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El juicio por genocidio que no terminó

El militar que gobernó el país durante un año y cinco meses, murió ayer en medio de un proceso especial para determinar su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad.

Durante el debate, el general se declaró inocente ante el Tribunal A de Mayor Riesgo.

 

 

 

 

 

 

 

 

La muerte de José Efraín Ríos Montt deja una pregunta sin respuesta: ¿Se cometió genocidio en contra de 1 mil 771 ixiles durante su gobierno de facto, entre 1982 y 1983?

El 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo, dio una respuesta temporal a esa pregunta al condenar a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de humanidad al exjefe de Estado y absolver a su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez. La sentencia duró diez días, pues la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el fallo y ordenó el reinicio del proceso. Después, la pregunta volvió a formularse y se inició un largo camino hasta una posible respuesta.

El Tribunal A de Mayor Riesgo –presidido por Yassmín Barrios– consideró que el fallo de la CC no podía ser acatado, debido a que ya se había dictado sentencia contra los acusados, por lo que enviaron la resolución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ésta decidiera el futuro del proceso.

La CSJ le ordenó a la Sala Primera de Apelaciones que desatara jurídicamente el caso, pero sus magistrados se excusaron. Otros 35 togados también se excusaron, y, finalmente, la Sala quedó integrada por Frank Martínez –actual candidato a Fiscal General– como presidente suplente; y los vocales Juan Hernández y Juan Rodas, quienes ordenaron al Tribunal B de Mayor Riesgo que diera cumplimiento al fallo de la CC, que ordenaba solo retrotraer el juicio.

El Tribunal B de Mayor Riesgo asumió el control del caso pero decidió reiniciar todo el debate, que iniciaría un año más tarde.

Recursos y senilidad

El 5 de enero de 2015 el Tribunal B reinició el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, pero la defensa del exjefe de Estado recusó a la jueza Janet Valdés, por haber elaborado una tesis sobre el delito de genocidio. La acción postergó el juicio un año más, pero en 2016 –cuando se reanudó–, los defensores solicitaron que se declarara interdicto a Ríos Montt por padecer demencia senil.

Los estudios médicos y psicológicos para determinar el estado de salud mental del militar duraron meses. Entonces, el Tribunal B ordenó que enfrentara un juicio especial para la aplicación de medidas de seguridad. Ese proceso inició el 16 de marzo de 2016, pero dos meses después, la CC ordenó al Tribunal B que juzgara a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez por separado.

Desde octubre de 2017, los militares eran juzgados cada viernes: Ríos Montt a puerta cerrada, durante la mañana; y Mauricio Rodríguez Sánchez, de manera pública por las tardes.

La próxima audiencia está prevista para el 6 de abril. El abogado Jaime Hernández solicitará la extinción de la persecución penal contra Ríos Montt. Los querellantes de ese proceso continuarán los peritajes contra Rodríguez Sánchez.

 

Por: Gerson Ortiz, publicado el 2 de abril de 2018.

Visto en:   elperiodico.com.gt

Hogar Seguro | Con cruces, flores y mensajes recuerdan a las 41 niñas.

Con cruces blancas que llevan plasmados los nombres de las niñas y ofrendas florales, recordaron a las 41 niñas que murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Diversas actividades acompañaron el primer aniversario de la tragedia en la Plaza de la Constitución. GUATEMALA

Un altar permanente en la Plaza de la Constitución en memoria de las niñas muertas durante la tragedia en el Hogar Seguro. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

 

Desde muy temprano formaron un círculo con las cruces blancas a un costado de donde se iza la bandera.

Una alfombra de pino con corozo y ofrendas florales llaman la atención de las personas que pasan por el lugar. El sonido del viento y del motor de los carros acompañan a doña Carmen Urías -madre de una de las víctimas- mientras arregla y acomoda las cruces que tiene una base de cemento.

“Soy la única madre que me mantengo aquí en el altar reparando las cruces. Estoy desde el 8 de abril. Ya hoy es un año del fallecimiento de las niñas”, dijo Urías.

Mientras doña Carmen terminaba de preparar el lugar, muchas personas se acercaron para leer el nombre de las víctimas en cada una de las cruces.

Desde la Plaza de la Constitución
En el suelo de la plaza también fueron colocados pliegos de papel, donde los ciudadanos han dejado mensajes de conciencia, exigiendo justicia y mostrando condolencias a las familias de las menores que murieron.

“Son el vuelo que nunca el olvido detendrá”, se lee en un menaje acompañado con el dibujo del rostro de una mujer, cuyo ojo izquierdo pareciera lacerado. “Estamos para hacerlas presentes siempre”, concluye.

“Amemos a nuestros hijos. Unidas hijas con mamá y papá”, dice otro de los mensajes plasmados en el papel.

Mientras doña Carmen recuerda a su hija y extraña sus abrazos contó que “la esperanza de que se haga justicia”, la mantiene constantemente en la Plaza.
“Estamos aquí siempre exigiendo justicia, porque como hemos dicho, no puede quedar impune la muerte de las niñas. Los que fueron responsables de la muerte de ellas tienen que ir a parar a la cárcel”, aseveró Urías.

Varias personas se acercan para observar el altar en la Plaza de la Constitución.
(Foto Prensa Libre: Érick Álvarez)

ACTIVIDADES
Este jueves habrá diferentes actividades para conmemorar el primer aniversario de la tragedia, entre ellas, una marcha que saldrá desde la Corte Suprema de Justicia hasta la Plaza de la Constitución, además de otras en las instalaciones del hogar donde sucedió el incendio.

Veladoras, flores y fotografías fueron colocadas a lo largo de la pared y el portón de las instalaciones del Hogar Seguro, donde hace un año se vivían momentos de angustia y dolor, al confirmarse que decenas de menores murieron carbonizadas.

Por Roni Pocón, el 8 de Marzo de 2018.

Visto en www.prensalibre.com

Promueven uso de semilla criolla

Productores intercambiaron diferentes tipos de productos

Por Angel Julajuj, el 25 Enero 2018.

Mujeres exponen semillas
ancestrales durante el foro de intercambio efectuado en Sololá.
Varios productores de diferentes organizaciones de Sololá intercambiaron semillas criollas de la región —hierbabuena, hierba blanca, piloy, distintas variedades de maíz, frijol, habas, güicoy y ejote, entre otras—, como parte de la estrategia para propagar las plantas nativas y granos alimenticios ancestrales, y así hacer frente a las semillas transgénicas.
“Los cultivos ancestrales no tienen ningún químico, lo que garantiza la salud de los habitantes. Deben ser fortalecidos porque ayudan a la nutrición de los niños y una buena alimentación a los habitantes de Sololá, para mejorar el consumo local”, indicó Teresa Guarcax, de la organización de mujeres de Sololá.
Francisco Girón, integrante de la organización comunitaria de la Cuenca del Lago Atitlán, señaló: “Es un esfuerzo que estamos haciendo con varias organizaciones que trabajan con semillas nativas o criollas, para fortalecerlas, debido a que están en peligro y forman parte de la cultura”.
Productores de Sololá, San José Chacayá, Concepción, Santa Lucía Utatlán, San Pedro y San Juan La Laguna trabajan con las organizaciones locales, en alianza con la Asociación de Mujeres Mayas Oxlajuj E, Ceiba, Ajmayon y Tz’ununya’.
“Estamos trabajando para mantener las semillas criollas, porque en nuestras parcelas debemos producir nuestras propias semillas. En las organizaciones que formamos contamos con parcelas donde mantenemos los cultivos ancestrales porque apoyan la nutrición de los habitantes”, manifestó Graciela Yaxón Guit, integrante de la organización de mujeres.
23 productores intercambiaron semillas nativas para propagarlas en el departamento.

Visto en Prensa Libre, ciudades@prensalibre.com.gt

 

Guatemala, un viaje al desarraigo.

La figura del migrante contemporáneo constituye la efeméride de la vergüenza y el residuo vivo del fracaso del sistema neoliberal.
Jose Mária Tiscar García

CIUDAD DE GUATEMALA : 3 DE ENERO DE 2018
Una cuestión sobrevuela el continente americano: qué hacer con esos emigrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que, a diario y en números que evidencian una catástrofe silenciada, tratan de cruzar la frontera norteamericana, alcanzar una mejor vida, escapar del infierno de sus lugares de origen. Algunos tienen éxito: poco se sabe de ellos. Se los traga la tierra, pasan a engrosar las listas de seres que habitan en la clandestinidad, que escapan a las estadísticas, resignados a su condición de ciudadanos sin derechos en los Estados Unidos, trabajando sin seguro, también sin descanso. Cualquier cosa es mejor que regresar. El viaje tiene como parada obligatoria a Guatemala, cuyo territorio hace las veces de embudo a través del cual el grueso de la inmigración procedente del Triángulo Norte accede a México y, posteriormente, a los EEUU. Sin embargo, gran parte de estos migrantes se ven obligados a retornar tras ser apresados por las patrullas fronterizas. En tales casos, la situación de desprotección y vulnerabilidad es aún mayor que la que sufrían cuando partieron. Esta serie de tres reportajes analiza en profundidad las odiseas de los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras.
No todos alcanzan el sueño.. El rostro de la derrota es diverso: un porcentaje muere por el camino, en su largo y peligroso tránsito a través de México y sus desiertos; los hay, las hay, que son captadas por redes de trata humana centroamericanas y mexicanas: su viaje finaliza en prostíbulos situados en la frontera guatemalteca, en campos de cultivo donde son explotados en condiciones infrahumanas, o secuestrados y hacinados en casuchas situadas en los límites norteños de la nación mexicana… Las variantes son interminables e igualmente abominables. Por último, gran parte de aquellos que se libran de todo lance y sobreviven a condiciones de extrema vulnerabilidad son apresados por las autoridades mexicanas o por patrullas dependientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Son los rostros visibles de la vergüenza, interceptados por cuerpos federales cuya prioridad, en teoría, es servir de muro de contención contra terroristas y redes de narcotráfico.
Desde 2014, tras la denominada Crisis de la Frontera –cristalizada en la llegada masiva de emigrantes centroamericanos a tierras mexicanas y estadounidenses- esta realidad se hace difícil de soslayar. Durante su primer año como presidente, las políticas implementadas por Donald Trump y su Ejecutivo reflejan datos para el espanto: la cancelación del programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés); la reducción del número de concesiones de estatus de refugiado (de los 110.000 aprobados por la administración de Barack Obama para 2017, tan solo se concederán la mitad), y el carpetazo a los estatutos de protección temporal a ciudadanos haitianos y nicaragüenses subrayan el auge de las políticas migratorias cimentadas en el rechazo. El próximo objetivo, como confirma The Migration Policy Institute, think tank estadounidense, es la decisión final sobre la posible repatriación de 263.000 salvadoreños y 86.000 hondureños, prevista para enero y mayo respectivamente.
El caso guatemalteco es distinto al de sus vecinos. Su complejidad merece un análisis detallado. Según datos publicados por la Dirección General de Migración, oficina adscrita al Ministerio de Gobernación del país centroamericano, Estados Unidos deportó a 31.421 ciudadanos guatemaltecos entre el 1 de enero y el 19 de diciembre de 2017. Según datos del Homeland Security, en 2016 la guardia de fronteras arrestó a 232 guatemaltecos por día.

