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Estos puntos son donde las mujeres sufren más acoso sexual en la ciudad de Guatemala

   Un estudio divulgado el miércoles de esta semana estableció que en seis espacios públicos de la ciudad de Guatemala las mujeres son más vulnerables a ser víctimas de asedio sexual. Además, el informe determinó que el 100 por ciento de las entrevistadas han sufrido alguna vez de acoso.
El estudio, elaborado por ONU Mujeres Guatemala y la Dirección Municipal de la Mujer de la comuna capitalina, midió por primeva vez el acoso sexual y sus diversas formas de manifestación.
Las mujeres que se movilizan en el transporte público de pasajeros son las más propensas a ser víctimas de asedio sexual, revela un estudio.
Estos son los resultados que muestran los puntos en donde se da más este flagelo:
48% en autobuses
14% en las estaciones
12% en parques
11% en calles
8% en pasarelas
7% en mercados
Las mujeres jóvenes representan el 74 por ciento de víctimas de acoso sexual. Las adolescentes son el 30 por ciento, niñas el 27 por ciento y estudiantes el 17 por ciento.
El informe detalla que en la capital, cinco de cada 10 mujeres se sienten inseguras al caminar sola por la ciudad durante el día. También se estableció que siete de cada 10 consideran que no deben tener limitaciones para caminar por las noches en la vía pública.
De estos tipos de acoso hablaron las mujeres en el estudio:
29% comentarios sexuales por apariencia y cuerpo
18% tocamiento del cuerpo
17% roces
10% silbidos
9% miradas lascivas
6% exposición a masturbación
5% exhibición de genitales
3% fotografías de su cuerpo
2% besos al aire
2% bocinazos
2% acecho
Preocupación
“Los hallazgos de acoso sexual en la capital son evidencias de alarma para implementar acciones. Hay que diseminar los resultados de asedio hacia las mujeres y hacer seguros los autobuses con urgencia”, señaló la representante de ONU Mujeres Guatemala, Adriana Quiñones.

El estudio reclama que los espacios públicos de la capital deben ser más seguros, adecuarse a la convivencia pacífica y lugares de respeto.
Quiñones indicó que los sistemas de transporte deben promover una cultura de respeto y denuncia para erradicar el acoso.
La directora Municipal de la Mujer, Onelia Roca Álvarez, expuso: “Le apostamos a la transformación cultural de cómo vemos los temas. Trabajamos para erradicar la cultura machista en nuestra sociedad por medio de una relación de igualdad entre mujeres y hombres, y no de poder”.
La activista Victoria Novoa Buitrago advirtió que los resultados del estudio muestran que las mujeres viven en medio de una sociedad machista.
“Estas cifras demuestran una realidad muy grave, las mujeres de la ciudad de Guatemala no pueden ejercer libremente su ciudadanía. Hay doce horas al día que están vetadas, la noche está vetada para la mayoría de mujeres por inseguridad”, criticó Novoa Buitrago.
En el desarrollo del estudio participaron 250 mujeres de siete zonas de la capital que respondieron encuestas y fueron entrevistadas. El proyecto también fue apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

visto en Prensa Libre el 11/12/2017.

Conociendo MAIZCA

Zuriñe Perales ha sido estudiante del Máster de Agroecología en Baeza. Ella es de Navarra y conoce nuestra ONGD a través de su amiga que es socia de Maizca en la Rioja. Ella estaba muy interesada en conocer los proyectos que teníamos en Sololá (Guatemala) y Francisco, nuestro coordinador de proyectos allí, se mostró encantado de recibirla.
A la vuelta de su viaje nos mandó un escrito y varias imágenes para que conociéramos como le fue su experiencia:

Conociendo Maizca:

El 10 de Agosto llegamos a Sololá prontito, el autobús local y la ciudad era un caos. Se iba a celebrar el desfile de las escuelas y había mucha gente por las calles vestidas con sus mejores galas. Fue un lujo poder ver a tanta gente por la calle. Francisco se retrasó un poco, pero finalmente llego ya que el desfile había paralizado el tráfico. Primeramente fuimos a la oficina de Maizca, donde pudimos charlar un rato con Carmen, la encargada de trabajar con el tema de mujeres, ésta nos contó que estaban ayudando a algunas mujeres dándoles micro créditos y apoyo técnico para que pudieran producir su propio alimento.
Nos despedimos hasta la hora del almuerzo y nos dirigimos primeramente a conocer la finca de la familia de Luis, el chico que actualmente trabaja con Maizca en un proyecto de semillas, y es él quien les da apoyo técnico a las diferentes familias que son ayudadas por la ONG. En esta finca a parte de realizar un manejo orgánico, tienen una pequeña parcela destinada a realizar diferentes experimentos de permacultura, además Luis está tratando de recuperar y mejorar alguna semilla autóctona en un pequeño semillero. Nos contaron que estaban tratando de recoger el agua de lluvia pero que hasta la fecha no lo habían conseguido.
Con el tiempo justo nos dirigimos a conocer a Erasmo, el manejo de esta finca es totalmente opuesto a lo que vimos en la de Luis. Este señor realiza mucho monocultivo de tomate y aguacate pero quiere transformar su manejo a orgánico. Es interesante desde el punto de vista de que quiere realizar lombricompost y luego venderlo, este podría luego enseñar como se hace a otras persona. Por otro lado le gustaría crear una red de productores de aguacate para ayudarse en la comercialización entre otras cosas. Maizca no colabora con él pero la visita sirvió para que se conocieran Francisco, Luis y el agricultor.
Con el estomago vacío regresamos a la oficina y la familia de Francisco nos deleitó con una comida típica riquísima y nos contaron muchas cosas sobre Guatemala, fue realmente agradable y estamos realmente agradecidos por su hospitalidad.
Con un pelín de modorra nos dirigimos a conocer a la señora María. Esta mujer apoyada por Maizca se dedica a plantar todo lo que puede. Su finca es un vergel en el que hay todo tipo de frutales y hortalizas. Fue muy interesante poder conocer a una mujer tan rural y al mismo tiempo autónoma, estaba muy empoderada.
Para finalizar el día fuimos a conocer a una señora que forma parte de un grupo de mujeres que cultivan hortalizas. Parte de la producción la venden y otra es para consumo propio. Resultó interesante conocer la realidad de las mujeres en Guatemala y las dificultades a las que como mujer agricultora se enfrentan.

Cansados pero contentos por las historias de vida que habíamos conocido, nos fuimos a Panajachel a coger fuerzas para el próximo día.
Al día siguiente amanecimos contentos y pensando en lo que nos esperaría otro día con Francisco. Llegamos en autobús a Sololá y de nuevo había desfile, hay que decir que este día no nos sorprendió tanto. Francisco nos recogió y nos llevo a conocer a una familia que cultivaban hortalizas en un pequeño huerto y estaban montando un pequeño parquecito en el bosque con algún juego en los árboles y columpios divertidísimos, con el fin de acercar a l@s niñ@s a la naturaleza y más concretamente al bosque. Nos dieron un zumo de durazno riquísimo y nos dirigimos a conocer la última experiencia que para nosotros fue la más interesante.

El la última finca que visitamos producen hortalizas y tienen algún frutal. El manejo es orgánico y tienen animales que les dan alimento y les ayudan a cerrar el ciclo. El agricultor ha formado a mucha gente que se acerca por la finca. Nos sirvieron un almuerza exquisito.
Una vez terminadas todas las visitas, Francisco nos llevo a coger el autobús que nos llevaría a Cichicastenango.

Poder conocer el medio rural Guatemalteco ha sido todo un lujo. Estamos muy agradecidos con Maizca y concretamente con Francisco por la oportunidad que nos han brindado. En nuestras visitas pudimos conocer algunos problemas a los que estas personas se enfrentan. Están muy interesados en recoger agua de lluvia para poder producir alimentos en la época seca, ya que en la época lluviosa cae mucha, pero no son técnicamente capaces de almacenarla. Por otro lado, quieren poner en marcha un banco de semillas y no saben como hay que guardar las semillas para que duren varios años. Comentamos que sería interesante que las mujeres puedan reproducir su propia semilla para que no sean dependientes del apoyo de Maizca así como sus propios pollitos, pero detectamos que no saben hacer un semillero y los pollitos se les mueren porque no hacen vacíos sanitarios.
Se me ocurren algunas ideas que podían llevar a cabo para lograr un manejo más eficiente. Me gustaría saber, si os parece bien que les hagamos llegar alguna propuesta para mejorar el manejo y poder poner en marcha el banco de semillas, que posteriormente van a ser duplicadas en la finca.
Gracias por todo y cualquier cosa que quieras comentarme estoy a vuestra disposición, un beso

Zuriñe Perales
Agosto de 2017.

Desde Maizca queremos dar las gracias a Zuriñe por su participación y aportación a este trabajo, pues entendemos que toda colaboración e intercambio es muy valioso.

