecutado en la madrugada del 1 de febrero. Antes de morir había concedido clandestinamente unas declaraciones que pasaron a la historia: “Sí, vino la policía y echó fuego en la casa del señor… ¡Saber quién echó fuego ahí!”. Cajal fue trasladado tras el asesinato de Yujá a la Embajada de Estados Unidos, donde esperó hasta su compleja repatriación a Madrid envuelto en vendas que tapaban sus quemaduras. “Guatemala me persigue”, dice hoy en el salón de su casa. “Entre otras cosas, porque ustedes, los periodistas, me traen este recuerdo a la memoria”.

Él mismo también ha dejado constancia de aquella pesadilla en libros como ¡Saber quién puso fuego ahí! (Siddharth Mehta Ediciones) y Sueños y pesadillas. Memorias de un diplomático (Tusquets). Con motivo de la reciente apertura del juicio por genocidio al general Efraín Ríos Montt, sucesor al frente del país de Romeo Lucas García, el hombre bajo cuyo mando se produjo el asalto a la Embajada de España en Guatemala, Máximo Cajal accede a rememorar el horror que sufrió en aquel país durante su primer destino como embajador. Con este proceso histórico a un exmandatario que afronta cargos por crímenes de guerra en América Latina, Guatemala también tiene ante el espejo los horrores de su pasado reciente, manchado con la sangre de 200.000 muertos, en su mayoría en las zonas rurales indígenas, que dejó la guerra entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca desde 1960 hasta 1996.

Sigue sin haber culpables del asalto a la Embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980. Buena parte de los responsables de aquella operación han fallecido ya, pero las investigaciones de la justicia guatemalteca han descubierto treinta años después que los policías tenían instrucciones de que no quedara nadie vivo. Casi lo consiguieron. Como después del asalto hubo dos supervivientes, Gregorio Yujá y yo, la instrucción era acabar también con aquellas dos personas. Desde que salí de la cancillería y me metieron en un furgón policial, todo sucedió muy rápido y me dejé ir, pasara lo que pasara. Si me hubieran pegado cuatro tiros en aquel furgón, no habría tenido condiciones físicas ni intelectuales para haberme resistido.

¿Sabemos quién echó fuego ahí? Yo creo que no. Lo que yo vi ni siquiera permite explicarlo. En un momento dado, durante el asalto, se produjo una explosión que vino del lado de la policía o del lado de los ocupantes. Estos estaban aterrorizados. Aunque hubo unos disparos, y es posible que dispararan ellos o alguno de ellos, y aunque es posible que lanzaran una especie de cóctel molotov que llevaban en botellas de refresco, lo que pasó allí, con más de treinta cadáveres carbonizados, era imposible que fuera producto de dos botellitas con gasolina. Hubo una intervención de la policía, y de hecho se especula con que se vio a un agente llevando una especie de lanzallamas.

El Gobierno español de entonces rompió relaciones con Guatemala al día siguiente de aquella matanza. ¿Podría haber hecho antes algo más para evitar que ocurriera? Para situarse hay que recordar cómo era España en 1980. No es que ahora estemos en plena forma, pero entonces era un país subdesarrollado. Yo tenía un guardaespaldas que me habían puesto los guatemaltecos y desapareció cuando pasó todo aquello. La embajada no tenía seguridad y la puerta estaba abierta. Aquel fue uno de los argumentos que utilizaron para acusarme de estar implicado con los ocupantes, además de por el viaje que hice al Quiché al poco de llegar. La ruptura de relaciones con Guatemala se decidió al día siguiente del asalto. Por un lado era una señal fuerte, pero por otro lado se perdía toda capacidad de presión. Salvo yo mismo, la embajada entera había desaparecido y el Gobierno español se había quedado sin capacidad de gestionar aquella crisis. El Gobierno de Guatemala montó enseguida su contraofensiva, centrada en acusarme de estar conchabado con los ocupantes. Y sospecho que en el Gobierno de España de entonces había un sector que pensaba que yo era responsable de lo que pasó. Yo tenía cierta fama de ser de izquierdas, pero ¿comunista? ¡Y aunque lo hubiera sido!

¿Para usted, Ríos Montt, a quien ahora se juzga en Guatemala por genocidio, era igual que su antecesor, el dictador Lucas García? A Ríos Montt no llegué a conocerlo porque apenas pasaron seis meses desde mi llegada a la embajada hasta el asalto, que se produjo antes de que Ríos Montt derrocara a Lucas García. Este hombre ha conseguido durante años eludir a la justicia. Pero parece que esta vez no tiene muchas posibilidades de escapar de los crímenes por los que se le acusa… Aunque yo, por razones de salud mental, he procurado no ir más allá en este tema de Guatemala, que me persigue. Está usted aquí, así que me persigue.

¿Qué le viene hoy a la mente cuando piensa en Guatemala? Un país tremendo. De violencia, de injusticia social, de racismo, de exclusión… No hay por dónde cogerlo. De Centroamérica, es el país más complicado por la cuestión indigenista, y probablemente el más brutal de todos ellos. Su cultura de violencia es impresionante. Los 200.000 muertos de los últimos treinta años lo atestiguan.

¿Se convirtió en alguien incómodo para los sucesivos Gobiernos tras sobrevivir al asalto de la embajada española? Para el Gobierno de Suárez, en ese momento, sí. Pero con Suárez tuve muy buena relación. Con Calvo Sotelo apenas tuve contacto. Y con Felipe González, la relación fue excelente; es con el presidente con el que mejor me he entendido. Con Aznar no tuve ninguna relación. Mi carrera diplomática terminó en París, siendo embajador en Francia, el día que Aznar ganó las elecciones.