La extrema vulnerabilidad del migrante de Guatemala
El incremento en el número de solicitudes de asilo guatemaltecas en los EEUU durante los últimos tres años revela el grito de la miseria. La situación no es nueva: desde principios de siglo, la llegada de “chapines” (gentilicio de uso local) a las fronteras mexicana y norteamericana ha sido constante y creciente. Ahora bien, el incremento exponencial en el número de solicitudes de asilo sí refleja un cambio de tendencia, cuya explicación es muy simple: esta vía constituye la única manera –aunque sea temporal- de poder permanecer en territorio estadounidense.
El migrante guatemalteco alega “miedo creíble”, es decir, temor a perder la vida en su tierra. Asegura huir de las pandillas -conocidas como maras, o bien escapar de las redes criminales que permean todas las capas de la sociedad. Aunque no siempre es cierto, dicho argumento constituye la única vía efectiva para poder acceder legalmente al sistema americano –o mexicano-: no se conceden asilos por habitar en la miseria. Según datos recabados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés), un total de 4.152 guatemaltecos solicitaron asilo en 2012. Cuatro años más tarde, la cifra se había multiplicado por seis. Durante los primeros diez meses del presente año, se recibieron 18.577 nuevas solicitudes. Paralelamente, las peticiones procedentes de hondureños y salvadoreños siguieron el mismo curso creciente.
A principios de octubre, Jeff Sessions, fiscal general de EE.UU., puso el grito en el cielo. Denunció que el sistema de asilo había facilitado la entrada indiscriminada de emigrantes, quienes habían “abusado” del mismo convirtiéndolo en un “billete fácil” para la entrada ilegal. En diciembre repitió su argumento, solicitando la pronta acción de las autoridades. Las cifras parecen avalar su premisa: cerca de 600.000 casos de asilo pendientes de respuesta colapsan los tribunales migratorios. Con sensibles variaciones en función de cada estado, el solicitante puede esperar entre dos y tres años a la resolución legal de su estatus. Mientras tanto, dispone de un permiso temporal que le da acceso al mercado de trabajo. Este espejismo del progreso –suspendido en la incertidumbre–, concluirá, casi con toda probabilidad, en el proceso de deportación y consiguiente retorno a Guatemala. Por eso muchos desaparecen: jamás se presentan ante el juez. Y la cifra de “inmigrantes ilegales” no deja de aumentar.

La tristeza como factor común
El escenario representa los temores recurrentes de los gobiernos estadounidense y mexicano, quienes tratan de lidiar con una ola migratoria que tiene rostro de niño, de adolescente, de mujer, de indígena, de pobreza. Un breve análisis de la historia reciente de Guatemala revela las directrices del desastre. La firma de los Acuerdos de Paz en 1996, tras 36 años de guerra civil, supuso una oportunidad real de desarrollo y la posibilidad de poner fin a injusticias sociales larvadas desde el periodo colonial. Las autoridades prometieron una batería de políticas sociales que pronto terminaría por diluirse en un feroz proceso de liberalización económica, convirtiendo a Guatemala en el país con mayor índice de desigualdad de América.
En una nación eminentemente agraria, la concentración de tierras desangra los departamentos más pobres situados en la región norte, noroccidental y suroriental. Sin posesiones, las familias se ven obligadas a alquilar pequeños terrenos en los que sembrar maíz en condiciones inasumibles. La falta de información y el desconocimiento hace que vendan su producción a precios ridículos. Tampoco están preparados para posibles plagas u hongos, y los terrenos suelen ser vulnerables a los efectos de la deforestación. Aquellos que ni siquiera pueden arrendar una pequeña parcela, suelen trabajar sin descanso por un jornal diario cercano a los 50 quetzales (7 dólares americanos). Sin reforma agraria y con el movimiento cooperativista todavía débil e incipiente, este grupo social se limita a sobrevivir. Entre los departamentos más afectados, destacan Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula y Jalapa. Todos ellos con altos niveles de población indígena.
Las políticas neoliberales trajeron consigo la llegada de industrias mineras de explotación en superficie constituidas por capitales canadienses, rusos, norteamericanos, que han provocado graves daños en los ecosistemas y contaminado múltiples recursos hídricos. Muchas comunidades indígenas se han visto condenadas al desplazamiento forzoso. Esteban Biba, fotoperiodista local, ejemplifica esta dinámica con el polémico caso de la mina de plata Escobal, situada en la región suroriental del país y operada por la compañía Minera San Rafael S.A, filial de la canadiense Tahoe Resources Inc: “Una aldea completa desapareció por la mina. Compraron el terreno y la gente no tenía títulos de propiedad, aunque vivían ahí desde hacía tiempo. Pasa usualmente en Guatemala: la gente toma un pedazo de tierra, aunque no disponga de títulos. A esta gente se la conoce como “invasores”. Después, algunas personas se fueron con familiares que tenían en municipios cercanos y, otros, sencillamente ya no están. ¡No están! ¡Se fueron! ¿Adónde? Algunos se irían a la capital. Otros, los que tuviesen algo de plata, a Estados Unidos”.
Los datos recogidos por la delegación guatemalteca del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran que la industria minera aporta tan solo el 1% de sus beneficios en concepto de impuestos. En 2012, un nuevo convenio incluyó la posibilidad de que las compañías mineras cediesen “voluntariamente” entre un 2% y un 4% más. Cálculos estimados por el Banco Central de Guatemala revelaron que, para 2017, el aporte de esta industria al Producto Interior Bruto (PIB) nacional representaría tan solo el 0,9%.
Otro paradigma de la desigualdad y la concentración de tierras lo encarna la proliferación de cultivos extensivos de caña de azúcar, palma aceitera y hule. Huelga decir que ninguno de estos productos se sitúa en la base de la dieta local. El estudio ‘Más allá del conflicto, luchas por el bienestar: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016, Guatemala’, elaborado por el PNUD, resalta cómo muchas familias del departamento de Petén y valle del Polochic, en Alta Verapaz, se han visto obligadas a vender bajo presión sus parcelas para ser incorporadas a esas plantaciones. Después, el incremento del precio del suelo les impide comprar nuevas tierras. Solo queda emigrar.
Por si fuera poco, Naciones Unidas denuncia modelos de contratación inaceptables en el sector agrario, con jornadas de trabajo de más de 12 horas y la inexistencia de garantías que protejan al trabajador. La pobreza a menudo viene acompañada de la ausencia total de derechos.
Otro polémico factor lo encarnan ciertas prácticas perpetradas por algunas compañías hidroeléctricas extranjeras establecidas en el país. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) sostiene que el 51% de la producción a nivel estatal está ligado a la actividad de las 33 centrales hidroeléctricas repartidas, fundamentalmente, por los departamentos de Santa Rosa, Alta Verapaz y Quiché, todos ellos de mayoría indígena. La construcción de algunas de estas centrales ha provocado situaciones de desplazamiento forzoso.
Los elevados precios impuestos desde el sector privado condenan a muchas familias a vivir sin electricidad: PNUD Guatemala denunció que, en Alta Verapaz -y pese a disponer del mayor número de estaciones hidroeléctricas de todo el país-, solo el 43% de los hogares cuenta con cobertura. Los conflictos suscitados por tales injusticias derivan en álgidas protestas comunitarias (con activa presencia de organizaciones ecologistas), que son reprimidas tanto por el gobierno -que históricamente ha visto las reivindicaciones sociales como actos ligados a grupos radicales-, como por las hidroeléctricas, quienes tienden a cortar el suministro en caso de discrepancias. “Si la comunidad está en resistencia contra la hidroeléctrica, ésta no les va a poner electricidad. Las poblaciones situadas alrededor del río Cahabón, o en Chixoy (Alta Verapaz) viven en una pobreza terrible. El agua les es negada y no reciben electricidad. Cuando la reciben, siempre es muy cara. No pueden encender una hornilla… los precios son absolutamente irreales comparados con los que tenemos en la ciudad”, asegura Biba.
El pasado mes de noviembre, El Salto hizo pública la participación directa de la constructora española ACS / Cobra en las obras que han provocado “la desaparición de 30 kilómetros del río Cahabón”. Las denuncias de activistas locales cobran cada vez mayor relevancia en la escena internacional. Hace dos semanas, CTXT recogía la invitación pública que Lolita Chávez, lideresa indígena guatemalteca y finalista del Premio Sajarov 2017, hacía a Florentino Pérez: “Quiero que nos conozcamos, que conozca los rostros de las comunidades que su empresa trata de eliminar en Guatemala”.
“Nos encontramos ante un Estado prácticamente fallido”, sostiene Úrsula Roldán, directora del Instituto sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, quien lamenta que “las políticas públicas son casi inexistentes”. Pese a que las cifras macroeconómicas reflejan una estabilidad ejemplar con respecto a sus países vecinos, el ciudadano no siente los efectos. Un informe publicado a inicios del presente año por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) subrayaba que el gasto público social del gobierno guatemalteco en 2016 -en donde se incluían también las partidas destinadas a proyectos de desarrollo de infraestructura pública- ascendió al 6,9% del PIB nacional: menos de lo que Costa Rica destina tan solo a su sistema educativo.
Por otra parte, la recaudación de impuestos evidencia claros síntomas de inoperatividad. La evasión continuada repercute sobre las clases más desfavorecidas, pues, en un intento desigual e improductivo por compensar la balanza tributaria, el gobierno ha incrementado los impuestos directos, con el consiguiente perjuicio a los bolsillos más precarios.

Población desatendida, carestía alimenticia
Captar las dimensiones de la pobreza resulta complicado en un mar de estadísticas poco actualizadas. El último censo poblacional se elaboró hace 15 años: se desconoce a ciencia cierta qué población tiene Guatemala (el Instituto Nacional de Estadística, INE, estimó 16 millones y medio de habitantes en 2016). Sin censos claros, no se puede efectuar un estimado fidedigno de la crisis migratoria, coyuntura que el Gobierno aprovecha. Durante los primeros 11 meses de 2017, las remesas procedentes de EEUU ascendieron a 7.471.908 millones de dólares, más del 10% del PIB nacional. Este dinero hace girar la rueda del gasto cotidiano, pero rara vez se destina a inversiones o a la creación de negocios locales. Es la perfecta combinación de la ausencia de responsabilidades públicas: el Estado no tiene que preocuparse de atender a los que se marchan, pero tampoco a sus familias, que sobreviven del sudor del que ha emigrado.
En cualquier caso, las remesas no consiguen aliviar los alarmantes índices de pobreza del país. La última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada por el INE en 2014, indicó que el 59% de la población indígena pertenecía al estrato social más bajo (con idéntico porcentaje entre la población rural). Este grupo resultó ser el más damnificado por los efectos de la pobreza: más de la mitad vivía en condiciones de hacinamiento, una quinta parte no tenía acceso a recursos de agua potable y el 76% de los mayores de 25 años no contaba con estudios primarios.
Además, el 72% de las familias indígenas percibieron ingresos inferiores al precio de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). “Esto no incluye entretenimiento, sino comida”, aclara Biba. “A veces no es muy nutritiva. En el último informe sobre la canasta básica alimentaria se agregaron las sopas instantáneas porque la gente las consume. Eso es sodio y colesterol, pero ya está en la canasta básica del guatemalteco”.
Entre la población no indígena -asentada en su mayoría en áreas urbanas-, el riesgo mayor es la exclusión social, y el peligro de habitar en entornos dominados por redes criminales y pandillas. Un estudio patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional subraya el “patrón constante” de asesinatos que asola el país, aunque el fenómeno de las pandillas, a diferencia de Honduras y El Salvador, se limite solo a “áreas muy urbanas”. “El problema de la violencia es estructural”, afirma Úrsula Roldán, investigadora de la Universidad Rafael Landívar. “Lo venimos viviendo desde que tengo memoria, desde el conflicto armado. Hablamos de comunidades indígenas, marginalizadas, explotadas, discriminadas”.
Por último, para terminar de comprender la oleada migratoria se hace preciso reparar en la cicatriz histórica que define ciertos rasgos del carácter patrio. La cosmovisión e idiosincrasia nacionales han sufrido profundos daños debido a la herencia de un maltrato cíclico generalizado, los estragos de la guerra civil, las inequidades sociales, las constantes violaciones de derechos humanos, el sostenimiento de una estructura anclada en el machismo, el rechazo a la apertura de pensamiento en una sociedad extremadamente conservadora y patriarcal y el continuo abandono político. Estos factores, ligados a la histórica tendencia migratoria hacia los EEUU, han larvado en el pueblo (y con mayor intensidad en las clases más desfavorecidas) una suerte de pasividad ante las injusticias o peligros nacionales, la desintegración de posibles respuestas organizadas y, en contraposición, la proliferación de episodios de violencia que suelen concluir en muertes o en el abandono del país.
Las cifras de la vergüenza
“Yo diría que tenemos, aproximadamente, 250 puntos ciegos en la frontera por los cuales el guatemalteco puede cruzar hacia México”, explica a CTXT Carolina Escobar Sarti, directora nacional de la ONG Asociación Alianza Guatemala: “Desde EEUU, y también desde nuestro país, empieza a haber iniciativas legales que tienen que ver con la criminalización de los “coyotes” (figuras que dirigen a los emigrantes –previo pago de altas sumas de dinero- a lo largo del trayecto migratorio). Creo que se empieza a poner el ojo en ello, a pesar de que no son los únicos. Tendríamos que hablar de todo un sistema estructurado, de agentes fronterizos que colaboran…”.
Lo cierto es que no suele migrar quien lo desea, sino el que consigue el dinero para hacerlo. Si el interesado decide “contratar” los servicios de las redes ilegales establecidas, deberá abonar cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 7.000 dólares. Biba detalla los pormenores de esta práctica: “Ellos (los coyotes) alientan a las personas a emigrar. Les dicen: ‘Oye, yo te presto el dinero’, o ‘me das una parte y, cuando estés en allí, la otra’. Puede darse la modalidad de que las familias se queden como garantes de la deuda: de una forma u otra devolverán lo prestado. Si la persona llega a EEUU, empezará a trabajar y a saldar su cuenta con el traficante. Si no, regresará con esa deuda y tendrá que negociar por otro “préstamo” o pagar el anterior.
Es más que probable que el migrante sea interceptado y repatriado por las autoridades mexicanas o estadounidenses. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el segundo mandato de Obama se saldó con 207.092 guatemaltecos deportados. La suma encaja con los cálculos de la Dirección General de Migración del país receptor, quien informa de 28.417 nuevas deportaciones durante 2017 (desde el 1 de enero al 19 de diciembre). Por el contrario, la concesión de asilos es residual: entre 2012 y 2015 (última fecha de actualización de este dato) se otorgaron tan solo 3.486.
Pero EEUU no lidera esta triste clasificación: México triplicó la cifra de deportaciones guatemaltecas entre 2012 y 2016, sirviendo de barrera de contención. Un nuevo planteamiento se cierne sobre el emigrante: desde que Trump entró a la Casa Blanca, hay quien comienza a considerar el territorio mexicano como lugar de destino y no de paso. El asilo, una vez más, se erige como alternativa de arraigo, esta vez con mejores resultados. En 2017, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se presentaron 10.262 peticiones de asilo. De éstas, 3.224 lograron concluir con todos los trámites. El 42% recibió una respuesta positiva de las autoridades mexicanas.