Guatemala: El estallido de la indignación popular. Dossier

Roberto García

Cindy López Samayoa

Sergio Ramírez

17/10/2017

Contra la corrupción y por la dimisión de Jimmy Morales
Roberto García
Mientras las cúpulas políticas buscan blindar su impunidad, crece en Guatemala un movimiento popular rico y diverso que exige un fin a la corrupción y la dimisión del presidente, Jimmy Morales. Una multiplicación de manifestaciones, el asedio al Congreso nacional y un paro general que llevó a un cuarto de millón de guatemaltecos a las calles capitalinas han marcado un quiebre en un país donde las atrocidades de la maquinaria contrainsurgente habían generado una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada.
El pasado 25 de agosto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó a Nueva York para entrevistarse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Oficialmente, el mandatario parecía interesado en tratar con él temas relativos a la actual situación en los países del triángulo norte de Centroamérica, su impacto entre los migrantes y el flujo de refugiados que generan problemas de “seguridad”. Sin embargo, las preocupaciones de Morales eran de índole doméstica y sobre todo particulares: deseaba evitar ser investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad que actúa desde hace una década en el país a raíz de un acuerdo entre Guatemala y la ONU. Según ha trascendido, las pruebas de la CICIG eran tan contundentes como las que habían propiciado la destitución del anterior presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Rossana Baldetti, dos años atrás. Desde entonces estos últimos se hallan en prisión por un grave delito de defraudación tributaria sistemática al Estado guatemalteco.
Por el momento, el caso de Morales difiere de los anteriores: solamente es acusado de recibir “financiamiento electoral ilícito” proveniente de “aportes anónimos” que no declaró y ocultó a las autoridades electorales durante su última campaña por la presidencia. En Centroamérica ese tipo de aportaciones suelen estar estrechamente vinculadas al narcotráfico, y Morales, en su calidad de secretario general del ignoto y novato partido político que lo llevó al poder, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), debió haber procedido respetando la legislación vigente. La situación legal del hijo y del hermano de Morales también es comprometida, aunque en sus casos sólo se trate de haber simulado compras desde el Estado a restaurantes que en realidad no proveían los alimentos que constaban en los contratos. La cifra por otra parte es irrisoria: tan sólo 36 mil dólares.

Impunidad a toda costa
En ese contexto y apenas regresado de Estados Unidos, en un breve video Morales procedió a comunicar oficialmente que declaraba non grato al jefe de la CICIG en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez. Significaba, entre otras cosas, que este último disponía de un breve plazo para abandonar el país. Para proceder en esos términos el presidente guatemalteco debió prescindir de su canciller, quien no estaba de acuerdo, nombrando en su lugar a la viceministra, Sandra Jovel (que es acusada de falsificación de documentos para proceder ilícitamente a la adopción de un bebé).
El procurador de Derechos Humanos impuso rápidamente un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y los magistrados de ésta, también con premura, advirtieron la “ilegalidad” en cuanto a la forma del decreto emitido por Morales, procediendo a la “suspensión definitiva” de la orden de expulsión del comisionado Velásquez. Morales, necesitado de apoyos, los encontró. En un twit, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a su compatriota de entrometerse en los asuntos internos de Guatemala. A nivel doméstico, las cámaras empresariales, los ganaderos y el ejército –fundamentalmente la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala– han secundado el accionar presidencial. Junto a ellos actuó el Congreso, que mediante un procedimiento legislativo de urgencia desoyó el pedido de la CICIG y “blindó” al presidente Morales para evitar que sea investigado. Pero eso no era todo: el pacto de impunidad que apuraban los diputados debía incluir también su propia salvación, ya que por lo menos 40 de ellos están siendo investigados por diversas causas criminales. En razón de esto, aprobaron leyes de “urgencia nacional” para evitar que los secretarios generales de los partidos fueran procesados. Como remate, la Cámara también trató y aprobó por 107 votos contra 13 otra moción para que las penas de prisión derivadas del financiamiento ilícito puedan evitarse mediante el pago de fianza, algo que los involucrados en ese tipo de delitos pueden fácilmente sufragar.
Inmediatamente, seis acciones de amparo llegaron a la Corte de Constitucionalidad, que entendió que las reformas al Código Penal no sólo significaban una intromisión de los diputados sino también que constituían una “seria amenaza” de “daños irreparables” al sistema de justicia. Por unanimidad, procedió entonces a suspender el trámite de refrendación de las medidas adoptadas por el Congreso.

Respuesta popular
Siguieron momentos de rabia e indignación que encontraron rápida y masiva expresión en una manifestación de más de 20 mil personas que espontáneamente rodearon el recinto parlamentario impidiendo que los diputados salieran del lugar. Fueron nueve horas de tensión que se disiparon una vez avanzada la noche y mediando la represión policial.
Pese a que varios representantes dijeron sentirse satisfechos con las leyes y denostaron a los manifestantes –eran “20 twiteros”, dijeron algunos–, el rigor popular y la acción de la Corte no habían sido en vano: hubo voces de arrepentimiento y pedidos de disculpas ante el proceder del colectivo, archivándose la reforma al Código Penal. De todas formas, desde entonces el clamor popular creció incesantemente, acicateado por otras revelaciones sobre hechos no menos impúdicos que los anteriores. Merecen destacarse tres de ellos. El primero, que el presidente Morales –el mejor pago de todos los gobernantes latinoamericanos– recibía de manera encubierta un sobresueldo de 7 mil dólares mensuales que le pagaba directamente el Ejército. Segundo, se publicaron audios comprometedores en los que el ministro de Finanzas –un asesor muy cercano al mandatario–, durante una reunión con diplomáticos y empresarios acaecida semanas antes de que estallara abiertamente el conflicto, manifestaba estar al tanto de un “pacto” entre cúpulas políticas para evitar los procesos judiciales. El ministro, según las grabaciones, sólo tenía un matiz de discrepancia con el presidente: no quería que las medidas de impunidad se aprobasen con prisa y “a lo pirata”. Tercero, el vicepresidente aseguró a inicios de setiembre que Guatemala estaba preparada para recibir a las decenas de miles de inmigrantes guatemaltecos que están siendo deportados desde Estados Unidos, y dio a entender que no comprendía las razones por las cuales se habían autoexiliado de su país: sobrevoló en su explicación el factor turístico.

En la ONU
El despropósito y la falta de tino en todas esas arriesgadas decisiones no sorprenden, al fin y al cabo el presidente proviene del mundo del espectáculo: saltó a la fama como comediante de televisión. El 19 de setiembre desplegó con notable habilidad sus dotes actorales en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Más allá de que el cónclave estaba prácticamente vacío cuando compareció, memorizó un estudiado guión de 17 minutos según el cual el gobierno guatemalteco “está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, con el cuidado de los “recursos naturales”, con la necesidad de “garantizar la seguridad alimentaria” y “elevar las condiciones de las personas más vulnerables”. Morales aseguró que –en un país donde la pobreza afecta a más de la mitad de la población y ha ido en aumento en la última década– “se está trabajando arduamente en la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica”.
Luego pasó al tráfico de drogas, que él se propone “acabar” de “una vez por todas”, y mostró similar convencimiento al destacar el “firme compromiso” de Guatemala con la Alianza para la Prosperidad que impulsa Estados Unidos para “fomentar la seguridad” en esa zona del mundo. No podía faltar, a renglón seguido, la “grave preocupación” por Venezuela: denunció la “ruptura del orden democrático”, la “violación de los derechos humanos”, la “falta de garantías” y “los continuos actos de violencia y persecución”.
Morales también aprovechó la ocasión para dejar sentada su opinión sobre sus problemas con la justicia de su país, y en particular con la CICIG. Apeló en este caso a la historia. Según su versión, el comisionado de la ONU actuaba en Guatemala por “nuestra iniciativa” y su instalación se debía a los Acuerdos de Paz de 1996, alcanzados tras un “conflicto interno” que, de acuerdo a la visión de quienes escribieron el libreto de Morales, encontraba sus raíces en una “polarización ideológica internacional” que a su vez era el “producto de doctrinas políticas ajenas a nosotros”. Más preocupantes que esta lectura en clave de Guerra Fría, fueron sus palabras finales. El mandatario envió un “mensaje de unidad”, porque “estamos viviendo un momento de polarización que no conviene, ni nos llevará a un lugar seguro”, advirtió. Lo que no “convenía” a Morales y a lo que se refería fue lo que sucedería al día siguiente en Guatemala. El centro capitalino fue pacíficamente desbordado por 250 mil almas, en una jornada de paro nacional para exigir la renuncia del presidente y la destitución de los diputados que le aseguraron su impunidad. Numerosas manifestaciones similares tuvieron lugar paralelamente en varios departamentos del país. En dicha repulsa convivieron una diversidad de fuerzas y movimientos sociales que incluyeron a comunidades indígenas, sectores medios capitalinos y a la asociación de estudiantes universitarios, apoyada oficialmente por el rector de la universidad pública.

Más allá de Jimmy
Los protagonistas visibles y ocultos de la situación que atraviesa el país de la “eterna primavera” deben colocarse en un contexto histórico más amplio. Desde esa perspectiva, poco importante es Morales, una figura meramente decorativa arribada al poder rápidamente tras el procesamiento del binomio presidencial anterior. En apariencia –se interpretó–, el actor podría evitar, con cierto carisma, la prolongación de las masivas manifestaciones populares de 2015 que presagiaban un desborde popular de mayores y más graves consecuencias. Sí interesa colocar sobre la mesa de análisis que los apoyos principales del mandatario provienen de quienes lo financiaron y construyeron como candidato: los militares contrainsurgentes guatemaltecos y las cámaras empresariales, secundadas por los canales privados de televisión.
Esta realidad está íntimamente relacionada al proceso de conformación de los estados centroamericanos, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fueron construidos y consolidados posteriormente de manera piramidal, sobre bases que suponían, como han escrito varios historiadores, “maximizar ganancias y socializar pérdidas”. Es que la dominación ejercida por las elites incluía una radical desigualdad y falta de solidaridad de su parte hacia el resto de la población. En Guatemala hubo un agravante particular: esas elites siempre fueron racistas, y como parte del andamiaje dejaron históricamente fuera del acceso a los recursos del Estado a la población indígena, que en el país es mayoritaria. Tradicionalmente los indígenas constituyeron la mejor y más económica mano de obra: su labor no era remunerada y una parte del año debían trabajar en las obras públicas so pena de ser considerados “vagos” por el Estado. Aquí entra en juego un factor que también forma parte de esos estados “débiles” para bregar por los derechos de las grandes mayorías, pero crudamente “fuertes” si de reprimir se trata: las fuerzas armadas. Como ha escrito el historiador costarricense Víctor Hugo Acuña, uno de los más lúcidos estudiosos de estos procesos, “los estados centroamericanos han prohijado y se han beneficiado del autoritarismo que permea toda la vida social”.
La impunidad que buscaba el organismo legislativo guatemalteco es la manifestación actual, pero siempre presente, de un poder estatal ajeno al padecimiento de una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada. Y en Guatemala hay sobradas razones para esto último. La maquinaria contrainsurgente guatemalteca, cuya intencionalidad estatal hoy resulta evidente al conocerse varios documentos oficiales, supuso una acentuada cultura de anticomunismo que ambientó los crímenes más masivos y horrendos de toda la Guerra Fría latinoamericana: fue allí donde se “inventó” la desaparición forzada masiva. Que el Congreso guatemalteco haya sido sitiado por una multitudinaria manifestación espontánea de sectores civiles representa por eso un divorcio histórico.