Aznar le dedicó un sonado desplante ante Chirac durante una visita oficial ya como presidente del Gobierno español. Aquello fue algo de mal gusto, innecesario y que no vino a cuento. Sencillamente son cosas que no deben hacerse, aunque existan distancias ideológicas, ante el embajador de un país que ha sido acreditado por el jefe del Estado.

¿Y cómo es la vida de un embajador jubilado que ha sobrevivido a desaires presidenciales y ataques como el asalto a la Embajada de España en Guatemala? Me jubilé a los 68, en 2002. Mis compañeros de promoción están todos jubilados y algunos muertos. Yo no juego al bridge ni al golf. Me dedico a la lectura, a escribir y a encuadernar. Antes estuve casi cinco años trabajando en la Alianza de Civilizaciones, con el Gobierno de Zapatero.

¿Cree que ha servido para algo esa Alianza de Civilizaciones? Creo que ha servido para crear una conciencia de que hay que hacer algo para superar ese desencuentro entre dos visiones del mundo. Es un proyecto que tiene más éxito fuera de España. En el segundo mandato de Zapatero hubo cierto alejamiento de la idea quizá porque había otros problemas, algo que he criticado mucho. En parte, por la campaña tremenda en contra del Partido Popular. Ahora que están en el Gobierno son unos hipócritas y apoyan la Alianza de Civilizaciones. Al menos oficialmente.

¿Le ha merecido la pena ser diplomático? La verdad es que no lo sé. Mi carrera ha estado llena de sobresaltos desde que empezó, como el horror de Guatemala. Y terminó de manera regular. Todos somos orgullosos, y yo no he perdonado a Aznar aquello que me hizo. Yo tampoco habría sido un embajador de Aznar, pero los últimos años de mi vida diplomática han sido muy marginales.

Reportaje Visto en EL PAIS SEMANAL

El 14 de abril de 2013

LA FIEBRE DEL ORO

 

   El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz tras 36 años de conflicto armado en Guatemala (Movimiento revolucionario – Gobierno) que se llevo por delante la vida de mas de 350.000 personas y miles de desplazados y exiliados. Llegó la paz y también las transnacionales mineras que invadieron el país durante el gobierno liberal de Álvaro Arzu, que confeccionó una ley a la medida de estas transnacionales (Ley 48/97). No se exige estudio de impacto medioambiental, ni consulta a las poblaciones afectadas y permite la propiedad del 100 % de la explotación y además concede a las empresas el 99 % de los beneficios y solo exige una compensación económica para el estado del 1 % del beneficio declarado.

   Guatemala tiene una extensión de 108.899 Km2, mas o menos como Andalucía, pero es lo mas parecido a un queso de “gruyere”, agujereado por todo lados, entregado a las transnacionales. Dice Roberto Madrini, de la Comisión Pastoral, Paz y Ecología integrada por organizaciones indígenas y la Iglesia católica de San Marcos (Guatemala), que desde 2005 se oponen y luchan junto con los campesinos, mayas-man de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa (San Marcos) contra la explotación de la mina Marlin que excava sin escrúpulos inmensos cráteres en estos dos municipios para extraer el oro en minas a cielos descubierto.

“Nuestra lucha no es contra una mina, dice Madrini, en Guatemala existen 107 minas a cielo descubierto en plena explotación y hay otorgadas otras 417 concesiones mineras.

   Para la extracción de oro hay que romper la montaña provocando cráteres de más de 150 metros de profundidad. Es habitual que produzcan fugas de materiales pesados que contaminan las aguas. Los trozos de montaña son triturados y se emplea cianuro, un ácido mortal, para lavar la roca triturada y extraer el oro. Pero además la mina  utiliza 250.000 litros de agua por hora, vuelve a verte en los ríos contaminada con cianuro y metales pesados. El impacto de sobre personas, animales y vegetación es brutal y puede mantener la contaminación durante cientos de años.

   En el año 2003 las población de San Miguel Ixtahuacan y Sipacapa iniciaron su oposición y lucha contra la explotación de la mina Marlin apoyados por los pueblos indígenas del Altiplano. Se logro una consulta popular y 700.000 personas dijeron no a la mina Marlin. Tras varias denuncias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba recientemente de condenar a la empresa, y el anterior gobierno de Álvaro Colón se ha comprometido a paralizar la actividad de la multinacional minera. La contaminación de las tierras y del agua seguirá durantes años.

  Situaciones similares se repiten en las selvas y montañas de Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela,  Colombia, Honduras y Ecuador.

   ¿A qué viene esta nueva “fiebre del oro”? ¿Qué esta pasando para que de nuevo las multinacionales vuelvan a robar con virulencia las riquezas de las entrañas de las tierras que no les pertenecen? No importan el daño que infringen a personas, animales y tierras y que lo padecerán por muchos años.

    El precio del oro ha pasado en una década de 220 a 1303 euros la onza. ¿Será razón suficiente para tanto daño?

  La mina Marlin es propiedad de Gladis Gold (Goldcorp), una de la cinco multinacionales mineras mas potentes. Opera a través de la compañía Montana de origen canadiense. Y Goldcorp es un fondo de pensiones de Canadá, del que también participan fondos de pensiones de Noruega, Suecia e Irlanda. En Goldcorp hacen negocio inversores privados, universidades y bancos de Canadá y EE. UU. Mientras los trabajadores de Europa y de Norte América invierten 200 euros mensuales en fondos de pensiones para gozar de una jubilación feliz, no saben que eso será a costa del sufrimiento de personas que jamás podrán tener una jubilación digna.

 Vicente Casado