El aciago devenir del retornado
Sobre los que regresan pesa el silencio. La desdibujada vida del deportado adquiere tintes dramáticos ante la ineficacia de un Estado ausente. Quedan relegados a su propio infortunio.
En su trayectoria como reportero para Nuestro Diario –periódico guatemalteco–, Esteban Biba cubrió cientos de vuelos de retornados procedentes de los EEUU. Conoce de primera mano los procesos burocráticos y denuncia a CTXT la inoperatividad de las autoridades públicas.
“El perfil del emigrante varía. Algunos regresan tras 20 o 25 años fuera; se los puede identificar por su confusa mirada dirigida al paisaje, los edificios, las calles irreconocibles. Las causas de sus regresos suelen ir ligadas a escenarios de violencia intrafamiliar. Otras veces, tan solo por haber sido detenidos conduciendo sin licencia. También están aquellos que iniciaron su periplo migratorio ilegal recientemente y fueron apresados. Ambos colectivos intentarán regresar a toda costa. Unos para recuperar sus vidas; otros para comenzar a construirlas”.
Biba afirma que a menudo llegan dos vuelos diarios repletos de emigrantes al Aeropuerto Internacional de la Aurora, en Ciudad de Guatemala. Tras descender del avión son conducidos a una sala donde se les da algo de comer (el refrigerio suele consistir en un jugo, galleta y sándwich). Allí reciben un discurso motivacional de diez minutos y les son devueltos los cordones de sus zapatos y cinturones. A lo largo de la sala se sitúan diversas mesas presididas por funcionarios públicos. La primera de ellas entrevista a los recién llegados para comprobar si son guatemaltecos (muchos hondureños y salvadoreños mienten para evitar regresar a sus países), al tiempo que supervisan posibles cuentas pendientes del recién llegado con la justicia local. De ser el caso, son encarcelados.
En otra de las mesas, un funcionario del Ministerio de Trabajo les facilita un formulario que recoge su educación, habilidades y oficios. “No conozco a un solo migrante que haya sido ubicado en un trabajo por este sistema”, lamenta el periodista. Muchos optan por no apuntarse.
Un tercer espacio ofrece préstamos bancarios oficiales adaptados, en teoría, a las condiciones de esta población. Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deben recibir el respaldo económico de sus familiares. “Tampoco conozco a un solo emigrante que haya usado un préstamo de éstos”, prosigue Biba. “Después de todo este proceso, para mí fútil, suele haber un bus que los transporta a una terminal en la capital, porque la mayoría son de provincias. Cuando llegan, se les concede una llamada a cada uno para que, si pueden, llamen a un familiar e informen de que regresaron, o para conseguir un taxi… lo que puedan hacer. Y básicamente ahí termina la ayuda del Estado a los migrantes. ¿Seguridad laboral? Para mí, cero. No hay un método, un programa… más allá de eufemismos”.
La mayor parte de estos emigrantes regresa a casa de algún familiar. Los que ya no cuentan con ninguno en el país, van a parar a pensiones baratas de 40 quetzales por noche (4,58 euros). Las dos Casas del Migrante, emplazamientos sufragados por el Estado y situados en Guatemala y Tecún Umán (departamento de San Marcos), deberían, en teoría, cubrir las carencias de esta población, pero no dan abasto; los pocos beneficiados reciben servicio durante escasos días. Las iniciativas de la iglesia católica y aquellas promovidas por distintas oenegés sustituyen, en gran medida, a los débiles esfuerzos públicos, pero siguen siendo insuficientes. No existen planes de acceso a vivienda pública. Tampoco se da seguimiento a quienes afirman sentirse amenazados por pandillas. La desprotección es integral.
Quienes vivieron en EEUU durante años cuentan con la ventaja de dominar la lengua inglesa. A veces consiguen ser empleados por compañías norteamericanas de ‘call centers’ (centros de recepción de llamadas), donde, tal y como reveló la investigación del periodista Jonathan Blitzer para New Yorker, atienden las llamadas del país que los deportó.
A las dificultades logísticas y de capital debe añadirse la ruptura del tejido social del emigrante. Aquello que le ligaba a sus comunidades -sus amistades, gustos y aficiones compartidas- se halla ahora violentado. Este hecho afecta especialmente a los menores de edad.

Infancias rotas
Una mayor sensibilidad en las edades tempranas provoca que las diferencias entre los niños y niñas retornados y sus comunidades de origen se acentúen. Los hay que han vivido toda su vida en los EEUU y no recuerdan nada de su tierra, incluso presentan deficiencias al hablar español. Culturalmente ajenos a sus “nuevas” comunidades de origen, sufren de aislamiento y rechazo; la sociedad los considera como parias.
Biba deshoja otra dolorosa experiencia periodística de la que fue testigo en 2015: “Era una familia compuesta por una madre y sus tres hijas. Retornaron todas. Dos de las niñas habían nacido en Guatemala. La tercera era estadounidense, pero el juez decidió que se fuera con la madre porque, según él, había que mantener el núcleo familiar. Cuando regresaron se establecieron en la casa de un familiar lejano, en Chimaltenango. Vivían secando frijol, dormían en un cuarto que les dejaron y sufrían de inseguridad alimentaria. Las niñas se sentaban en el patio mirando al vacío o revisando sus fotos de EEUU. Cuando fui a verlas, sufrían un total desapego por parte de la comunidad”.
Los menores que regresan solos pasan a ser responsabilidad del Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia. Constituyen los casos de mayor complejidad. Este organismo estudia la viabilidad del retorno al núcleo familiar. Si no es posible, es enviado a organizaciones como Casa Alianza o Refugio de la Niñez. Carolina Escobar asegura que, más allá de algunos programas sociales como “Guate te Incluye” o “Bienvenido a casa”, el Estado carece de políticas que cubran sus necesidades. Cuando las oenegés no pueden hacerse cargo del menor, este queda totalmente descubierto: “Políticamente no tienen peso, porque ni los pequeños ni los adolescentes votan”.
Quienes quedan fuera de toda protección corren el riesgo de regresar a entornos de violencia, quedar apartados del sistema educativo, ser captados por las pandillas o las distintas redes de trata humana, o bien verse relegados a una vida de miseria en los asentamientos urbanos levantados en la periferia de las ciudades.
“Estamos al límite” -asegura Escobar-. “Hay un divorcio evidente entre la ciudadanía y la clase política. Actualmente se está produciendo una depuración a nivel estatal, pero es pronto para conocer resultados. Si empezamos a sacar la corrupción de la casa, a inyectar plata para las políticas y los programas sociales, yo creo que, de diez años en adelante, estaremos hablando de cambios realmente profundos. Si no lo hacemos… no sé qué va a pasar”.
A corto plazo, el flujo migratorio solo parece haber contenido su impulso tímidamente a la espera de futuras políticas migratorias norteamericanas. En el país con el “menor índice de recaudación tributaria en comparación al tamaño de su economía” de todo mundo -tal y como afirma el Banco Mundial-, la mejora de las condiciones de su pueblo se antoja casi una quimera. El testigo pasa a esos cerca de dos millones de guatemaltecos que, desde la nación americana, envían remesas a sus familias y postergan el derrumbe anunciado de una Guatemala que se duele de sí misma, como si el pulso de su historia “le hubiera podrido la sangre”.

Visto en: Público
http://ctxt.es/es/20180103/

Las indígenas de Guatemala pueden poner en problemas a las multinacionales de la minería.