Rebeldía histórica
No todo ha sido tiranía en la tierra del quetzal: la rebeldía ha signado su historia. Los “motines de indios” que resistieron la conquista en el siglo XVI fueron intensos hasta el último tercio del siglo XIX, cuando los ejércitos fueron profesionalizados y aseguraron el “orden” desigual que se reseñó. Pero esa Guatemala tan sólo en apariencia distante posee un ejemplo revolucionario radical que marcó el devenir de la Guerra Fría y de las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Aquella breve pero intensa experiencia de diez años –de 1944 a 1954–, conocida como la “primavera democrática”, podría ser recuperada por las nuevas generaciones de guatemaltecos. En las administraciones de quienes fueron sus presidentes, Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, hay una referencia excepcional a imitar: en esos años los esfuerzos estatales no estuvieron dirigidos a reprimir salvajemente a la mayoría de sus habitantes. Todo lo contrario, fue una oportunidad única en la que el Estado jugó un rol decisivo para promover el cambio y bregar por la justicia social. Los gobernantes de ese entonces emplearon sistemáticamente las fuerzas del Estado para promover los grandes intereses de la nación, para reconocerle al guatemalteco su condición de ser humano y de trabajador objeto de derechos, incorporando la rica diversidad étnica del país. Guatemala vibraba entonces de fervor revolucionario, sus habitantes se sentían parte de un proyecto colectivo junto a dirigentes políticos que eran sus interlocutores.
El paro nacional del 20 de setiembre, el rol activo de la universidad, la recuperación de la asociación estudiantil y las sucesivas muestras de rechazo ciudadano a lo largo y ancho del país evidencian un hastío.
A nivel internacional la atención que ha recibido la situación actual en Guatemala ha sido limitada. En cuanto a la OEA, las permanentes consignas del secretario general han estado prácticamente ausentes con respecto a este país: fueron dos escuetos twits. Y aunque el recién llegado embajador estadounidense apoyó pública y personalmente al comisionado Velásquez, es pesada la herencia de Estados Unidos. Dos ejemplos: el involucramiento de médicos estadounidenses que probaron en guatemaltecos las reacciones que producían ciertas vacunas, y el golpe ejecutado por la CIA en 1954 para devolver las tierras expropiadas a la United Fruit, abortando la que fue su única experiencia democrática exitosa.
Urgentemente, Guatemala necesita la solidaridad latinoamericana. Aunque aparentemente lejana, quizás sea propicio recordar la breve misiva que Ernesto Guevara –quien forjó definitivamente su espíritu revolucionario en Guatemala– le escribió a sus hijos antes de partir a la que sería su última experiencia internacionalista: “sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.

Una construcción de nunca acabar…
Cindy López Samayoa
Para llegar a las comunidades de Santa Clara, Los encuentros Amachel o Centro Amachel -entre otras-, ubicadas al norte del municipio de Chajul, del departamento de Quiché, en Guatemala, hay que recorrer alrededor de 20 kilómetros desde la aldea Xaxmoxán, Chajul, por un camino de tierra, que más bien es una trocha que se encuentra en pésimas condiciones, lo que hace imposible transitarla en cualquier vehículo, por lo que se necesita uno de doble tracción, con un motor potente, incluso se deben usar cadenas en las llantas para poder avanzar por el lodo y las piedras del camino. Para andar esos 20 kilómetros se necesitan entre 4 y 5 horas.
Me consta, yo fui testigo del deplorable estado en que se encuentra esa carretera -aunque resulta irónico llamarla así-. Salimos de Xaxmoxán alrededor de las 4:00 de la tarde y llegamos a Santa Clara a las 9:00 de la noche. El vehículo en el que íbamos -uno de doble tracción- no pudo pasar, tuvimos que dejarlo parqueado en una de las casas cercanas y seguir el camino en el pick up que usualmente hace los traslados en el área. Viajamos en la parte trasera del vehículo -en la palangana-, debiendo bajarnos del mismo en varias ocasiones e ir a pie por lo peligrosos que resultaban algunos tramos del camino. La lluvia comenzó a caer e hizo el traslado aún más difícil. O quizás deba decir: nos permitió experimentar más a cabalidad lo que a los pobladores de estas comunidades les toca vivir para movilizarse.
Mi viaje a Santa Clara se enmarcó en un voluntariado para dar clases a los estudiantes del Instituto Nacional Básico por Telesecundaria -INEBT- y en una investigación académica. Es decir, yo sería una extraña de paso que, aunque tratara de insertarme en la cotidianidad de la comunidad -empezando por la vivencia en la carretera-, sabía que luego de algunos días regresaría a mi “normalidad”. Pero no quería quedarme en ser solamente una “extraña de paso”. Yo quiero contribuir al esfuerzo y la lucha que desde hace varios años estas comunidades llevan a cabo para exigirle al Estado el cumplimiento de sus derechos fundamentales, de los cuales la mayoría -por no decir todos- está desatendida o precariamente atendida.
Es por ello que a través de este escrito me uno a la denuncia que la semana pasada hicieran los representantes del órgano del Consejo Comunitario de la microrregión 6 del municipio de Chajul, Quiché a través de una conferencia de prensa en la que exigieron al Estado cumplir con una de sus responsabilidades: la construcción de la carretera que conecta entre los municipios de Ixcán y Chajul, del aquel departamento.
De acuerdo a los datos brindados en la conferencia de prensa, desde hace 13 años se está construyendo esta carretera y a la fecha aún no está finalizada, pero curiosamente, la misma sí se ha “inaugurado” en cuatro ocasiones, casi seguro previo al período de elecciones. Sí, así como se lee: una carretera no construida pero que ha sido inaugurada varias veces. Pareciera una historia de Macondo, de Les lutieres o de la Dimensión desconocida, pero no es así. Esto sucede hoy en día en Guatemala. Y esta “incoherencia” se vuelve más dramática aun cuando nos enteramos que el tipo de carretera que las comunidades están exigiendo es una carretera de tierra, balastrada, no de asfalto.
Al parecer no está claro el por qué este proyecto de carretera nunca se concluyó. Según los líderes comunitarios, la información que a duras penas les han proporcionado las instituciones estatales a las que se han abocado, es que a la empresa constructora no se le ha pagado el trabajo, pero el Gobierno ya se gastó los fondos -de nuevo remeda a Macondo-. Dicho sea de paso, un dato fundamental proporcionado en la conferencia de prensa y que no se puede dejar de mencionar, es que la empresa constructora pertenece a un diputado de dudosa reputación del Congreso de la República. Quizás esa sea la razón que lo explica todo.