El precedente que podría sentar el desafío legal de estas indígenas maya kekchí asusta a los grandes intereses mineros de Canadá

∗Piden responsabilidad a la matriz canadiense por los ataques, desalojos forzosos y violaciones cometidos por la filial local

 

En el piso 20º de una torre de oficinas en el corazón del distrito financiero de Toronto, la falda tejida a mano y la blusa rosa brillante y bordada de Irma Yolanda Choc Cac contrastaban con los trajes de los abogados que la escuchaban describir el día más difícil de su vida. Era la primera vez que Choc Cac salía de Guatemala.
La historia que ella y otras 10 mujeres mayas kekchí habían ido a contar estaba en el centro de un enfrentamiento legal entre los pueblos indígenas y una corporación multinacional que podría sentar un importante precedente. Un desafío que tiene asustada a la gigantesca industria minera de Canadá.
Su caso se centra en demandas por hechos ocurridos en 2007, cuando las mujeres dicen que cientos de policías, militares y empleados privados de seguridad vinculados a una minera canadiense bajaron a la apartada aldea de Lote Ocho, en el Este de Guatemala.
Según los documentos judiciales, los empleados de seguridad habían incendiado unos días antes docenas de hogares para forzar a los aldeanos a abandonar sus tierras ancestrales.
Violaciones sistemáticas
El 17 de enero los hombres estaban en los campos ocupándose de los cultivos de maíz y cardamomo. Las mujeres habían quedado solas. Las 11 dicen haber sido violadas repetidamente por los hombres armados. Cuando fue secuestrada por los hombres, entre los que había uniformados, Choc Cac estaba embarazada de tres meses y acompañada por su hija de 10 años. Doce hombres la violaron, dijo. Más tarde sufrió un aborto espontáneo.
Las mujeres vinculan la violencia con la cercana mina Fénix, una de las reservas de níquel más grandes de Centroamérica, y con la subsidiaria guatemalteca que supervisaba las operaciones. En ese momento, la filial estaba controlada por Skye Resources, con sede en Vancouver. En 2008, Skye fue adquirida por Hudbay Minerals de Toronto, que en 2011 vendió la mina a una empresa rusa.
Un equipo de abogados de Toronto utilizó la conexión canadiense para presentar demandas civiles contra la matriz en Canadá posteriormente adquirida por Hudbay. El argumento es que la matriz fue negligente a la hora de controlar lo que hacía su subsidiaria guatemalteca.
Estas demandas podrían convertirse en un precedente legal para sortear un obstáculo que los defensores de los derechos humanos enfrentan desde hace mucho: la aparente desconexión jurídica entre las multinacionales y las filiales que operan a nivel local en otros países.
Según el abogado Cory Wanless, de Klippensteins Barristers and Solicitors (el bufete de Toronto que representa a las mujeres), “estos son algunos de los primeros intentos en la historia legal de Canadá de hacer parcialmente responsable a una compañía minera canadiense por los espantosos abusos cometidos en otro país contra los derechos humanos”.
Un largo proceso
El novedoso enfoque ganó su primera victoria en 2013, cuando un tribunal de Ontario rechazó una solicitud de Hudbay para que se desestimara el caso. Fue la primera vez que en Canadá se concedió acceso a los tribunales a demandantes extranjeros para perseguir a empresas canadienses por presuntas violaciones de los derechos humanos en otros países.
Las mujeres guatemaltecas viajaron a Toronto en noviembre para la fase de instrucción, contestando durante horas a las preguntas de los abogados de la compañía minera. “Es difícil sentarse y enfrentarse a ellos”, dijo Choc Cac a través de un traductor (sólo habla kekchí).”Sentarse frente a los que nos causaron este dolor a mí y a mi comunidad”. En un momento del interrogatorio, se desmayó. “Porque recordarlo todo es como volver a vivirlo todo de nuevo”, explicó con lágrimas en los ojos.
La demanda de las mujeres es una de las tres interpuestas por la comunidad contra Hudbay en Ontario. Las otras dos relacionan a la compañía con la muerte en 2009 de Adolfo Ich Chamán, un activista local, y con un tiroteo que dejó paralítico a un hombre de 28 años. Ninguna de las acusaciones ha sido probada en los tribunales.
Hudbay cuestiona las acusaciones y dice en su página web que los desalojos se llevaron a cabo antes de que ellos tuvieran vinculación con la mina. Según la compañía, los desalojos ordenados por los tribunales y respaldados por el Estado se llevaron a cabo sin incidentes y el personal de seguridad de la mina no estuvo presente.
“Las demandas son por acusaciones muy serias que no reflejan la forma en que operamos”, dijo la empresa Hudbay a the Guardian. La naturaleza sensible de las acusaciones puede hacer que para algunos sea difícil reservarse la opinión, dijeron también. “Sin embargo, esperamos que la gente acepte que los hechos están en disputa, el asunto está ante los tribunales y podemos confiar en que nuestro proceso legal entregue una decisión justa basada en pruebas y testimonios reales”.
El caso está siendo seguido de cerca en todo Canadá, donde tiene su sede más del 50% de las empresas mineras con cotización en los mercados mundiales. Según los datos del gobierno canadiense, estas 1.500 compañías tenían intereses en 8.000 propiedades y más de 100 países alrededor del mundo en 2013.
“Todas las decisiones cruciales de empresas, inversores y políticos que resultaron en estos graves daños y violaciones fueron tomadas en Canadá. Este problema es nuestro. Es un problema muy canadiense”, dice Grahame Russell, de la ONG Rights Action.
Canadá controla la minería latinoamericana
De acuerdo con un informe de 2014 del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, las corporaciones mineras canadienses controlan entre el 50% y el 70% de la industria minera latinoamericana, lo que las sitúa en la primera línea de un sector tradicionalmente vinculado con violaciones de los derechos indígenas y con la falta de cuidado por las reservas naturales. Las Naciones Unidas también han criticado a las empresas mineras canadienses, y pedido a las autoridades que regulen mejor el sector.
Para Wanless, es poco probable que las demandas contra Hudbay lleguen a los tribunales durante años. Pero ya sirvieron para allanar el camino en casos similares, incluyendo una impugnación legal que vincula a una empresa con sede en Vancouver acusada de esclavitud moderna.
“Estamos realmente esperanzados de que este sea el comienzo de una tendencia”, dice Wanless. En su opinión, la fuerza y el valor de las 11 mujeres detrás de la demanda han dado lugar a un nuevo precedente que podría cambiar el comportamiento de las empresas en todo el mundo. “Lo bueno es que envía un mensaje a todas las demás compañías mineras: si algo como esto sucede mientras usted estaba a cargo, puede ser demandado. Estas guatemaltecas vinieron a Canadá y cambiaron nuestra ley para mejor”.
Traducido por Francisco de Zárate

Visto en eldiario.es

Estos puntos son donde las mujeres sufren más acoso sexual en la ciudad de Guatemala

   Un estudio divulgado el miércoles de esta semana estableció que en seis espacios públicos de la ciudad de Guatemala las mujeres son más vulnerables a ser víctimas de asedio sexual. Además, el informe determinó que el 100 por ciento de las entrevistadas han sufrido alguna vez de acoso.
El estudio, elaborado por ONU Mujeres Guatemala y la Dirección Municipal de la Mujer de la comuna capitalina, midió por primeva vez el acoso sexual y sus diversas formas de manifestación.
Las mujeres que se movilizan en el transporte público de pasajeros son las más propensas a ser víctimas de asedio sexual, revela un estudio.
Estos son los resultados que muestran los puntos en donde se da más este flagelo:
48% en autobuses
14% en las estaciones
12% en parques
11% en calles
8% en pasarelas
7% en mercados
Las mujeres jóvenes representan el 74 por ciento de víctimas de acoso sexual. Las adolescentes son el 30 por ciento, niñas el 27 por ciento y estudiantes el 17 por ciento.
El informe detalla que en la capital, cinco de cada 10 mujeres se sienten inseguras al caminar sola por la ciudad durante el día. También se estableció que siete de cada 10 consideran que no deben tener limitaciones para caminar por las noches en la vía pública.
De estos tipos de acoso hablaron las mujeres en el estudio:
29% comentarios sexuales por apariencia y cuerpo
18% tocamiento del cuerpo
17% roces
10% silbidos
9% miradas lascivas
6% exposición a masturbación
5% exhibición de genitales
3% fotografías de su cuerpo
2% besos al aire
2% bocinazos
2% acecho
Preocupación
“Los hallazgos de acoso sexual en la capital son evidencias de alarma para implementar acciones. Hay que diseminar los resultados de asedio hacia las mujeres y hacer seguros los autobuses con urgencia”, señaló la representante de ONU Mujeres Guatemala, Adriana Quiñones.

El estudio reclama que los espacios públicos de la capital deben ser más seguros, adecuarse a la convivencia pacífica y lugares de respeto.
Quiñones indicó que los sistemas de transporte deben promover una cultura de respeto y denuncia para erradicar el acoso.
La directora Municipal de la Mujer, Onelia Roca Álvarez, expuso: “Le apostamos a la transformación cultural de cómo vemos los temas. Trabajamos para erradicar la cultura machista en nuestra sociedad por medio de una relación de igualdad entre mujeres y hombres, y no de poder”.
La activista Victoria Novoa Buitrago advirtió que los resultados del estudio muestran que las mujeres viven en medio de una sociedad machista.
“Estas cifras demuestran una realidad muy grave, las mujeres de la ciudad de Guatemala no pueden ejercer libremente su ciudadanía. Hay doce horas al día que están vetadas, la noche está vetada para la mayoría de mujeres por inseguridad”, criticó Novoa Buitrago.
En el desarrollo del estudio participaron 250 mujeres de siete zonas de la capital que respondieron encuestas y fueron entrevistadas. El proyecto también fue apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

visto en Prensa Libre el 11/12/2017.

Conociendo MAIZCA

Zuriñe Perales ha sido estudiante del Máster de Agroecología en Baeza. Ella es de Navarra y conoce nuestra ONGD a través de su amiga que es socia de Maizca en la Rioja. Ella estaba muy interesada en conocer los proyectos que teníamos en Sololá (Guatemala) y Francisco, nuestro coordinador de proyectos allí, se mostró encantado de recibirla.
A la vuelta de su viaje nos mandó un escrito y varias imágenes para que conociéramos como le fue su experiencia:

Conociendo Maizca:

El 10 de Agosto llegamos a Sololá prontito, el autobús local y la ciudad era un caos. Se iba a celebrar el desfile de las escuelas y había mucha gente por las calles vestidas con sus mejores galas. Fue un lujo poder ver a tanta gente por la calle. Francisco se retrasó un poco, pero finalmente llego ya que el desfile había paralizado el tráfico. Primeramente fuimos a la oficina de Maizca, donde pudimos charlar un rato con Carmen, la encargada de trabajar con el tema de mujeres, ésta nos contó que estaban ayudando a algunas mujeres dándoles micro créditos y apoyo técnico para que pudieran producir su propio alimento.
Nos despedimos hasta la hora del almuerzo y nos dirigimos primeramente a conocer la finca de la familia de Luis, el chico que actualmente trabaja con Maizca en un proyecto de semillas, y es él quien les da apoyo técnico a las diferentes familias que son ayudadas por la ONG. En esta finca a parte de realizar un manejo orgánico, tienen una pequeña parcela destinada a realizar diferentes experimentos de permacultura, además Luis está tratando de recuperar y mejorar alguna semilla autóctona en un pequeño semillero. Nos contaron que estaban tratando de recoger el agua de lluvia pero que hasta la fecha no lo habían conseguido.
Con el tiempo justo nos dirigimos a conocer a Erasmo, el manejo de esta finca es totalmente opuesto a lo que vimos en la de Luis. Este señor realiza mucho monocultivo de tomate y aguacate pero quiere transformar su manejo a orgánico. Es interesante desde el punto de vista de que quiere realizar lombricompost y luego venderlo, este podría luego enseñar como se hace a otras persona. Por otro lado le gustaría crear una red de productores de aguacate para ayudarse en la comercialización entre otras cosas. Maizca no colabora con él pero la visita sirvió para que se conocieran Francisco, Luis y el agricultor.
Con el estomago vacío regresamos a la oficina y la familia de Francisco nos deleitó con una comida típica riquísima y nos contaron muchas cosas sobre Guatemala, fue realmente agradable y estamos realmente agradecidos por su hospitalidad.
Con un pelín de modorra nos dirigimos a conocer a la señora María. Esta mujer apoyada por Maizca se dedica a plantar todo lo que puede. Su finca es un vergel en el que hay todo tipo de frutales y hortalizas. Fue muy interesante poder conocer a una mujer tan rural y al mismo tiempo autónoma, estaba muy empoderada.
Para finalizar el día fuimos a conocer a una señora que forma parte de un grupo de mujeres que cultivan hortalizas. Parte de la producción la venden y otra es para consumo propio. Resultó interesante conocer la realidad de las mujeres en Guatemala y las dificultades a las que como mujer agricultora se enfrentan.

Cansados pero contentos por las historias de vida que habíamos conocido, nos fuimos a Panajachel a coger fuerzas para el próximo día.
Al día siguiente amanecimos contentos y pensando en lo que nos esperaría otro día con Francisco. Llegamos en autobús a Sololá y de nuevo había desfile, hay que decir que este día no nos sorprendió tanto. Francisco nos recogió y nos llevo a conocer a una familia que cultivaban hortalizas en un pequeño huerto y estaban montando un pequeño parquecito en el bosque con algún juego en los árboles y columpios divertidísimos, con el fin de acercar a l@s niñ@s a la naturaleza y más concretamente al bosque. Nos dieron un zumo de durazno riquísimo y nos dirigimos a conocer la última experiencia que para nosotros fue la más interesante.

El la última finca que visitamos producen hortalizas y tienen algún frutal. El manejo es orgánico y tienen animales que les dan alimento y les ayudan a cerrar el ciclo. El agricultor ha formado a mucha gente que se acerca por la finca. Nos sirvieron un almuerza exquisito.
Una vez terminadas todas las visitas, Francisco nos llevo a coger el autobús que nos llevaría a Cichicastenango.

Poder conocer el medio rural Guatemalteco ha sido todo un lujo. Estamos muy agradecidos con Maizca y concretamente con Francisco por la oportunidad que nos han brindado. En nuestras visitas pudimos conocer algunos problemas a los que estas personas se enfrentan. Están muy interesados en recoger agua de lluvia para poder producir alimentos en la época seca, ya que en la época lluviosa cae mucha, pero no son técnicamente capaces de almacenarla. Por otro lado, quieren poner en marcha un banco de semillas y no saben como hay que guardar las semillas para que duren varios años. Comentamos que sería interesante que las mujeres puedan reproducir su propia semilla para que no sean dependientes del apoyo de Maizca así como sus propios pollitos, pero detectamos que no saben hacer un semillero y los pollitos se les mueren porque no hacen vacíos sanitarios.
Se me ocurren algunas ideas que podían llevar a cabo para lograr un manejo más eficiente. Me gustaría saber, si os parece bien que les hagamos llegar alguna propuesta para mejorar el manejo y poder poner en marcha el banco de semillas, que posteriormente van a ser duplicadas en la finca.
Gracias por todo y cualquier cosa que quieras comentarme estoy a vuestra disposición, un beso

Zuriñe Perales
Agosto de 2017.

Desde Maizca queremos dar las gracias a Zuriñe por su participación y aportación a este trabajo, pues entendemos que toda colaboración e intercambio es muy valioso.

Guatemala: El estallido de la indignación popular. Dossier

Roberto García

Cindy López Samayoa

Sergio Ramírez

17/10/2017

Contra la corrupción y por la dimisión de Jimmy Morales
Roberto García
Mientras las cúpulas políticas buscan blindar su impunidad, crece en Guatemala un movimiento popular rico y diverso que exige un fin a la corrupción y la dimisión del presidente, Jimmy Morales. Una multiplicación de manifestaciones, el asedio al Congreso nacional y un paro general que llevó a un cuarto de millón de guatemaltecos a las calles capitalinas han marcado un quiebre en un país donde las atrocidades de la maquinaria contrainsurgente habían generado una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada.
El pasado 25 de agosto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó a Nueva York para entrevistarse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Oficialmente, el mandatario parecía interesado en tratar con él temas relativos a la actual situación en los países del triángulo norte de Centroamérica, su impacto entre los migrantes y el flujo de refugiados que generan problemas de “seguridad”. Sin embargo, las preocupaciones de Morales eran de índole doméstica y sobre todo particulares: deseaba evitar ser investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad que actúa desde hace una década en el país a raíz de un acuerdo entre Guatemala y la ONU. Según ha trascendido, las pruebas de la CICIG eran tan contundentes como las que habían propiciado la destitución del anterior presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Rossana Baldetti, dos años atrás. Desde entonces estos últimos se hallan en prisión por un grave delito de defraudación tributaria sistemática al Estado guatemalteco.
Por el momento, el caso de Morales difiere de los anteriores: solamente es acusado de recibir “financiamiento electoral ilícito” proveniente de “aportes anónimos” que no declaró y ocultó a las autoridades electorales durante su última campaña por la presidencia. En Centroamérica ese tipo de aportaciones suelen estar estrechamente vinculadas al narcotráfico, y Morales, en su calidad de secretario general del ignoto y novato partido político que lo llevó al poder, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), debió haber procedido respetando la legislación vigente. La situación legal del hijo y del hermano de Morales también es comprometida, aunque en sus casos sólo se trate de haber simulado compras desde el Estado a restaurantes que en realidad no proveían los alimentos que constaban en los contratos. La cifra por otra parte es irrisoria: tan sólo 36 mil dólares.

Impunidad a toda costa
En ese contexto y apenas regresado de Estados Unidos, en un breve video Morales procedió a comunicar oficialmente que declaraba non grato al jefe de la CICIG en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez. Significaba, entre otras cosas, que este último disponía de un breve plazo para abandonar el país. Para proceder en esos términos el presidente guatemalteco debió prescindir de su canciller, quien no estaba de acuerdo, nombrando en su lugar a la viceministra, Sandra Jovel (que es acusada de falsificación de documentos para proceder ilícitamente a la adopción de un bebé).
El procurador de Derechos Humanos impuso rápidamente un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y los magistrados de ésta, también con premura, advirtieron la “ilegalidad” en cuanto a la forma del decreto emitido por Morales, procediendo a la “suspensión definitiva” de la orden de expulsión del comisionado Velásquez. Morales, necesitado de apoyos, los encontró. En un twit, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a su compatriota de entrometerse en los asuntos internos de Guatemala. A nivel doméstico, las cámaras empresariales, los ganaderos y el ejército –fundamentalmente la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala– han secundado el accionar presidencial. Junto a ellos actuó el Congreso, que mediante un procedimiento legislativo de urgencia desoyó el pedido de la CICIG y “blindó” al presidente Morales para evitar que sea investigado. Pero eso no era todo: el pacto de impunidad que apuraban los diputados debía incluir también su propia salvación, ya que por lo menos 40 de ellos están siendo investigados por diversas causas criminales. En razón de esto, aprobaron leyes de “urgencia nacional” para evitar que los secretarios generales de los partidos fueran procesados. Como remate, la Cámara también trató y aprobó por 107 votos contra 13 otra moción para que las penas de prisión derivadas del financiamiento ilícito puedan evitarse mediante el pago de fianza, algo que los involucrados en ese tipo de delitos pueden fácilmente sufragar.
Inmediatamente, seis acciones de amparo llegaron a la Corte de Constitucionalidad, que entendió que las reformas al Código Penal no sólo significaban una intromisión de los diputados sino también que constituían una “seria amenaza” de “daños irreparables” al sistema de justicia. Por unanimidad, procedió entonces a suspender el trámite de refrendación de las medidas adoptadas por el Congreso.

Respuesta popular
Siguieron momentos de rabia e indignación que encontraron rápida y masiva expresión en una manifestación de más de 20 mil personas que espontáneamente rodearon el recinto parlamentario impidiendo que los diputados salieran del lugar. Fueron nueve horas de tensión que se disiparon una vez avanzada la noche y mediando la represión policial.
Pese a que varios representantes dijeron sentirse satisfechos con las leyes y denostaron a los manifestantes –eran “20 twiteros”, dijeron algunos–, el rigor popular y la acción de la Corte no habían sido en vano: hubo voces de arrepentimiento y pedidos de disculpas ante el proceder del colectivo, archivándose la reforma al Código Penal. De todas formas, desde entonces el clamor popular creció incesantemente, acicateado por otras revelaciones sobre hechos no menos impúdicos que los anteriores. Merecen destacarse tres de ellos. El primero, que el presidente Morales –el mejor pago de todos los gobernantes latinoamericanos– recibía de manera encubierta un sobresueldo de 7 mil dólares mensuales que le pagaba directamente el Ejército. Segundo, se publicaron audios comprometedores en los que el ministro de Finanzas –un asesor muy cercano al mandatario–, durante una reunión con diplomáticos y empresarios acaecida semanas antes de que estallara abiertamente el conflicto, manifestaba estar al tanto de un “pacto” entre cúpulas políticas para evitar los procesos judiciales. El ministro, según las grabaciones, sólo tenía un matiz de discrepancia con el presidente: no quería que las medidas de impunidad se aprobasen con prisa y “a lo pirata”. Tercero, el vicepresidente aseguró a inicios de setiembre que Guatemala estaba preparada para recibir a las decenas de miles de inmigrantes guatemaltecos que están siendo deportados desde Estados Unidos, y dio a entender que no comprendía las razones por las cuales se habían autoexiliado de su país: sobrevoló en su explicación el factor turístico.

En la ONU
El despropósito y la falta de tino en todas esas arriesgadas decisiones no sorprenden, al fin y al cabo el presidente proviene del mundo del espectáculo: saltó a la fama como comediante de televisión. El 19 de setiembre desplegó con notable habilidad sus dotes actorales en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Más allá de que el cónclave estaba prácticamente vacío cuando compareció, memorizó un estudiado guión de 17 minutos según el cual el gobierno guatemalteco “está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, con el cuidado de los “recursos naturales”, con la necesidad de “garantizar la seguridad alimentaria” y “elevar las condiciones de las personas más vulnerables”. Morales aseguró que –en un país donde la pobreza afecta a más de la mitad de la población y ha ido en aumento en la última década– “se está trabajando arduamente en la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica”.
Luego pasó al tráfico de drogas, que él se propone “acabar” de “una vez por todas”, y mostró similar convencimiento al destacar el “firme compromiso” de Guatemala con la Alianza para la Prosperidad que impulsa Estados Unidos para “fomentar la seguridad” en esa zona del mundo. No podía faltar, a renglón seguido, la “grave preocupación” por Venezuela: denunció la “ruptura del orden democrático”, la “violación de los derechos humanos”, la “falta de garantías” y “los continuos actos de violencia y persecución”.
Morales también aprovechó la ocasión para dejar sentada su opinión sobre sus problemas con la justicia de su país, y en particular con la CICIG. Apeló en este caso a la historia. Según su versión, el comisionado de la ONU actuaba en Guatemala por “nuestra iniciativa” y su instalación se debía a los Acuerdos de Paz de 1996, alcanzados tras un “conflicto interno” que, de acuerdo a la visión de quienes escribieron el libreto de Morales, encontraba sus raíces en una “polarización ideológica internacional” que a su vez era el “producto de doctrinas políticas ajenas a nosotros”. Más preocupantes que esta lectura en clave de Guerra Fría, fueron sus palabras finales. El mandatario envió un “mensaje de unidad”, porque “estamos viviendo un momento de polarización que no conviene, ni nos llevará a un lugar seguro”, advirtió. Lo que no “convenía” a Morales y a lo que se refería fue lo que sucedería al día siguiente en Guatemala. El centro capitalino fue pacíficamente desbordado por 250 mil almas, en una jornada de paro nacional para exigir la renuncia del presidente y la destitución de los diputados que le aseguraron su impunidad. Numerosas manifestaciones similares tuvieron lugar paralelamente en varios departamentos del país. En dicha repulsa convivieron una diversidad de fuerzas y movimientos sociales que incluyeron a comunidades indígenas, sectores medios capitalinos y a la asociación de estudiantes universitarios, apoyada oficialmente por el rector de la universidad pública.