Curiosamente el tramo de la carretera que está en buenas condiciones finaliza justo en la finca La Perla, en donde se ubica la hidroeléctrica Xacbal, la cual es una empresa privada. Esto me hace pensar en la coyuntura actual relacionada con el estado de las carreteras en el país -un problema histórico como muchos otros- y en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2017, recientemente realizado, con la temática: “infraestructura para el desarrollo”. ¿Desarrollo para quién? habría que especificar. Porque para citar uno de muchos ejemplos, esta hidroeléctrica privada no parece haber traído desarrollo a las comunidades del lugar, a pesar de ser la segunda más grande después de Chixoy (Reynolds, 2007)[1].
Estamos en un momento en que todos los ojos están puestos en la mala situación de las principales vías de comunicación por las que se transportan los productos de las grandes empresas, y en el que se escuchan propuestas como “privatizar la construcción, administración y mantenimiento de las carreteras”, los medios de comunicación se llenan de campos pagados manifestando la preocupación del sector empresarial porque el Estado no les mantiene las carreteras en óptimas condiciones e incluso indignados exigen la renuncia de funcionarios públicos. Como si el problema se tratara de personas, que dicho sea de paso muy funcionales les han sido en ocasiones, y no de un sistema puesto en marcha por esos mismos empresarios que no pagan impuestos, que continuamente están buscando la forma de evadirlos, que cada año entran en grandes discusiones por el aumento de apenas Q100.00 o Q200.00 en el salario mínimo -alrededor de USD30.00-, el cual es uno de los más bajos de América Latina y que finalmente no todos pagan, especialmente los cañeros, que son los que bastante uso hacen de las carreteras, pero que además sobreexplotan a los y las trabajadoras y se ingenian estrategias para no pagarles lo equivalente a lo trabajado, en otras palabras: les roban[2].
Lo que todo esto evidencia es la existencia de un Estado al servicio de la empresa privada, que solamente se ocupa de resolver y atender las necesidades de este sector que le “representa ganancias al país” -la reciente participación del Presidente de la República en el Encuentro empresarial lo confirma-, y desatiende a miles de guatemaltecas y guatemaltecos que “no le generan beneficios”. Pero ese desinterés no es casual, la desatención de las grandes masas de pobres, en especial de las poblaciones indígenas del área rural del país, tiene entre otros objetivos de trasfondo: generar mano de obra barata. Y en el caso que nos ocupa muy seguramente una suerte de venganza histórica, porque algunas de las comunidades que reclaman la construcción de la carretera son parte de las Comunidades de Población en Resistencia -CPR- de la Sierra, quienes durante los años más difíciles del Conflicto Armado Interno -CAI-, se refugiaron en las zonas montañosas cercanas a sus comunidades para sobrevivir a los ataques y la persecución de las que fueron víctimas por parte del Estado. Pero también para resistir, se organizaron para, en la medida que las condiciones se los permitían, atender de forma equitativa las necesidades de sus comunidades, llegando a alcanzar un modelo de desarrollo basado en la democracia de base (un verdadero germen de socialismo).
Así como fui testigo del pésimo estado de la carretera, uno de los principales obstáculos para el desarrollo, según lo manifiestan los pobladores del área, también fui testigo de la lucha y esfuerzos que estas comunidades realizan para mejorar su situación de precariedad, específicamente el caso de Santa Clara, la cual a pesar de encontrarse prácticamente incomunicada cuenta con el INEBT, al cual el Ministerio de Educación solamente ha asignado un profesor, quien no se presenta a sus labores como corresponde. Además tienen un hospitalillo atendido por un médico español que los visita de forma voluntaria cada seis meses, una clínica a cargo de un enfermero de la comunidad. Ante la falta de servicio de energía eléctrica y de agua potable, gestionaron paneles solares para el hospital y el laboratorio de computación del Instituto; y depósitos para la recolección de agua de lluvia.
A pesar de que la infraestructura antes descrita pueda parecer muy poca para hablar de un desarrollo humano digno e integral, es necesario reconocer que todo ello es un logro de Santa Clara, gestionado a partir de la organización comunitaria con apoyo de donaciones nacionales e internacionales. El Estado prácticamente no existe en Santa Clara y no cumple con su obligación de garantizarles a todos los y las guatemaltecas por igual el desarrollo integral de la persona, entre otras cosas, según lo mandata la Constitución Política de la República.
El Estado solamente se hizo presente en Santa Clara a través de su aparato represivo, el Ejército, cuando los reprimió, los persiguió y los mató, entonces sí fue eficiente para llevar a cabo sus objetivos, sí fue capaz de cumplir con sus “tareas”, no tuvo que recurrir a la privatización, como pareciera que quiere plantearse ahora como única solución al tema de la red de carreteras, y a muchos otros problemas histórico-estructurales no resueltos por el Estado. ¿Por qué ahora no es igual de eficiente para atender todas las necesidades de esa población? ¿En dónde está el alcalde o los diputados que los representan? ¿Cuántas veces al mes o al año se reúne con ellos para conocer sus necesidades, proponer soluciones y llevarlas a cabo? ¿Solamente una vez cada cuatro años, previo a las elecciones? En efecto, así es; y los pobladores de esta área lo tienen muy claro, saben que los políticos solamente se acercan a sus comunidades para la época de la campaña electoral, ofreciéndoles regalos a cambio de votos. La carretera en construcción de nunca acabar, es una prueba de ello.
Notas:
[1] Con una capacidad de 94 megavatios, la hidroeléctrica Xacbal en San Gaspar Chajul, Quiché, será la mayor hidroeléctrica que se construirá en los últimos 20 años, después de Chixoy. Sin embargo, los pobladores de las aldeas chajulenses cercanas a la hidroeléctrica, cuyo inicio de operaciones está previsto para 2010, señalan que el proyecto fue autorizado sin un proceso de consulta adecuado. […] el municipio de Chajul, donde se desarrolla la hidroeléctrica Xacbal, se caracteriza por sus condiciones de extrema pobreza. Una de los problemas que viven es la falta de luz eléctrica. Actualmente, la subestación eléctrica más cercana al área Ixil se encuentra en el municipio de Sacapulas, y debido a la distancia -unos 50 km de carretera-, el servicio es caro, de baja calidad y no llega más allá de la cabecera municipal, Chajul. Por lo tanto, la Mesa Regional Ixil, la cual aglutina a 36 organizaciones sociales de Nebaj, Chajul y Cotzal, […] considera una ironía que la electricidad producida por Hidro Xacbal sea para abastecer a la subestación La Esperanza, localizada en Quetzaltenango. Francisco Velasco Marroquín, de la Mesa Regional Ixil, dijo a Inforpress: «Se necesita ese servicio. Pero lo contradictorio es que se lo quieren llevar a otro lugar». El sacerdote Nicolás Gómez, de la aldea Chel, ha propuesto la creación de una subestación eléctrica en Chajul que pueda proporcionar un servicio de calidad y a un precio asequible para todo el área Ixil. Bajo esta propuesta, la electricidad sería distribuida por una cooperativa creada por la comunidad. Sin embargo, Hidro Xacbal ha rechazado la propuesta argumentando que esto representaría un costo demasiado elevado para la empresa. Ver: Reynolds, L. (2007). Construcción de hidroeléctrica Xacbal genera descontento en población Ixil. Recuperado de: http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/lr-028.htm
[2] Ver: Colussi, M. (2016). Entrevista a dos trabajadores cañeros revolucionarios en la Costa Sur de Guatemala: “Hay temor, pero debemos volver a trabajar para organizarnos”. Recuperado de:http://www.albedrio.org/htm/entrevistas/albedrio-045.html

La democracia en las calles
Sergio Ramírez
La multitud enarbola pancartas contra el presidente de la república, Jimmy Morales, y en una de ellas, donde figura su fotografía, han agregado un botón rojo a su nariz, recordando su pasado de comediante profesional de la televisión. Él tampoco parece olvidarlo, porque el año pasado, en la tarima donde presidía las celebraciones del día del ejército, se puso a marchar al son de la banda militar, a paso de tropa, frente a la mirada divertida del ministro de Defensa, general Williams Mansilla.
Otra vez la gente está en las calles y en las plazas de Guatemala en rebelión cívica, como cuando las protestas multitudinarias dieron al traste con el gobierno del general Otto Pérez Molina, obligado a renunciar junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en la cárcel acusados de corrupción.
Se avecinaban entonces las elecciones presidenciales y la escogencia de los electores vino a ser limitada. Por eso votaron por el comediante, que se proclamaba de manera altisonante ni corrupto ni ladrón, sólo para resultar al poco tiempo subido al mismo carrusel.
Su hermano Samuel y su hijo José Manuel fueron enjuiciados en enero de este año acusados de malversar fondos públicos: por medio de una empresa llamada Fulanos y Menganos SA, cobraron al Estado 564 desayunos que nunca se sirvieron, e igual número de canastas navideñas inexistentes. Armado siempre de sus extraños dotes histriónicos, el presidente compara su situación con la del general franquista José Moscardó, cuyo hijo fue tomado como rehén por las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil española, mientras él se hallaba sitiado en el Alcázar de Toledo.
Las cosas se le complicaron de verdad hace poco, cuando, en defensa de la soberanía nacional decidió declarar persona non grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, afamado por su rectitud, en represalia porque la comisión decidió investigar el financiamiento ilícito del partido de Morales durante la campaña presidencial de 2015.
La CICIG, que depende directamente del secretario general de las Naciones Unidas, y actúa de manera independiente según lo garantiza una ley de la república, tiene el impresionante récord de haber llevado más de una docena de casos judiciales, con el apoyo del Ministerio Público, en los que se han visto involucrados funcionarios gubernamentales de diversas categorías, empezando por presidentes de la república, y ha logrado someter a juicios por corrupción a unos 300 implicados, entre políticos, ministros, empresarios, diputados y alcaldes.
El panorama se ha oscurecido para el antiguo cómico. La gente salió a las calles en protesta por la orden de expulsión contra Velásquez. El canciller Carlos Raúl Morales se negó a despachar la notificación y renunció, junto con otros miembros del gabinete, y por fin, la Corte Constitucional anuló la medida mediante un amparo presentado por Justicia Ya, una organización juvenil defensora de los derechos civiles.
En una maniobra notable por su descaro, Morales logró mayoría en el Congreso Nacional para pasar de emergencia una reforma a la ley electoral que establecía como únicos responsables de casos de financiamiento ilícito ¡a los contadores de los partidos!, librando de antemano de toda culpa a los dirigentes y a los candidatos. Además, mediante otra reforma en paralelo al código penal, la condena, reducida a 10 años de cárcel, podía ser redimida con una multa.
La prisa de los legisladores no los llevó a ver que bajo esta medida de convertir la prisión en multa, resultaban beneficiados también los autores de más de 400 delitos tipificados, según declaró el Ministerio Público, entre ellos violadores de niños, traficantes de órganos, diversas variantes de homicidas, estafadores, y culpables de peculado y cohecho, quienes sólo tendrían que pagar 2 mil 400 dólares por cabeza para librarse de la cárcel. La impunidad repartida a manos llenas.
Ante la formidable presión ciudadana expresada en las calles y en las redes sociales y la protesta de organizaciones cívicas y gremios, los diputados se apresuraron a mostrarse arrepentidos. Se trataba de un error, anunciaron, que sería enmendado mediante una nueva ley. Nadie les creyó, y más bien la gente puso sitio al recinto legislativo exigiéndoles renunciar. La Corte Constitucional, sin darles tiempo a probar su arrepentimiento, anuló por unanimidad las dos reformas porque podían causar daños irreparables al sistema de justicia.
¿Faltaba algo más? La publicación electrónica Nómada descubrió que Morales recibía en secreto de parte del alto mando del ejército un bono extraordinario de responsabilidad y riesgo de 7 mil dólares mensuales, adicional a su salario de 20 mil dólares. El enardecimiento popular creció de temperatura. De inmediato, la Contraloría declaró ilegal el bono. Y el presidente, colocado ya al borde del abismo, anunció que devolvería todos los sobresueldos.
La moraleja fundamental de todos estos hechos donde se alternan el descaro, la corrupción, y la falta de respeto institucional, como si todo fuera un gran circo, es que desde las graderías la gente no se traga el espectáculo, y baja a la pista, indignada, a reclamar que se detenga la función.
La muchedumbre impidió las celebraciones oficiales de la independencia, llegando a asaltar la tarima presidencial antes del arribo de Morales. Y las protestas continuarán mientras la impunidad siga siendo defendida con trampas y artimañas, en burla de las leyes y la Constitución.
Otra buena noticia es que hay instituciones claves que rehúsan someterse. La Corte Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, son entidades vitales al funcionamiento democrático que no han sido doblegadas.
En un país tan asediado históricamente por la violencia y la descomposición como Guatemala, la rebeldía ciudadana viene a representar un activo valioso y esperanzador, del que depende el futuro institucional del país. Una intolerancia saludable que ya ha demostrado en el pasado que es capaz de atajar la rapiña y los desmanes, y puede sentar a los presidentes en el banquillo de los acusados.
La democracia, otra vez está en las calles.
La Jornada. 18 de octubre 2017

Roberto García
Doctor en historia. Profesor de la Udelar (Universidad de la República). Coeditor junto a Arturo Taracena de la Guerra Fría y el anticomunismo en Centroamérica (Flacso, 2017)
Cindy López Samayoa
Escritora, Estudió en Universidad de San Carlos de Guatemala.

Sergio Ramírez
Escritor y político. Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1986 y 1990, durante el gobierno de la revolución Sandinista. Sus novelas y cuentos le han hecho ganar numerosos premios internacionales, como el Alfaguara (1980), el Casa de las Américas (2000) o el Carlos Fuentes (2014).

Fuentes:
http://brecha.com.uy/, 13 de octubre 2017 y La Jornada, 18 de octubre 2017

El mito del “empoderamiento” de la mujer.

Por RAFIA ZAKARIA, 10 de octubre de 2017

Con solo 100 dólares puedes empoderar a una mujer en India. Esta módica cantidad, según el sitio web de la organización India Partners, le proporcionará a una mujer una máquina de coser de su propiedad, lo cual le permitirá dar el primer paso en su camino al empoderamiento.
O puedes enviarle un pollo. La cría de aves, según Melinda Gates, empodera a las mujeres en países en vías de desarrollo al permitirles “manifestar su dignidad y tomar el control”.
Si los pollos no son tu herramienta preferida de empoderamiento, Heifer International sí lo será, pues por 390 dólares le entregará una canasta empresarial a una mujer en África. La canasta incluye conejos, peces jóvenes y gusanos de seda.
La hipótesis que subyace tras estas donaciones es la misma: el empoderamiento femenino es un tema de índole económica que puede separarse de la política. Así pues, es posible que un benévolo donador de Occidente que ofrezca máquinas de coser o pollos resuelva el problema y libere, así, a las mujeres de India (o de Kenia, Mozambique o de cualquier lugar del Sur Global) de una vida de aspiraciones sin poder.
El empoderamiento no siempre fue sinónimo de paquetes de empresario emergente. Tal como Nimmi Gowrinathan, Kate Cronin-Furman y yo escribimos en un artículo reciente, las feministas del Sur Global comenzaron a incluir el término en el repertorio léxico del desarrollo a mediados de la década de los ochenta. Aquellas mujeres comprendían el “empoderamiento” como la tarea de “transformar la subordinación de género” y eliminar “otras estructuras opresoras”, así como la “movilización política” colectiva. Lograron parte de sus objetivos cuando la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995, adoptó “una agenda para el empoderamiento de la mujer”.
No obstante, a veintidós años de esa conferencia, el “empoderamiento” se ha convertido en una palabra de moda entre los profesionales del desarrollo en Occidente pero se eliminó su aspecto más relevante: el de la “movilización política”. En su lugar queda una definición limitada y contrita expresada a través de la programación técnica que busca mejorar la educación o la salud, sin hacerle mucho caso a los problemas de equidad de género más profundos. Este “empoderamiento” despolitizado es positivo para todos, menos para las mujeres a las que supuestamente debe ayudar.
Al entregar pollos o máquinas de coser, las feministas de Occidente y las organizaciones para el desarrollo pueden identificar a las mujeres no occidentales que han “empoderado”. Pueden exponer a las depositarias de sus esfuerzos en conferencias y presentarlas en sitios de internet. Los profesionales del desarrollo pueden apuntar a las sesiones de capacitación, los talleres y las hojas de cálculo llenas de “productos finales” a modo de evidencia de otro proyecto exitoso de empoderamiento.
En este sistema no caben las complejidades de las depositarias. Las mujeres no occidentales son reducidas a sujetos mudos y pasivos a la espera de su rescate.
Veamos, por ejemplo, los proyectos de avicultura de la Fundación Gates. Bill Gates insiste en que, dado que los pollos son animales pequeños que pueden criarse cerca de casa, son muy apropiados para “empoderar” a la mujer. Pero los investigadores no tienen datos de que la entrega de pollos genere ganancias económicas a largo plazo, y mucho menos de que propicie la emancipación o la equidad para la mitad de la población.
Para mantener el flujo del dinero, la industria del desarrollo ha aprendido a crear medidas que indican mejoras y éxitos. Las estadísticas de USAID en Afganistán, por ejemplo, se concentran en la cantidad de niñas “inscritas” en escuelas, aunque su asistencia sea escasa o no siempre se gradúen. Los grupos que promueven la avicultura miden el impacto de los pollos a corto plazo y el aumento transitorio del ingreso familiar, en lugar de tener en cuenta los cambios sustanciales en la vida de las mujeres a largo plazo.
En esos casos, hay una tendencia a evadir la realidad de que, sin un cambio político, es imposible eliminar las estructuras que discriminan a la mujer y de que cualquier avance que se logre será insostenible. Los números nunca mienten, pero sí omiten.
En ocasiones, las organizaciones para el desarrollo vuelven invisible a la mujer con el fin de cumplir con sus discursos. Un trabajador que se encontraba con un grupo que lucha contra del tráfico de personas en Camboya le contó a una de mis colaboradoras sobre el video que una organización occidental realizó para recaudar fondos. Cuando se preparó a una mujer para el video, la rechazaron porque su imagen no correspondía con la de la sobreviviente desamparada que esperaban ver los donadores.
Cuando las mujeres no occidentales ya tienen identidades políticas sólidas, a veces se busca eliminar esa identidad, aunque eso signifique devolverlas a los roles de los que el empoderamiento debía rescatarlas. En Sri Lanka, una exmilitar del grupo Tigres de Liberación de la Patria Tamil le comentó a una colega mía que a muchas excombatientes les habían ofrecido clases de repostería, estilismo y costura. Una funcionaria del gobierno confesó que, a pesar de los años de programas de capacitación, ella jamás había visto que ninguna de esas mujeres viviera de ejercer esos oficios.
Es tiempo de cambiar el discurso del “empoderamiento”. Los programas de las organizaciones para el desarrollo deben evaluarse con base en su capacidad de permitir a las mujeres aumentar su potencial para la movilización política, de modo que puedan generar una equidad de género sostenible.
En el escenario global, un retorno a este modelo original de empoderamiento requiere que se deje de reducir a la mujer no occidental a su condición de víctima: la sobreviviente de una violación, la viuda de guerra, la niña novia. Debemos acabar con la idea de que las metas y las agendas del desarrollo deben ser apolíticas.
El concepto de empoderamiento de la mujer necesita un rescate inmediato y urgente de las garras de quienes buscan ser los salvadores de la industria para el desarrollo. En el núcleo del empoderamiento de la mujer yace la exigencia de una hermandad global sólida, en la que ninguna mujer sea relegada a la pasividad y al silencio, ni a que sus opciones se limiten a tener una máquina de coser o un pollo.

Rafia Zakaria es columnista de Dawn y autora de “The Upstairs Wife: An Intimate History of Pakistan”.

Visto en The New York Times

Guatemala y El Salvador asestan el golpe definitivo a los matrimonios infantiles

ASIER VERA SANTAMARÍA. Ciudad de Guatemala, a 29 de Agosto de 2017.

Como si se hubiesen puesto de acuerdo, Guatemala y El Salvador se sumaron la semana pasada a otros países de Centroamérica, como Honduras, Panamá y Costa Rica a la hora de prohibir los matrimonios infantiles que aún estaban vigentes en sus respectivas legislaciones. Todo ello para poner fin a una práctica que condenaba cada año a miles de niñas a contraer matrimonio con los violadores que las habían dejado embarazadas y que llegaban a triplicar su edad.

“No hay oportunidades para nosotras. No hay trabajo, ni estudio, ni apoyo psicológico cuando a uno le pasan estas cosas”, asegura una joven de Guatemala que se casó con 15 años. “Yo digo que antes de casarse hay que pensarlo bien. No todo es color de rosa. Una nunca sabe a lo que va. Yo casi no pregunté nada porque tenía miedo”, afirma una mujer de la etnia indígena Q’eqchí que contrajo matrimonio a los 17 años.

Estos testimonios, recogidos en el informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado Me cambió la vida: uniones tempranas, embarazos y vulneración de derechos en las adolescentes, pueden ser los últimos en Guatemala de mujeres que se casaron siendo menores de edad. Sobre esta realidad de la que apenas se habla en el país centroamericano puso la lupa el director guatemalteco Jayro Bustamante en su película Ixcanul, que cuenta la historia de una joven maya de 17 años cuyos padres la obligan a casarse con el dueño de la finca cafetalera en la que trabajan.

El fin de estas prácticas será posible gracias a la decisión del Congreso de este país centroamericano de abolir de manera definitiva el matrimonio infantil tras dar el visto bueno a un decreto, que sustituye a uno anterior aprobado en noviembre de 2015, que si bien aumentaba de 14 a 18 años la edad mínima de las niñas para poder casarse, un juez podía autorizar el matrimonio de menores si habían cumplido los 16.

Ello provocó que niñas que habían sido violadas y embarazadas fueran obligadas a casarse con su agresor, tal como señala a El Mundo Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), quien cita un caso de una menor de 16 años que se casó con un hombre de 59 tras ser autorizado por un juez, dado que ella había quedado embarazada. “El juez argumenta que la niña está en cinta y que, por tanto, el bebé tiene derecho a tener un papá, de forma que no se piensa en el derecho de la menor, sino de quien está por nacer”, denuncia.