Más allá de Jimmy
Los protagonistas visibles y ocultos de la situación que atraviesa el país de la “eterna primavera” deben colocarse en un contexto histórico más amplio. Desde esa perspectiva, poco importante es Morales, una figura meramente decorativa arribada al poder rápidamente tras el procesamiento del binomio presidencial anterior. En apariencia –se interpretó–, el actor podría evitar, con cierto carisma, la prolongación de las masivas manifestaciones populares de 2015 que presagiaban un desborde popular de mayores y más graves consecuencias. Sí interesa colocar sobre la mesa de análisis que los apoyos principales del mandatario provienen de quienes lo financiaron y construyeron como candidato: los militares contrainsurgentes guatemaltecos y las cámaras empresariales, secundadas por los canales privados de televisión.
Esta realidad está íntimamente relacionada al proceso de conformación de los estados centroamericanos, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fueron construidos y consolidados posteriormente de manera piramidal, sobre bases que suponían, como han escrito varios historiadores, “maximizar ganancias y socializar pérdidas”. Es que la dominación ejercida por las elites incluía una radical desigualdad y falta de solidaridad de su parte hacia el resto de la población. En Guatemala hubo un agravante particular: esas elites siempre fueron racistas, y como parte del andamiaje dejaron históricamente fuera del acceso a los recursos del Estado a la población indígena, que en el país es mayoritaria. Tradicionalmente los indígenas constituyeron la mejor y más económica mano de obra: su labor no era remunerada y una parte del año debían trabajar en las obras públicas so pena de ser considerados “vagos” por el Estado. Aquí entra en juego un factor que también forma parte de esos estados “débiles” para bregar por los derechos de las grandes mayorías, pero crudamente “fuertes” si de reprimir se trata: las fuerzas armadas. Como ha escrito el historiador costarricense Víctor Hugo Acuña, uno de los más lúcidos estudiosos de estos procesos, “los estados centroamericanos han prohijado y se han beneficiado del autoritarismo que permea toda la vida social”.
La impunidad que buscaba el organismo legislativo guatemalteco es la manifestación actual, pero siempre presente, de un poder estatal ajeno al padecimiento de una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada. Y en Guatemala hay sobradas razones para esto último. La maquinaria contrainsurgente guatemalteca, cuya intencionalidad estatal hoy resulta evidente al conocerse varios documentos oficiales, supuso una acentuada cultura de anticomunismo que ambientó los crímenes más masivos y horrendos de toda la Guerra Fría latinoamericana: fue allí donde se “inventó” la desaparición forzada masiva. Que el Congreso guatemalteco haya sido sitiado por una multitudinaria manifestación espontánea de sectores civiles representa por eso un divorcio histórico.

Rebeldía histórica
No todo ha sido tiranía en la tierra del quetzal: la rebeldía ha signado su historia. Los “motines de indios” que resistieron la conquista en el siglo XVI fueron intensos hasta el último tercio del siglo XIX, cuando los ejércitos fueron profesionalizados y aseguraron el “orden” desigual que se reseñó. Pero esa Guatemala tan sólo en apariencia distante posee un ejemplo revolucionario radical que marcó el devenir de la Guerra Fría y de las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Aquella breve pero intensa experiencia de diez años –de 1944 a 1954–, conocida como la “primavera democrática”, podría ser recuperada por las nuevas generaciones de guatemaltecos. En las administraciones de quienes fueron sus presidentes, Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, hay una referencia excepcional a imitar: en esos años los esfuerzos estatales no estuvieron dirigidos a reprimir salvajemente a la mayoría de sus habitantes. Todo lo contrario, fue una oportunidad única en la que el Estado jugó un rol decisivo para promover el cambio y bregar por la justicia social. Los gobernantes de ese entonces emplearon sistemáticamente las fuerzas del Estado para promover los grandes intereses de la nación, para reconocerle al guatemalteco su condición de ser humano y de trabajador objeto de derechos, incorporando la rica diversidad étnica del país. Guatemala vibraba entonces de fervor revolucionario, sus habitantes se sentían parte de un proyecto colectivo junto a dirigentes políticos que eran sus interlocutores.
El paro nacional del 20 de setiembre, el rol activo de la universidad, la recuperación de la asociación estudiantil y las sucesivas muestras de rechazo ciudadano a lo largo y ancho del país evidencian un hastío.
A nivel internacional la atención que ha recibido la situación actual en Guatemala ha sido limitada. En cuanto a la OEA, las permanentes consignas del secretario general han estado prácticamente ausentes con respecto a este país: fueron dos escuetos twits. Y aunque el recién llegado embajador estadounidense apoyó pública y personalmente al comisionado Velásquez, es pesada la herencia de Estados Unidos. Dos ejemplos: el involucramiento de médicos estadounidenses que probaron en guatemaltecos las reacciones que producían ciertas vacunas, y el golpe ejecutado por la CIA en 1954 para devolver las tierras expropiadas a la United Fruit, abortando la que fue su única experiencia democrática exitosa.
Urgentemente, Guatemala necesita la solidaridad latinoamericana. Aunque aparentemente lejana, quizás sea propicio recordar la breve misiva que Ernesto Guevara –quien forjó definitivamente su espíritu revolucionario en Guatemala– le escribió a sus hijos antes de partir a la que sería su última experiencia internacionalista: “sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.

Una construcción de nunca acabar…
Cindy López Samayoa
Para llegar a las comunidades de Santa Clara, Los encuentros Amachel o Centro Amachel -entre otras-, ubicadas al norte del municipio de Chajul, del departamento de Quiché, en Guatemala, hay que recorrer alrededor de 20 kilómetros desde la aldea Xaxmoxán, Chajul, por un camino de tierra, que más bien es una trocha que se encuentra en pésimas condiciones, lo que hace imposible transitarla en cualquier vehículo, por lo que se necesita uno de doble tracción, con un motor potente, incluso se deben usar cadenas en las llantas para poder avanzar por el lodo y las piedras del camino. Para andar esos 20 kilómetros se necesitan entre 4 y 5 horas.
Me consta, yo fui testigo del deplorable estado en que se encuentra esa carretera -aunque resulta irónico llamarla así-. Salimos de Xaxmoxán alrededor de las 4:00 de la tarde y llegamos a Santa Clara a las 9:00 de la noche. El vehículo en el que íbamos -uno de doble tracción- no pudo pasar, tuvimos que dejarlo parqueado en una de las casas cercanas y seguir el camino en el pick up que usualmente hace los traslados en el área. Viajamos en la parte trasera del vehículo -en la palangana-, debiendo bajarnos del mismo en varias ocasiones e ir a pie por lo peligrosos que resultaban algunos tramos del camino. La lluvia comenzó a caer e hizo el traslado aún más difícil. O quizás deba decir: nos permitió experimentar más a cabalidad lo que a los pobladores de estas comunidades les toca vivir para movilizarse.
Mi viaje a Santa Clara se enmarcó en un voluntariado para dar clases a los estudiantes del Instituto Nacional Básico por Telesecundaria -INEBT- y en una investigación académica. Es decir, yo sería una extraña de paso que, aunque tratara de insertarme en la cotidianidad de la comunidad -empezando por la vivencia en la carretera-, sabía que luego de algunos días regresaría a mi “normalidad”. Pero no quería quedarme en ser solamente una “extraña de paso”. Yo quiero contribuir al esfuerzo y la lucha que desde hace varios años estas comunidades llevan a cabo para exigirle al Estado el cumplimiento de sus derechos fundamentales, de los cuales la mayoría -por no decir todos- está desatendida o precariamente atendida.
Es por ello que a través de este escrito me uno a la denuncia que la semana pasada hicieran los representantes del órgano del Consejo Comunitario de la microrregión 6 del municipio de Chajul, Quiché a través de una conferencia de prensa en la que exigieron al Estado cumplir con una de sus responsabilidades: la construcción de la carretera que conecta entre los municipios de Ixcán y Chajul, del aquel departamento.
De acuerdo a los datos brindados en la conferencia de prensa, desde hace 13 años se está construyendo esta carretera y a la fecha aún no está finalizada, pero curiosamente, la misma sí se ha “inaugurado” en cuatro ocasiones, casi seguro previo al período de elecciones. Sí, así como se lee: una carretera no construida pero que ha sido inaugurada varias veces. Pareciera una historia de Macondo, de Les lutieres o de la Dimensión desconocida, pero no es así. Esto sucede hoy en día en Guatemala. Y esta “incoherencia” se vuelve más dramática aun cuando nos enteramos que el tipo de carretera que las comunidades están exigiendo es una carretera de tierra, balastrada, no de asfalto.
Al parecer no está claro el por qué este proyecto de carretera nunca se concluyó. Según los líderes comunitarios, la información que a duras penas les han proporcionado las instituciones estatales a las que se han abocado, es que a la empresa constructora no se le ha pagado el trabajo, pero el Gobierno ya se gastó los fondos -de nuevo remeda a Macondo-. Dicho sea de paso, un dato fundamental proporcionado en la conferencia de prensa y que no se puede dejar de mencionar, es que la empresa constructora pertenece a un diputado de dudosa reputación del Congreso de la República. Quizás esa sea la razón que lo explica todo.


Curiosamente el tramo de la carretera que está en buenas condiciones finaliza justo en la finca La Perla, en donde se ubica la hidroeléctrica Xacbal, la cual es una empresa privada. Esto me hace pensar en la coyuntura actual relacionada con el estado de las carreteras en el país -un problema histórico como muchos otros- y en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2017, recientemente realizado, con la temática: “infraestructura para el desarrollo”. ¿Desarrollo para quién? habría que especificar. Porque para citar uno de muchos ejemplos, esta hidroeléctrica privada no parece haber traído desarrollo a las comunidades del lugar, a pesar de ser la segunda más grande después de Chixoy (Reynolds, 2007)[1].
Estamos en un momento en que todos los ojos están puestos en la mala situación de las principales vías de comunicación por las que se transportan los productos de las grandes empresas, y en el que se escuchan propuestas como “privatizar la construcción, administración y mantenimiento de las carreteras”, los medios de comunicación se llenan de campos pagados manifestando la preocupación del sector empresarial porque el Estado no les mantiene las carreteras en óptimas condiciones e incluso indignados exigen la renuncia de funcionarios públicos. Como si el problema se tratara de personas, que dicho sea de paso muy funcionales les han sido en ocasiones, y no de un sistema puesto en marcha por esos mismos empresarios que no pagan impuestos, que continuamente están buscando la forma de evadirlos, que cada año entran en grandes discusiones por el aumento de apenas Q100.00 o Q200.00 en el salario mínimo -alrededor de USD30.00-, el cual es uno de los más bajos de América Latina y que finalmente no todos pagan, especialmente los cañeros, que son los que bastante uso hacen de las carreteras, pero que además sobreexplotan a los y las trabajadoras y se ingenian estrategias para no pagarles lo equivalente a lo trabajado, en otras palabras: les roban[2].
Lo que todo esto evidencia es la existencia de un Estado al servicio de la empresa privada, que solamente se ocupa de resolver y atender las necesidades de este sector que le “representa ganancias al país” -la reciente participación del Presidente de la República en el Encuentro empresarial lo confirma-, y desatiende a miles de guatemaltecas y guatemaltecos que “no le generan beneficios”. Pero ese desinterés no es casual, la desatención de las grandes masas de pobres, en especial de las poblaciones indígenas del área rural del país, tiene entre otros objetivos de trasfondo: generar mano de obra barata. Y en el caso que nos ocupa muy seguramente una suerte de venganza histórica, porque algunas de las comunidades que reclaman la construcción de la carretera son parte de las Comunidades de Población en Resistencia -CPR- de la Sierra, quienes durante los años más difíciles del Conflicto Armado Interno -CAI-, se refugiaron en las zonas montañosas cercanas a sus comunidades para sobrevivir a los ataques y la persecución de las que fueron víctimas por parte del Estado. Pero también para resistir, se organizaron para, en la medida que las condiciones se los permitían, atender de forma equitativa las necesidades de sus comunidades, llegando a alcanzar un modelo de desarrollo basado en la democracia de base (un verdadero germen de socialismo).
Así como fui testigo del pésimo estado de la carretera, uno de los principales obstáculos para el desarrollo, según lo manifiestan los pobladores del área, también fui testigo de la lucha y esfuerzos que estas comunidades realizan para mejorar su situación de precariedad, específicamente el caso de Santa Clara, la cual a pesar de encontrarse prácticamente incomunicada cuenta con el INEBT, al cual el Ministerio de Educación solamente ha asignado un profesor, quien no se presenta a sus labores como corresponde. Además tienen un hospitalillo atendido por un médico español que los visita de forma voluntaria cada seis meses, una clínica a cargo de un enfermero de la comunidad. Ante la falta de servicio de energía eléctrica y de agua potable, gestionaron paneles solares para el hospital y el laboratorio de computación del Instituto; y depósitos para la recolección de agua de lluvia.
A pesar de que la infraestructura antes descrita pueda parecer muy poca para hablar de un desarrollo humano digno e integral, es necesario reconocer que todo ello es un logro de Santa Clara, gestionado a partir de la organización comunitaria con apoyo de donaciones nacionales e internacionales. El Estado prácticamente no existe en Santa Clara y no cumple con su obligación de garantizarles a todos los y las guatemaltecas por igual el desarrollo integral de la persona, entre otras cosas, según lo mandata la Constitución Política de la República.
El Estado solamente se hizo presente en Santa Clara a través de su aparato represivo, el Ejército, cuando los reprimió, los persiguió y los mató, entonces sí fue eficiente para llevar a cabo sus objetivos, sí fue capaz de cumplir con sus “tareas”, no tuvo que recurrir a la privatización, como pareciera que quiere plantearse ahora como única solución al tema de la red de carreteras, y a muchos otros problemas histórico-estructurales no resueltos por el Estado. ¿Por qué ahora no es igual de eficiente para atender todas las necesidades de esa población? ¿En dónde está el alcalde o los diputados que los representan? ¿Cuántas veces al mes o al año se reúne con ellos para conocer sus necesidades, proponer soluciones y llevarlas a cabo? ¿Solamente una vez cada cuatro años, previo a las elecciones? En efecto, así es; y los pobladores de esta área lo tienen muy claro, saben que los políticos solamente se acercan a sus comunidades para la época de la campaña electoral, ofreciéndoles regalos a cambio de votos. La carretera en construcción de nunca acabar, es una prueba de ello.
Notas:
[1] Con una capacidad de 94 megavatios, la hidroeléctrica Xacbal en San Gaspar Chajul, Quiché, será la mayor hidroeléctrica que se construirá en los últimos 20 años, después de Chixoy. Sin embargo, los pobladores de las aldeas chajulenses cercanas a la hidroeléctrica, cuyo inicio de operaciones está previsto para 2010, señalan que el proyecto fue autorizado sin un proceso de consulta adecuado. […] el municipio de Chajul, donde se desarrolla la hidroeléctrica Xacbal, se caracteriza por sus condiciones de extrema pobreza. Una de los problemas que viven es la falta de luz eléctrica. Actualmente, la subestación eléctrica más cercana al área Ixil se encuentra en el municipio de Sacapulas, y debido a la distancia -unos 50 km de carretera-, el servicio es caro, de baja calidad y no llega más allá de la cabecera municipal, Chajul. Por lo tanto, la Mesa Regional Ixil, la cual aglutina a 36 organizaciones sociales de Nebaj, Chajul y Cotzal, […] considera una ironía que la electricidad producida por Hidro Xacbal sea para abastecer a la subestación La Esperanza, localizada en Quetzaltenango. Francisco Velasco Marroquín, de la Mesa Regional Ixil, dijo a Inforpress: «Se necesita ese servicio. Pero lo contradictorio es que se lo quieren llevar a otro lugar». El sacerdote Nicolás Gómez, de la aldea Chel, ha propuesto la creación de una subestación eléctrica en Chajul que pueda proporcionar un servicio de calidad y a un precio asequible para todo el área Ixil. Bajo esta propuesta, la electricidad sería distribuida por una cooperativa creada por la comunidad. Sin embargo, Hidro Xacbal ha rechazado la propuesta argumentando que esto representaría un costo demasiado elevado para la empresa. Ver: Reynolds, L. (2007). Construcción de hidroeléctrica Xacbal genera descontento en población Ixil. Recuperado de: http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/lr-028.htm
[2] Ver: Colussi, M. (2016). Entrevista a dos trabajadores cañeros revolucionarios en la Costa Sur de Guatemala: “Hay temor, pero debemos volver a trabajar para organizarnos”. Recuperado de:http://www.albedrio.org/htm/entrevistas/albedrio-045.html

La democracia en las calles
Sergio Ramírez
La multitud enarbola pancartas contra el presidente de la república, Jimmy Morales, y en una de ellas, donde figura su fotografía, han agregado un botón rojo a su nariz, recordando su pasado de comediante profesional de la televisión. Él tampoco parece olvidarlo, porque el año pasado, en la tarima donde presidía las celebraciones del día del ejército, se puso a marchar al son de la banda militar, a paso de tropa, frente a la mirada divertida del ministro de Defensa, general Williams Mansilla.
Otra vez la gente está en las calles y en las plazas de Guatemala en rebelión cívica, como cuando las protestas multitudinarias dieron al traste con el gobierno del general Otto Pérez Molina, obligado a renunciar junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en la cárcel acusados de corrupción.
Se avecinaban entonces las elecciones presidenciales y la escogencia de los electores vino a ser limitada. Por eso votaron por el comediante, que se proclamaba de manera altisonante ni corrupto ni ladrón, sólo para resultar al poco tiempo subido al mismo carrusel.
Su hermano Samuel y su hijo José Manuel fueron enjuiciados en enero de este año acusados de malversar fondos públicos: por medio de una empresa llamada Fulanos y Menganos SA, cobraron al Estado 564 desayunos que nunca se sirvieron, e igual número de canastas navideñas inexistentes. Armado siempre de sus extraños dotes histriónicos, el presidente compara su situación con la del general franquista José Moscardó, cuyo hijo fue tomado como rehén por las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil española, mientras él se hallaba sitiado en el Alcázar de Toledo.
Las cosas se le complicaron de verdad hace poco, cuando, en defensa de la soberanía nacional decidió declarar persona non grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, afamado por su rectitud, en represalia porque la comisión decidió investigar el financiamiento ilícito del partido de Morales durante la campaña presidencial de 2015.
La CICIG, que depende directamente del secretario general de las Naciones Unidas, y actúa de manera independiente según lo garantiza una ley de la república, tiene el impresionante récord de haber llevado más de una docena de casos judiciales, con el apoyo del Ministerio Público, en los que se han visto involucrados funcionarios gubernamentales de diversas categorías, empezando por presidentes de la república, y ha logrado someter a juicios por corrupción a unos 300 implicados, entre políticos, ministros, empresarios, diputados y alcaldes.
El panorama se ha oscurecido para el antiguo cómico. La gente salió a las calles en protesta por la orden de expulsión contra Velásquez. El canciller Carlos Raúl Morales se negó a despachar la notificación y renunció, junto con otros miembros del gabinete, y por fin, la Corte Constitucional anuló la medida mediante un amparo presentado por Justicia Ya, una organización juvenil defensora de los derechos civiles.
En una maniobra notable por su descaro, Morales logró mayoría en el Congreso Nacional para pasar de emergencia una reforma a la ley electoral que establecía como únicos responsables de casos de financiamiento ilícito ¡a los contadores de los partidos!, librando de antemano de toda culpa a los dirigentes y a los candidatos. Además, mediante otra reforma en paralelo al código penal, la condena, reducida a 10 años de cárcel, podía ser redimida con una multa.
La prisa de los legisladores no los llevó a ver que bajo esta medida de convertir la prisión en multa, resultaban beneficiados también los autores de más de 400 delitos tipificados, según declaró el Ministerio Público, entre ellos violadores de niños, traficantes de órganos, diversas variantes de homicidas, estafadores, y culpables de peculado y cohecho, quienes sólo tendrían que pagar 2 mil 400 dólares por cabeza para librarse de la cárcel. La impunidad repartida a manos llenas.
Ante la formidable presión ciudadana expresada en las calles y en las redes sociales y la protesta de organizaciones cívicas y gremios, los diputados se apresuraron a mostrarse arrepentidos. Se trataba de un error, anunciaron, que sería enmendado mediante una nueva ley. Nadie les creyó, y más bien la gente puso sitio al recinto legislativo exigiéndoles renunciar. La Corte Constitucional, sin darles tiempo a probar su arrepentimiento, anuló por unanimidad las dos reformas porque podían causar daños irreparables al sistema de justicia.
¿Faltaba algo más? La publicación electrónica Nómada descubrió que Morales recibía en secreto de parte del alto mando del ejército un bono extraordinario de responsabilidad y riesgo de 7 mil dólares mensuales, adicional a su salario de 20 mil dólares. El enardecimiento popular creció de temperatura. De inmediato, la Contraloría declaró ilegal el bono. Y el presidente, colocado ya al borde del abismo, anunció que devolvería todos los sobresueldos.
La moraleja fundamental de todos estos hechos donde se alternan el descaro, la corrupción, y la falta de respeto institucional, como si todo fuera un gran circo, es que desde las graderías la gente no se traga el espectáculo, y baja a la pista, indignada, a reclamar que se detenga la función.
La muchedumbre impidió las celebraciones oficiales de la independencia, llegando a asaltar la tarima presidencial antes del arribo de Morales. Y las protestas continuarán mientras la impunidad siga siendo defendida con trampas y artimañas, en burla de las leyes y la Constitución.
Otra buena noticia es que hay instituciones claves que rehúsan someterse. La Corte Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, son entidades vitales al funcionamiento democrático que no han sido doblegadas.
En un país tan asediado históricamente por la violencia y la descomposición como Guatemala, la rebeldía ciudadana viene a representar un activo valioso y esperanzador, del que depende el futuro institucional del país. Una intolerancia saludable que ya ha demostrado en el pasado que es capaz de atajar la rapiña y los desmanes, y puede sentar a los presidentes en el banquillo de los acusados.
La democracia, otra vez está en las calles.
La Jornada. 18 de octubre 2017

Roberto García
Doctor en historia. Profesor de la Udelar (Universidad de la República). Coeditor junto a Arturo Taracena de la Guerra Fría y el anticomunismo en Centroamérica (Flacso, 2017)
Cindy López Samayoa
Escritora, Estudió en Universidad de San Carlos de Guatemala.

Sergio Ramírez
Escritor y político. Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1986 y 1990, durante el gobierno de la revolución Sandinista. Sus novelas y cuentos le han hecho ganar numerosos premios internacionales, como el Alfaguara (1980), el Casa de las Américas (2000) o el Carlos Fuentes (2014).

Fuentes:
http://brecha.com.uy/, 13 de octubre 2017 y La Jornada, 18 de octubre 2017

El mito del “empoderamiento” de la mujer.