Según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP), desde noviembre de 2015 hasta el pasado 3 de agosto, se han inscrito 2.221 matrimonios de adolescentes de entre 16 y 17 años y de ellos, solo 527 correspondieron a adolescentes hombres. Mientras, se registraron 1.115 casos de matrimonios de niñas, de entre 13 y 15 años, por debajo de lo que permitía la normativa derogada, frente a los 13 protagonizados por niños de esa franja de edad.

Los padres ya no tendrán la última palabra

Situaciones como ésta son las que se trata de evitar no sólo en Guatemala, sino también en El Salvador, cuya Asamblea Legislativa aprobó el mismo día que su país vecino poner veto definitivo al matrimonio infantil, después de que los diputados eliminaran un artículo del Código de Familia, que permitía a las menores de entre 12 y 17 años casarse si estaban embarazadas o tenían hijos en común, siempre que contaran con el consentimiento de sus padres o tutores. Ello se traducía en condenar a un gran número de niñas a casarse con sus violadores quienes de esta manera evitaban su ingreso en prisión, pese a que cualquier relación sexual con una menor de 15 años es considerada violación.

Así, en este país, 22.361 menores de esa edad viven con un adulto ya sea como matrimonio o relación no matrimonial, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016. Mientras, Unicef señala que dos de cada diez mujeres que tienen entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir la mayoría de edad, lo que representa, a juicio de esta organización, un grupo “extremadamente vulnerable”, dado que los matrimonios se traducen en que las jóvenes se convierten muy pronto en madres lo que las obliga a dejar los estudios.

Sólo en Guatemala, según datos del OSAR, se han contabilizado 36.000 embarazos en menores de 17 años entre enero y junio de este año. Asimismo, el pasado año se inscribieron en el padrón cerca de 80.000 nacimientos de madre adolescente y, de ellos, 2.500 correspondían a hijos de niñas de entre 10 y 14 años teniendo en cuenta que solo está permitido el aborto terapéutico que se aplica en caso de que la vida de la madre corra peligro. Además, una de las asignaturas pendientes en este país es elevar la edad mínima para mantener relaciones sexuales, ya que en la actualidad se sitúa en los 14 años.

Guatemala y El Salvador no son una excepción en el mundo, tal como constata Unicef, que cifra en 700 millones las niñas que han contraído en el mundo matrimonio antes de cumplir los 18 años, de las cuales 250 millones se casaron antes de cumplir los 15. Avisa que “si no hay progresos”, para 2030 casi 950 millones de mujeres se habrán casado siendo niñas.

En América Latina, el 24% de las mujeres que actualmente tiene entre 20 y 24 años contrajo nupcias antes de alcanzar la mayoría de edad, si bien en Centroamérica se ha empezado a hacer esfuerzos para evitar esta realidad tras la presión ejercida por las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres y los fondos para la Infancia (Unicef) y la Población (Unfpa).

En Guatemala, el cambio más importante se produjo en 2009 cuando se modificó el Código Penal que indultaba a los violadores que se casaran con sus víctimas con independencia de la edad que ellas tuvieran. Se consideraba que con el matrimonio se salvaguardaba el “honor” de la familia de la niña, tal como recuerda la subsecretaria de la Mujer del Ministerio Público, Luisa Leiva, quien revela que solo en los seis primeros meses de este año se presentaron ante la Fiscalía un total de 3.681 denuncias por delitos sexuales contra menores.

Matrimonio infantil en centroamérica

El primer país centroamericano en aprobar una ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años fue Panamá en abril de 2015, cuyo Parlamento modificó el Código de Familia que hasta entonces permitía casarse a las niñas de 14 años y a los varones de 16, siempre y cuando contaran con el aval de sus padres. Con ello se buscaba reducir las cifras de bodas infantiles, que afectaba al 26 por ciento de las niñas menores de edad. Sin embargo, ello no ha frenado la elevada cantidad de embarazos en niñas de entre 10 y 19 años, que se situó en 5.782 casos entre enero y julio, según el Ministerio de Salud.

El siguiente país en legislar fue Costa Rica, que en enero de este año elevó a 18 años la edad mínima permitida para casarse teniendo en cuenta que hasta entonces, las personas menores de 15 años podían contraer matrimonio con el permiso de sus padres, lo que se traducía en que una de cada cinco menores ya estaba casada cuando alcanzaba la mayoría de edad.

A continuación, Honduras se sumó a estas restricciones después de que el Congreso aprobara el pasado 12 de julio un Decreto que restringe los matrimonios a quienes alcancen la mayoría de edad que en este país se sitúa en los 21 años. Hasta entonces, el Código de Familia permitía que los chicos se pudieran casar con 18 años y las niñas a los 16 años con el consentimiento de sus familias o en caso de que estuviera embarazada. De acuerdo a un informe del Fondo de la Población de las Naciones Unidas publicado en 2012, en Honduras una de cada cuatro adolescentes de entre 14 y 19 años ha estado embarazada al menos una vez. Mientras, cuenta con la segunda tasa más alta en Centroamérica de matrimonios precoces, con un 34% en niñas menores de 18, según Unicef. Solo es superada por Nicaragua, con un 41% de mujeres que se han casado antes de alcanzar la mayoría de edad en un país donde sí que está permitido a partir de los 16 años siempre y cuando haya consentimiento de sus progenitores.

Visto en EL MUNDO

Un arma contra la pobreza

Los anticonceptivos son un gran paso hacia el progreso social y el desarrollo de los países.

El mundo lleva demasiado tiempo cerrando los ojos ante un problema que podríamos resolver entre todos.

Charla de educación sexual en Bangalore (India). GETTY IMAGES 

La generación actual de adolescentes, 1.200 millones de personas, es la más grande que ha existido. Estos adolescentes, como los miembros del baby boom de posguerra en los países industrializados, tienen la capacidad de provocar una oleada sin precedentes de crecimiento económico y prosperidad en todo el mundo.

Ahora bien, aunque su futuro es prometedor, no está asegurado en absoluto. Si esta generación entra en el siguiente capítulo de sus vidas sin las herramientas y los apoyos que necesitan, es posible que veamos una avalancha de embarazos adolescentes, con consecuencias devastadoras.

En la actualidad, el 60% de las adolescentes de los países en desarrollo que no quieren quedarse embarazadas no está utilizando anticonceptivos. No los tienen a su alcance, o no los pueden pagar, o no hay nadie que los aconseje y les explique cómo actúan. Esta situación es intolerable. Para una de cada cinco, el resultado es un embarazo antes de cumplir 18 años. Las consecuencias pueden ser trágicas: son la principal causa de mortalidad de las jóvenes entre 15 y 19 años. Cuando la madre adolescente sobrevive, la vida empieza a ser más difícil. Si abandona la escuela, el camino se vuelve todavía más escarpado. Sus posibilidades de ganarse la vida disminuyen y, con ellas, las de impulsar el desarrollo de su país.

Ahora que el mundo se aproxima a un punto de inflexión demográfico y más de mil millones de menores están a punto de entrar en su edad reproductiva, no podemos permitirnos el lujo de dejar que las cosas sigan así. Y afortunadamente no tenemos por qué hacerlo. Podemos asegurarnos de que las jóvenes tengan acceso a anticonceptivos modernos, así como a información y asistencia. Podemos darles la capacidad de evitar embarazos, terminar su educación, incorporarse al mercado de trabajo y crear sus propias familias cuando les convenga.

La transformación sería increíble. Cuando la gente tiene acceso a los anticonceptivos, las familias suelen ser menos numerosas. Las mujeres tienen más libertad para trabajar fuera de casa, ganar un sueldo y contribuir a la economía. Las madres y los padres pueden dedicar más recursos a la salud y educación de sus hijos, lo cual les prepara para un futuro más productivo. Si multiplicamos esa situación por millones de familias, es fácil ver por qué los anticonceptivos son una de las mayores innovaciones contra la pobreza que jamás han existido. Son, además, una de las inversiones en cooperación más inteligentes que puede hacer un país, porque, cuando la gente puede salir de la pobreza, hay economías enteras que crecen y se vuelven autosuficientes, y la ayuda al desarrollo deja de ser necesaria.

Los países europeos están a la vanguardia en planificación familiar y pueden propiciar los avances en este sentido. La tasa de embarazos adolescentes en Europa occidental es la más baja de su historia. Las políticas públicas, la educación y el acceso a anticonceptivos de más larga duración lo han hecho posible. Los países donantes, los países en desarrollo y organizaciones no gubernamentales como la creada junto a mi marido, Bill Gates, vamos a colaborar con el sector privado para ampliar el acceso a métodos anticonceptivos modernos como los implantes y los inyectables. Nos asociaremos con el sector privado para organizar cadenas de suministro y garantizar que haya reservas cuando se necesiten.

Y, sobre todo, trabajaremos más para levantar a las adolescentes de todo el mundo y que ellas, a su vez, levanten el mundo. Nunca me olvidaré de la estudiante de bachillerato a la que conocí en Indonesia este año. Cuando le pregunté por qué quería usar anticonceptivos, me miró y respondió que era por algo que sus padres le habían dicho. “Este es un país en desarrollo”, le dijeron. “Tú tienes la tarea de desarrollarlo”. Nunca la olvidaré. Como tantas personas de su generación, quiere hacer un mundo mejor y sabe que la planificación familiar es el primer paso.

Al utilizar la ayuda al desarrollo para ampliar el acceso a los anticonceptivos, los países de Europa occidental están haciendo una inversión práctica y rentable en un futuro en el que más jóvenes puedan crecer sanas, hacer realidad todo su potencial y contribuir a la economía. Un futuro en el que los países pobres sean prósperos. Un futuro en el que 1.200 millones de jóvenes puedan trabajar con nosotros y construir un mundo mejor para todos.

Melinda Gates es copresidenta de la Bill & Melinda Gates Foundation

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
visto en EL País.

Desde MAIZCA vemos muy importante todo el trabajo que se hace sobre la planificación familiar, sólo que tiene que ir siempre acompañado de una educación afectiva sexual que garantice los valores humano. Desde esta perspectiva estamos apoyando proyectos con los adolescentes: Implementación de Educación Integral en Sexualidad a estudiantes en centros educativos nivel básico, incluyendo la capacitación de docentes y acercamiento con los padres y madres de familia, en tres municipios del departamento de Sololá (Guatemala).

Diputadas de Guatemala buscan impulsar acciones legislativas a favor de las mujeres.

Democracia y desarrollo a través de la participación política de las mujeres”, fue el título del conversatorio realizado por el Foro de Diputadas al Congreso de la República, presidido por la legisladora Sandra Morán, de Convergencia, que se realizó en el Palacio Legislativo con el fin de fortalecer las acciones de las congresistas para mejorar la calidad de vida de las guatemaltecas.

El acto fue inaugurado por el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, quien destacó la importancia de la mujer en campo de la política y de la vida cotidiana para fortalecer la democracia, con lo que se impulsa la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

A la actividad también asistió el embajador de Suecia en Guatemala, Georg Andrén, así como diputadas de varias bancadas, representantes de la sociedad civil en el tema de género e invitados especiales.

Durante la actividad se develó la placa del Foro de Diputadas al Congreso de la República, con lo cual se reconoce la importancia del trabajo que realizan las legisladoras para impulsar acciones de inclusión de las mujeres en la política, tomando en cuenta que actualmente aún es poca la presencia femenina en los gobiernos locales y en los tres poderes del Estado.

La diputada Morán dijo que durante las charlas se dio a conocer que aún hay una gran diferencia entre los salarios de hombres y mujeres, así como baja participación femenil en la política. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, solo el 25 por ciento de las candidaturas es femínea, el resto de puestos lo ocupan los hombres.

La actividad se realiza en la antesala de la celebración del primer año de la instalación del foro de diputadas, por lo cual se espera que durante los próximos meses se realicen más actividades para celebrar el aniversario. (Congreso Web, 02 jun 2017)

Visto en la web de Centro de Estudios de Guatemala en la primera semana de junio de 2017.

Con Maizca en Guatemala

El verano pasado estuve en Guatemala con mi familia, a través de Maizca. Y dentro de mi competencia estaba visitar un instituto y compartir con ellos la experiencia que cada cual tenemos.
El instituto donde fuimos se encuentra en la Aldea de Uichu del municipio de Sololá, que es un departamento de Guatemala. El tipo de Escuela es rural y se llama “Nueva Visión”. Tienen horario de 13h a 17h45′, de lunes a viernes. Las vacaciones son en noviembre y diciembre, empiezan a mediados de enero el curso escolar. También tienen una semana libre en semana santa, y en julio una semana de vacaciones.
En la clase donde estuvimos había 13 niñas y dos niños, de 14 a 15 años. Todos ayudan en la familia durante la mañana.
En el instituto había en total 85 niños y niñas. Hay un profesor por materia y las clases se daban en español; también estudiaban la lengua materna que es el caqchiquel.
No tienen ordenadores, tienen dos patios, y una biblioteca. Hacen fiestas para conseguir fondos para material escolar.
Los niños y niñas de la clase nos representaron dos baile típico con los trajes típicos, que luego nos explicaron que uno simulaba una caza y otro era un ritual de agradecimiento a la madre tierra por todo lo que nos da.
Lo que mas me ha llamado la atención es que tuvieran que ir desde tan lejos al instituto, pues una chica tardaba andando desde su casa al instituto una hora
Lo que mas me ha gustado es el baile que representaron porque tenía mucha expresividad.
Lo que menos me ha gustado es que en las vacaciones tengan que trabajar con sus padres.
Me sentí observado y algo nervioso al principio. Y al final satisfecho por realizar la tarea encomendada.
Me sorprendió los pocos recursos materiales que tienen y lo respetuoso que son los alumn@s con su cultura maya típica.
La experiencia me ha parecido una mezcla de culturas excelente.

Yo les conté mi experiencia en mi instituto: estudio de idiomas (francés con intercambio e ingles) horarios, organización por edades y forma de repetir si no apruebas. A ellos les sorprendió que no repitieran si no aprueban.
Con respecto a las comidas probé algunas y me gustó mucho las tortita de maíz, que podíamos comprar recién hechas todos los días; las pupuchas de queso, que son tortitas de maíz rellenas de queso y el pollo campero que es una franquicia como MacDonal, pero todos los productos están elaborados con pollo criollo, que está muy rico y jugoso.
Sorprendía ver tantos tipos de frutas: papaya, mango, durazno, granadilla, coco, melón, aguacates, bananos, fresas… verduras como la yuca, espinacas, calabacín de mucha variedad, los tipos de frijoles (negro, blanco, rojo, con pintitas)

También acompañamos a nuestros padres en la supervisión de los proyectos que colabora Maizca: en alfabetización, bancos comunales de mujeres, parcelas sostenibles, … impresiona lo bien organizados que están y muy agradecidos con Maizca por darles la oportunidad de aprender y colaborar en la subsistencia de sus familias.

Al viaje le pongo un nueve: medio punto se lo quito por los mosquitos en El Peten y otro medio punto por las instalaciones de las duchas y bater de la Cooperativa Nuevo Horizonte donde estuvimos.
Lo que más me ha gustado: Lago Atitlan, los volcanes y paseo en barca en los dos lagos, Atitlan y Flores, Las ruinas y selva del Tikal, pollo Campero y las personas que conocí en Guatemala a través de Maizca.

DANIEL MORA SERRANO (14 años)

Las 41 niñas asesinadas están presentes.

Por Rosalinda Hernández Alarcón

También hay que tener presente a todas aquellas a quienes se les niega una vida digna.

Guatemala, 24.04.2017 (EP) El femicidio múltiple ocurrido el 8 de marzo pasado es un hecho que no se olvida, a muchas personas dentro y fuera de Guatemala nos sigue causando un enojo superlativo. Imposible olvidar la muerte violenta de las 41 niñas y adolescentes, también tenemos en nuestro pensamiento a las que están todavía hospitalizadas en Estados Unidos, muchas de ellas dieron a conocer los abusos que sufrían y pedían vivir dignamente. Tomando en cuenta sus reclamos, tenemos muchas interrogantes que siguen sin respuesta y las escasas acciones seguidas para administrar justicia nos generan más indignación, al recordar sus testimonios que fueron ignorados.

Han pasado 45 días y todavía se desconoce el nombre de los agentes policíacos que estaban en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, supuestamente para dar seguridad a las jóvenes; se ignora qué funcionarios de alto nivel del Sistema de Protección a la Niñez tienen responsabilidad por no haber garantizado el derecho a la vida de quienes estaban bajo su resguardo; no se ha identificado a los monitores que las agredían, maltrataban cotidianamente o ultrajaron, ellas todavía en vida lo denunciaron; cuál es el estado actual de las niñas que están internas tras sufrir terribles quemaduras, las que de manera súbita retornaron a su casas sin restablecimiento de sus derechos y las que recién forman parte del número de Alertas Alba Keneth.

Conocer las historias de vida de cada una de las niñas y adolescentes asesinadas en el albergue mencionado, ayuda a conocer la problemática de las violencias que vivieron durante su corta vida, y que –por distintos motivos– un juez dictaminó que ellas debían ser resguardadas por encontrarse en una situación de vulnerabilidad de sus derechos. Eso significa que sus hogares familiares carecían de condiciones para garantizarles una vida libre de violencias, que habían sido víctimas de algún delito de trata o existían amenazas de serlo.

Al conocer algunos rasgos de la legislación que protege a la niñez y adolescencia en Guatemala, es evidente cómo los principios de la Ley contra Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas fueron violados, ya que a las 41 jovencitas quemadas se les negaron los medios para erradicar las causas de su victimización y las garantías para su reintegración en la sociedad mediante la restitución de derechos, en suma, se lesionó su estado físico y mental, hasta que les quitaron la vida.

Las voces que señalan al Estado como responsable de esta masacre femicida están convencidas que es necesario reiterar sus reclamos, por ello seguirán unificando esfuerzos para realizar diferentes actividades, entre ellas, la Jornada de Memoria por las Niñas de Guatemala el 22 y 23 de abril. Una acción iniciará a las tres de la tarde en el parque central. Uno de los pronunciamientos de las organizaciones de mujeres y feministas es: ¡A las niñas no se tocan, no se violan, no se venden, no se queman, no se matan!

Las niñas de Guatemala

Por Cristina Burneo Salazar  / @cristinaburneos

Guatemala también le duele al mundo. Cientos de ciudadanos piden justicia por la muerte de más de 40 niñas y adolescentes de un hogar estatal del municipio San José Pinula. Los abusos sexuales y físicos a los que eran sometidas les llevó a provocar un incendio como protesta. ¿Qué le dice esta tragedia al mundo?

La artista Alba Marina Escalón había creado un altar con casas para la memoria de las niñas. La gente lo ha ido modificando y recreando en el altar los hogares que debieron tener las niñas.

Estaban hacinados. Eran 807 niños y jóvenes en noviembre. Vivían en San José Pinula, en las afuera de ciudad de Guatemala. El Hogar Seguro Virgen de la Asunción es una combinación de prisión, orfanato y albergue, y solo caben 400 personas. No es un centro de acogida como se esperaría, y su funcionamiento se asemeja a las correccionales del siglo XIX que, al no considerar a los niños como seres humanos plenos, reducían sus cuidados a lo mínimo y se concentraban en el castigo. Las pequeñas, desprotegidas y abandonadas. En la historia de la pobreza y la indigencia, en donde los niños son maltratados por los Estados, las niñas viven en un estado particular de indefensión que las expone a la muerte, o a una vida más aterradora que la muerte. Tras un incendio en este albergue, hasta la madrugada del domingo 12, cuando escribo esto, han fallecido 42 niñas calcinadas o quemadas.