Por RAFIA ZAKARIA, 10 de octubre de 2017

Con solo 100 dólares puedes empoderar a una mujer en India. Esta módica cantidad, según el sitio web de la organización India Partners, le proporcionará a una mujer una máquina de coser de su propiedad, lo cual le permitirá dar el primer paso en su camino al empoderamiento.
O puedes enviarle un pollo. La cría de aves, según Melinda Gates, empodera a las mujeres en países en vías de desarrollo al permitirles “manifestar su dignidad y tomar el control”.
Si los pollos no son tu herramienta preferida de empoderamiento, Heifer International sí lo será, pues por 390 dólares le entregará una canasta empresarial a una mujer en África. La canasta incluye conejos, peces jóvenes y gusanos de seda.
La hipótesis que subyace tras estas donaciones es la misma: el empoderamiento femenino es un tema de índole económica que puede separarse de la política. Así pues, es posible que un benévolo donador de Occidente que ofrezca máquinas de coser o pollos resuelva el problema y libere, así, a las mujeres de India (o de Kenia, Mozambique o de cualquier lugar del Sur Global) de una vida de aspiraciones sin poder.
El empoderamiento no siempre fue sinónimo de paquetes de empresario emergente. Tal como Nimmi Gowrinathan, Kate Cronin-Furman y yo escribimos en un artículo reciente, las feministas del Sur Global comenzaron a incluir el término en el repertorio léxico del desarrollo a mediados de la década de los ochenta. Aquellas mujeres comprendían el “empoderamiento” como la tarea de “transformar la subordinación de género” y eliminar “otras estructuras opresoras”, así como la “movilización política” colectiva. Lograron parte de sus objetivos cuando la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995, adoptó “una agenda para el empoderamiento de la mujer”.
No obstante, a veintidós años de esa conferencia, el “empoderamiento” se ha convertido en una palabra de moda entre los profesionales del desarrollo en Occidente pero se eliminó su aspecto más relevante: el de la “movilización política”. En su lugar queda una definición limitada y contrita expresada a través de la programación técnica que busca mejorar la educación o la salud, sin hacerle mucho caso a los problemas de equidad de género más profundos. Este “empoderamiento” despolitizado es positivo para todos, menos para las mujeres a las que supuestamente debe ayudar.
Al entregar pollos o máquinas de coser, las feministas de Occidente y las organizaciones para el desarrollo pueden identificar a las mujeres no occidentales que han “empoderado”. Pueden exponer a las depositarias de sus esfuerzos en conferencias y presentarlas en sitios de internet. Los profesionales del desarrollo pueden apuntar a las sesiones de capacitación, los talleres y las hojas de cálculo llenas de “productos finales” a modo de evidencia de otro proyecto exitoso de empoderamiento.
En este sistema no caben las complejidades de las depositarias. Las mujeres no occidentales son reducidas a sujetos mudos y pasivos a la espera de su rescate.
Veamos, por ejemplo, los proyectos de avicultura de la Fundación Gates. Bill Gates insiste en que, dado que los pollos son animales pequeños que pueden criarse cerca de casa, son muy apropiados para “empoderar” a la mujer. Pero los investigadores no tienen datos de que la entrega de pollos genere ganancias económicas a largo plazo, y mucho menos de que propicie la emancipación o la equidad para la mitad de la población.
Para mantener el flujo del dinero, la industria del desarrollo ha aprendido a crear medidas que indican mejoras y éxitos. Las estadísticas de USAID en Afganistán, por ejemplo, se concentran en la cantidad de niñas “inscritas” en escuelas, aunque su asistencia sea escasa o no siempre se gradúen. Los grupos que promueven la avicultura miden el impacto de los pollos a corto plazo y el aumento transitorio del ingreso familiar, en lugar de tener en cuenta los cambios sustanciales en la vida de las mujeres a largo plazo.
En esos casos, hay una tendencia a evadir la realidad de que, sin un cambio político, es imposible eliminar las estructuras que discriminan a la mujer y de que cualquier avance que se logre será insostenible. Los números nunca mienten, pero sí omiten.
En ocasiones, las organizaciones para el desarrollo vuelven invisible a la mujer con el fin de cumplir con sus discursos. Un trabajador que se encontraba con un grupo que lucha contra del tráfico de personas en Camboya le contó a una de mis colaboradoras sobre el video que una organización occidental realizó para recaudar fondos. Cuando se preparó a una mujer para el video, la rechazaron porque su imagen no correspondía con la de la sobreviviente desamparada que esperaban ver los donadores.
Cuando las mujeres no occidentales ya tienen identidades políticas sólidas, a veces se busca eliminar esa identidad, aunque eso signifique devolverlas a los roles de los que el empoderamiento debía rescatarlas. En Sri Lanka, una exmilitar del grupo Tigres de Liberación de la Patria Tamil le comentó a una colega mía que a muchas excombatientes les habían ofrecido clases de repostería, estilismo y costura. Una funcionaria del gobierno confesó que, a pesar de los años de programas de capacitación, ella jamás había visto que ninguna de esas mujeres viviera de ejercer esos oficios.
Es tiempo de cambiar el discurso del “empoderamiento”. Los programas de las organizaciones para el desarrollo deben evaluarse con base en su capacidad de permitir a las mujeres aumentar su potencial para la movilización política, de modo que puedan generar una equidad de género sostenible.
En el escenario global, un retorno a este modelo original de empoderamiento requiere que se deje de reducir a la mujer no occidental a su condición de víctima: la sobreviviente de una violación, la viuda de guerra, la niña novia. Debemos acabar con la idea de que las metas y las agendas del desarrollo deben ser apolíticas.
El concepto de empoderamiento de la mujer necesita un rescate inmediato y urgente de las garras de quienes buscan ser los salvadores de la industria para el desarrollo. En el núcleo del empoderamiento de la mujer yace la exigencia de una hermandad global sólida, en la que ninguna mujer sea relegada a la pasividad y al silencio, ni a que sus opciones se limiten a tener una máquina de coser o un pollo.

Rafia Zakaria es columnista de Dawn y autora de “The Upstairs Wife: An Intimate History of Pakistan”.

Visto en The New York Times

Guatemala y El Salvador asestan el golpe definitivo a los matrimonios infantiles

ASIER VERA SANTAMARÍA. Ciudad de Guatemala, a 29 de Agosto de 2017.

Como si se hubiesen puesto de acuerdo, Guatemala y El Salvador se sumaron la semana pasada a otros países de Centroamérica, como Honduras, Panamá y Costa Rica a la hora de prohibir los matrimonios infantiles que aún estaban vigentes en sus respectivas legislaciones. Todo ello para poner fin a una práctica que condenaba cada año a miles de niñas a contraer matrimonio con los violadores que las habían dejado embarazadas y que llegaban a triplicar su edad.

“No hay oportunidades para nosotras. No hay trabajo, ni estudio, ni apoyo psicológico cuando a uno le pasan estas cosas”, asegura una joven de Guatemala que se casó con 15 años. “Yo digo que antes de casarse hay que pensarlo bien. No todo es color de rosa. Una nunca sabe a lo que va. Yo casi no pregunté nada porque tenía miedo”, afirma una mujer de la etnia indígena Q’eqchí que contrajo matrimonio a los 17 años.

Estos testimonios, recogidos en el informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado Me cambió la vida: uniones tempranas, embarazos y vulneración de derechos en las adolescentes, pueden ser los últimos en Guatemala de mujeres que se casaron siendo menores de edad. Sobre esta realidad de la que apenas se habla en el país centroamericano puso la lupa el director guatemalteco Jayro Bustamante en su película Ixcanul, que cuenta la historia de una joven maya de 17 años cuyos padres la obligan a casarse con el dueño de la finca cafetalera en la que trabajan.

El fin de estas prácticas será posible gracias a la decisión del Congreso de este país centroamericano de abolir de manera definitiva el matrimonio infantil tras dar el visto bueno a un decreto, que sustituye a uno anterior aprobado en noviembre de 2015, que si bien aumentaba de 14 a 18 años la edad mínima de las niñas para poder casarse, un juez podía autorizar el matrimonio de menores si habían cumplido los 16.

Ello provocó que niñas que habían sido violadas y embarazadas fueran obligadas a casarse con su agresor, tal como señala a El Mundo Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), quien cita un caso de una menor de 16 años que se casó con un hombre de 59 tras ser autorizado por un juez, dado que ella había quedado embarazada. “El juez argumenta que la niña está en cinta y que, por tanto, el bebé tiene derecho a tener un papá, de forma que no se piensa en el derecho de la menor, sino de quien está por nacer”, denuncia.

Según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP), desde noviembre de 2015 hasta el pasado 3 de agosto, se han inscrito 2.221 matrimonios de adolescentes de entre 16 y 17 años y de ellos, solo 527 correspondieron a adolescentes hombres. Mientras, se registraron 1.115 casos de matrimonios de niñas, de entre 13 y 15 años, por debajo de lo que permitía la normativa derogada, frente a los 13 protagonizados por niños de esa franja de edad.

Los padres ya no tendrán la última palabra

Situaciones como ésta son las que se trata de evitar no sólo en Guatemala, sino también en El Salvador, cuya Asamblea Legislativa aprobó el mismo día que su país vecino poner veto definitivo al matrimonio infantil, después de que los diputados eliminaran un artículo del Código de Familia, que permitía a las menores de entre 12 y 17 años casarse si estaban embarazadas o tenían hijos en común, siempre que contaran con el consentimiento de sus padres o tutores. Ello se traducía en condenar a un gran número de niñas a casarse con sus violadores quienes de esta manera evitaban su ingreso en prisión, pese a que cualquier relación sexual con una menor de 15 años es considerada violación.

Así, en este país, 22.361 menores de esa edad viven con un adulto ya sea como matrimonio o relación no matrimonial, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016. Mientras, Unicef señala que dos de cada diez mujeres que tienen entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir la mayoría de edad, lo que representa, a juicio de esta organización, un grupo “extremadamente vulnerable”, dado que los matrimonios se traducen en que las jóvenes se convierten muy pronto en madres lo que las obliga a dejar los estudios.

Sólo en Guatemala, según datos del OSAR, se han contabilizado 36.000 embarazos en menores de 17 años entre enero y junio de este año. Asimismo, el pasado año se inscribieron en el padrón cerca de 80.000 nacimientos de madre adolescente y, de ellos, 2.500 correspondían a hijos de niñas de entre 10 y 14 años teniendo en cuenta que solo está permitido el aborto terapéutico que se aplica en caso de que la vida de la madre corra peligro. Además, una de las asignaturas pendientes en este país es elevar la edad mínima para mantener relaciones sexuales, ya que en la actualidad se sitúa en los 14 años.

Guatemala y El Salvador no son una excepción en el mundo, tal como constata Unicef, que cifra en 700 millones las niñas que han contraído en el mundo matrimonio antes de cumplir los 18 años, de las cuales 250 millones se casaron antes de cumplir los 15. Avisa que “si no hay progresos”, para 2030 casi 950 millones de mujeres se habrán casado siendo niñas.

En América Latina, el 24% de las mujeres que actualmente tiene entre 20 y 24 años contrajo nupcias antes de alcanzar la mayoría de edad, si bien en Centroamérica se ha empezado a hacer esfuerzos para evitar esta realidad tras la presión ejercida por las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres y los fondos para la Infancia (Unicef) y la Población (Unfpa).

En Guatemala, el cambio más importante se produjo en 2009 cuando se modificó el Código Penal que indultaba a los violadores que se casaran con sus víctimas con independencia de la edad que ellas tuvieran. Se consideraba que con el matrimonio se salvaguardaba el “honor” de la familia de la niña, tal como recuerda la subsecretaria de la Mujer del Ministerio Público, Luisa Leiva, quien revela que solo en los seis primeros meses de este año se presentaron ante la Fiscalía un total de 3.681 denuncias por delitos sexuales contra menores.

Matrimonio infantil en centroamérica

El primer país centroamericano en aprobar una ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años fue Panamá en abril de 2015, cuyo Parlamento modificó el Código de Familia que hasta entonces permitía casarse a las niñas de 14 años y a los varones de 16, siempre y cuando contaran con el aval de sus padres. Con ello se buscaba reducir las cifras de bodas infantiles, que afectaba al 26 por ciento de las niñas menores de edad. Sin embargo, ello no ha frenado la elevada cantidad de embarazos en niñas de entre 10 y 19 años, que se situó en 5.782 casos entre enero y julio, según el Ministerio de Salud.

El siguiente país en legislar fue Costa Rica, que en enero de este año elevó a 18 años la edad mínima permitida para casarse teniendo en cuenta que hasta entonces, las personas menores de 15 años podían contraer matrimonio con el permiso de sus padres, lo que se traducía en que una de cada cinco menores ya estaba casada cuando alcanzaba la mayoría de edad.

A continuación, Honduras se sumó a estas restricciones después de que el Congreso aprobara el pasado 12 de julio un Decreto que restringe los matrimonios a quienes alcancen la mayoría de edad que en este país se sitúa en los 21 años. Hasta entonces, el Código de Familia permitía que los chicos se pudieran casar con 18 años y las niñas a los 16 años con el consentimiento de sus familias o en caso de que estuviera embarazada. De acuerdo a un informe del Fondo de la Población de las Naciones Unidas publicado en 2012, en Honduras una de cada cuatro adolescentes de entre 14 y 19 años ha estado embarazada al menos una vez. Mientras, cuenta con la segunda tasa más alta en Centroamérica de matrimonios precoces, con un 34% en niñas menores de 18, según Unicef. Solo es superada por Nicaragua, con un 41% de mujeres que se han casado antes de alcanzar la mayoría de edad en un país donde sí que está permitido a partir de los 16 años siempre y cuando haya consentimiento de sus progenitores.

Visto en EL MUNDO