Nómada, medio digital de Guatemala, describió así a la población del hogar en este texto: “Algunos fueron reclutados por las pandillas para el robo, la extorsión o el asesinato. Otros cometieron la insolencia de pertenecer a una familia que los abandonó a la calle, a un padre que les pegaba hasta que un vecino llamó a la policía. A una red que las prostituía siendo niñas. A unos padres que no supieron qué hacer cuando vieron que su hijo tenía capacidades especiales. Otros nacieron allí, hijos de adolescentes violadas por sus compañeros o sus maestros o los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de la República de Guatemala”. Un lugar para los olvidados, nacidos bajo el signo terrible de la violencia. La misma violencia que los devolvía al albergue como un maldito búmeran.

Karen Ramos trabaja en este caso. Me explica: “Extrañamente, la noche del 7 de marzo los monitores abren las puertas del hogar para que salgan los niños. Se ‘escapan’ entre 50 y 60. En las condiciones en que viven estos niños, por supuesto se desatará una revuelta. Al recapturarlos los separan en grupos de hombres y mujeres, y 50 chicos son encerrados sin permiso de ir al baño. Tienen que orinar en el mismo cuarto donde pasan toda la noche. Los jóvenes dicen que vieron cuando se llevaron a sus compañeras para que fueran violadas. También tenemos la versión de que la policía tenía las llaves de los cuartos. Eso es un delito. Ellas estaban en un cuarto muy pequeño cerrado con llave que fue incendiado”.

Coincido con Karen en que la narrativa construida para este caso es una narrativa de reclusos, no de niños en estado de indefensión. “Se escaparon, los recapturaron”. “Si están en un centro de reclusión no se pueden escapar, pero se habla como si se tratara de cárceles. Sara Oviedo, relatora de niñez de ONU, visitó este centro y lo comparó con las cárceles del Holocausto. Había que cerrarlo. Ahora estamos esperando el informe del Congreso, pero hay muchos indicios de que el incendio fue provocado”.

Las niñas eran violadas, obligadas a abortar o forzadas a tener a los bebés de sus violadores. Habían sido encarceladas en un hogar en que supuestamente las protegían. Hablo también con Alba Marina Escalón, artista y traductora guatemalteca que ha construido un altar para las niñas. Alba ha acudido a la protesta del sábado 11 en la Plaza de la Constitución. Entre defensores de DDHH, ciudadanía, testigos, hay varias hipótesis, pero todas ellas desembocan en una certeza: las 42 niñas que han fallecido hasta hoy fueron asesinadas, no murieron en un accidente. Se trata de 42 feminicidios simultáneos. Los bomberos fueron notificados media hora después de desatado el incendio. Una eternidad. Una vez en la puerta, no los dejaban entrar, y un cuarto ardía en llamas con decenas de niñas dentro. Era el 8 de Marzo.

Es posible que las niñas hubieran sido encerradas en un lugar en donde había gasolina, como un taller. Hay rastros de combustible en los cuerpos, dicen, como si hubieran sido rociadas. El incendio se dio por las denuncias de las niñas, y quizás también porque dentro del hogar podría existir una red de trata: podrían haber sido prostituidas. Entre las sobrevivientes, hay nueve niñas embarazadas. Nueve. ¿Seguimos pensando que la posición provida defiende algo cuando son justamente estas vidas en estado de indefensión las que hay que proteger? ¿Qué responderán los gobiernos de nuestros países ante esto? “Han iniciado los funerales y los entierros. No se sabe si las niñas que murieron también estaban embarazadas. Yo siento que es un aborto masivo forzado provocado por el Estado, asesinaron a esas niñas para deshacerse de esos bebés frutos de la violación”, dice Alba. Su interpretación me estremece: es un exterminio.

Manifestación en Parque Central de Ciudad de Guatemala, sábado 11 de marzo.

También es una contradicción sin nombre. Unas semanas antes había llegado a aguas internacionales frente a la costa guatemalteca el barco de Women on Waves para asistir con abortos seguros a mujeres criminalizadas por abortar. El barco tuvo que irse porque estaban en riesgo: tanto el Congreso como el Ejército de Guatemala rechazaron su presencia. La posición provida de las instituciones del Estado en Guatemala deja morir a sus mujeres, como lo explica Gabriela Miranda, pero prohíbe que se les dé asistencia médica. Hay niñas que terminan en albergues donde son violadas, y cuando son embarazadas se les provocan abortos inhumanos o se les obliga, de manera igualmente inhumana, a mantener sus embarazos. Cuando llega asistencia internacional, se les prohíbe recibir atención digna.

Una muchacha muy joven decide dar su testimonio para la televisión: “Nos hicieron mucho daño. Nos pegaban, nos violaban, a mí me hicieron abortar a los 13 años: a mi nena la tiraron en el barranco. A mi otro niño no lo conozco, tiene 3 años. Nos ponían inyecciones de vaca para que dejáramos de hacer bochinche. Queríamos ver a nuestras mamás y no nos dejaban, nos violaban”. A esta muchacha la obligaron a abortar de manera brutal, pero jamás le permitirán abortar gratuitamente y a salvo. Tendremos que recordar estos testimonios y darles todo el valor que tienen: en Guatemala hubo un campo de tortura para niños y el Estado lo sabía.

Este testimonio coincide con otro que registra Alba cerca del parque central. Así me lo cuenta: “Llegó una chavita con su tío, empezaron a hablarnos. Ella había estado en el hogar por 3 meses y conocía a todas las niñas asesinadas. Nos contó de los maltratos: los mantienen drogados para dormirlos, para que no se rebelen. Cuando le preguntamos si las violaban, se queda callada y baja la cabeza”. La muchacha dice también que en el sitio había siete sectores. El 1, pandilleros, 2, migrantes, 3, prostitutas, 4, violaciones…Había un sector especial para muchachas que habían sufrido abuso sexual, pero allí dentro iban a seguirlas violando.

Por eso denunciamos, porque esta violencia es pavorosa, porque los Estados, las instituciones y el poder se ensañan cada vez más contra las niñas y las mujeres, y en esa desigualdad de fuerzas siempre estará, al fondo, la muerte. Por eso mismo tuvo lugar la revuelta de las niñas, como dice el comunicado de la red Tzk’at de sanadoras ancestrales y feministas comunitarias de Iximulex: “Las niñas se agruparon porque denunciaban malos tratos, falta de amor, falta de comida, enfermedades, violencia sexual, intentos de suicidio, olvido de la sociedad. Se agruparon porque querían vivir, porque todavía tenían sueños como otras niñas en el mundo que disfrutan en libertad y alegría”.

Queda el resto de niñas que sobrevivieron el incendio. Esta misma red ha demandado su resguardo. Estas niñas, que todavía podrían soñar, volverán un día a una sociedad que les hizo saber que no las quería, que las había olvidado y que las prefiere muertas. Cuando hablamos de despenalización del aborto, de protección a la niñez, estamos hablando de salvar estas vidas de la violencia de gobiernos provida y misóginos como ha demostrado serlo en esta tragedia el del derechista Jimmy Morales, cuyo secretario de Bienestar Social llegó a decir que las niñas de rebelaron “porque no les gustaba la comida”. Este poder siniestro es ahora una sombra que se cierne sobre todos nuestros países.

Se afirmó también que, en la fecha histórica del 8 de Marzo, las niñas se rebelaron conociendo sus derechos. No fue así, dice Karen Ramos. En efecto, se idealizó la narrativa de estos asesinatos por la fecha del incendio, pero por supuesto no deja de tener un valor sombríamente simbólico.

En el incendio de las niñas se reproduce un hecho macabro: el asesinato de las 123 obreras textileras en Nueva York en 1911. Ellas también murieron quemadas al verse encerradas en la fábrica donde trabajaban. Despierta también el incendio en donde murió la escritora Zelda Fitzgerald en Asheville: ingresada en un hospital psiquiátrico, ella y otras ocho mujeres murieron quemadas. Algunas estaban atadas a sus camas y otras, tan sedadas que no lograron escapar. Sedadas como los niños del hogar Asunción. La historia de las mujeres quemadas en hogueras, cacerías de brujas, fábricas, psiquiátricos, no es folclor. Hoy volvemos a confirmarlo de la manera más dolorosa. La muerte de estas niñas se considera en muchos sectores de la vejada sociedad guatelmalteca como una ejecución extrajudicial que va a sacudir la Historia de Guatemala y de todos nuestros países.

Pensamos que ya no nos quemarían. Pensamos que podíamos cantar “Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar”, o las nietas de las obreras, de las locas, de las descartadas. Lo cantábamos hace unos días en más de 60 países. A estas niñas sí las pudieron quemar, ellas no tendrán nietas que canten lo mismo que nosotras cantamos ahora. Esa historia en donde nos pensábamos sobrevivientes la vemos hoy, a través de las niñas de Guatemala, del otro lado, siniestro. En esa fuerza internacional que formó el 8 de Marzo debemos inscribir también este duelo. Así como fue internacional y se regó como pólvora nuestra fuerza, así también este duelo debe regarse como cenizas de memoria por las niñas de Guatemala. De la pólvora a las cenizas para resurgir una vez más, en memoria de ellas. Seguir vivas es nuestra revuelta.

Actualización:

Al mediodía del domingo 12 de marzo, Karen Ramos informa desde Guatemala según información recabada por la Comisión Nacional Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil (CONACMI): “El número de víctimas es de 58. Hasta hoy en la madrugada habían fallecido 42: 19 en el hogar y 23 en hospitales. De ellas han sido reconocidas 30. El resto aparece como XX y se requerirá un examen de ADN. De entre las sobrevivientes, hay 11 en hospitales, 4 han sido trasladadas a Estados Unidos y 3 están por ser trasladas allá. Ellas, junto con las 4 niñas que ya viajaron, se encuentran estables pero tienen el rostro desfigurado. Hay dos casos de adolescentes que no van a ser reclamadas por familiares y son de la región de Baja Verapaz. Se presume que habrá más casos así. Un total de 30 niñas han sido entregadas.”

 

Visto en La Barra Espaciadora   – 12/03/2017